La «aliada»

El primero de mayo del 2000, cuando Sobisch consagró en su discurso legislativo a Repsol YPF como «una aliada estratégica del gobierno de la provincia», la firma española de petróleo sin petróleo que por obra y gracia de la más inexplicable de las privatizaciones del menemismo se quedó con la -ahora se ve- muy rentable petrolera estatal argentina, acaso no haya estado del todo cómoda con el honor que se le confería.

Después de todo, una empresa privada no tiene otro propósito que no sea el lucro y difícilmente podría sentirse cómoda en el papel de socio de un Estado, que por definición tiene objetivos, obligaciones y responsabilidades disímiles y aun opuestos a los de una compañía de petróleo y gas.

Si calló entonces, acaso haya sido porque el sayo no le venía del todo mal en una instancia en la que se jugaba la principal perla de la corona: la renovación anticipada de la concesión del yacimiento de gas más grande de la Argentina.

Pero, hoy por hoy, a la luz de las dificultades, aunque limitadas, que enfrenta la empresa con sus tercos vecinos de Loma de la Lata y con los estatales opositores al gobierno, habría que ver si le resbala tanto como ayer el mote sacado de la manga por Sobisch para cubrir sus necesidades políticas.

Lo que resulta inocultable a esta altura es que esa política, consentida o inspirada por la empresa, no ha sido del todo inocua para la sociedad neuquina y tampoco, al cabo, para la propia petrolera.

Esta semana hubo nuevas escaramuzas entre Repsol YPF y sus vecinos mapuches. La empresa hizo trascender su cansancio por el continuo hostigamiento de los indígenas y dejó entrever que esa circunstancia podría afectar su producción y sus inversiones. Al día siguiente el gobierno, destinatario del mensaje, tomó el toro por las astas y consintió la represión policial. Algo a lo que no es muy afecto porque contradice su predicada voluntad de «paz social».

Al día siguiente los estatales sumaron sus reproches a los de los mapuches, y unos y otros marcharon juntos ante la sede de Repsol, tapizaron con leyendas sus paredes y llenaron el aire de discursos inflamados contra la firma y su «aliado», el gobierno provincial.

En realidad, el hecho se ha vuelto un lugar común, desde que el año pasado maestros y empleados públicos descargaron sus iras contra las oficinas de Repsol, en ocasión de la muerte de Silvia Roggetti, la infortunada profesora de educación física fallecida a raíz de un accidente en una escuela.

Aunque para algunos la petrolera hizo un negocio demasiado bueno con Loma de la Lata, aprovechando los flancos que le ofrecían un gobierno provincial urgido políticamente y un gobierno nacional urgido económicamente, para otros el único «crimen» de Repsol es ser rica y exitosa en un contexto de deterioro social que hace propicio el reproche fácil.

También esta semana, se conoció el informe sobre el impacto ambiental en Loma de la Lata encargado por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ, que viven en la zona.

El informe, encomendado a la filial local de una firma alemana, da cuenta de un importante grado de contaminación, lo que vendría a confirmar las denuncias previas realizadas por los mapuches; organizaciones defensoras de los derechos humanos y la Defensoría del Menor de Neuquén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA.

Un informe no menos ponderado, encargado por Repsol YPF a la Fundación Fiel, relativiza mucho la contaminación sobre las personas, así como el impacto económico sobre las tierras y el ganado de ambas comunidades.

Aunque el tema de las consultoras a veces recuerda la anécdota de Roberto Arlt -cuando le reclamaron que escribiera una nota sobre Cristo, se limitó a preguntar: «¿A favor o en contra?»- habrá que admitir que el conflicto existe y que la Justicia está obligada a darle respuesta para que en definitiva, como ha observado el gerente local de la petrolera, Roberto Domínguez, haya convivencia entre Repsol y sus vecinos.

Lo que no se puede obviar, tampoco en este conflicto, es que se ve teñido por la enunciada y muy predicada asociación entre Repsol y el gobierno de la provincia. Para bien o para mal, la empresa ha tomado parte en una serie de acciones que la ligan al gobierno. Sus directivos se han confundido con los funcionarios y con el propio Sobisch en cuestiones muy ponderables pero alejadas de su cometido, como el socorro financiero a los emprendimientos de Cutral Co; las becas que el gobierno reparte aquí y allá o el compromiso de conseguir financiamiento a baja tasa para las deudas de la provincia.

Podría haber optado por un perfil bien diferente, alejado de los guiños demagógicos que practica a destajo el Movimiento Popular Neuquino. Pero no lo hizo, y ahora es difícil precisar en qué medida se ha visto beneficiada o está pagando las ingratas consecuencias.