La alta volatilidad del gas boliviano

La Paz, febrero 24, 2004. “La insurrección popular de octubre que dejó un saldo de más de 70 muertos, 400 heridos de bala, un presidente derrocado y un país al borde del colapso no ha opacado el entusiasmo de la petrolera Repsol YPF, que insiste en llevar gas boliviano a México y los Estados Unidos”. “Según consignan las agencias internacionales de noticias, el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, informó que este consorcio petrolero planea construir en México una planta de regasificación de gas natural licuado que sería abastecida con hidrocarburos traídos de Bolivia”. Así comenzaba la nota de “Econoticias” de Bolivia. El proyecto de Pacific LNG, consorcio conformado en junio del 2001 por las empresas British Gas (BG), British Petroleum (BP) y Repsol/YPF, consiste en la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas hasta los mercados de Estados Unidos durante 20 años. El transporte del gas se haría por un gasoducto desde los campos de Tarija, Bolivia, hasta el puerto chileno de Patillos en el Pacífico, donde se instalaría una planta para licuificar el gas. El gas ya convertido en líquido sería transportado en barcos metaneros hasta un puerto de México donde se lo regasificará para luego ser transportado por la distribuidora norteamericana Sempra a través de ductos hasta California, en Estados Unidos. El proyecto, en su conjunto, demandaría una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio. La generalizada percepción ciudadana sobre los escasos beneficios que reportaría este negocio para Bolivia y la elección de un puerto chileno como vía de salida (en Bolivia hay un arraigado sentimiento antichileno, resultado de la guerra del Pacífico de 1879 y de la pérdida del Litoral marítimo) generó una violenta reacción popular que terminó en la caída del presidente Sánchez de Losada. En los últimos cinco años Bolivia ha expandido sus reservas de gas, las cuales llegan en la actualidad a 52 trillones de pies cúbicos, el doble de las reservas argentinas. De su producción el 82% es destinado a exportación y sólo 17% al consumo interno. El consumo interno de 2,8 Mm3/día se destina en un 60% a generación eléctrica, 38% a industria y sólo un 2% a residencial y comercial. En los ’90 Bolivia privatizó YPFB y se produjo el ingreso de las empresas extranjeras Petrobras, Total, Maxus y Repsol, que en conjunto tienen la propiedad y el derecho de explotación sobre el 80% de las reservas. El pueblo boliviano, compuesto en más de un 70% por etnias originarias, la mayoría sumidas en la pobreza, ve en los proyectos de llevarse sus riquezas de gas la repetición de la expoliación que sufrió hace 300 años con el oro y la plata. Los campos de gas se encuentran en el sur, en especial en Tarija, una zona rica muy pegada históricamente a la Argentina y cuyos sectores dirigentes albergan ciertas ansias secesionistas. Luego de un plebiscito convocado por el gobierno sobre qué hacer con los hidrocarburos, el Congreso Boliviano (dominado por el MAS) está debatiendo en estos días una nueva ley de Hidrocarburos, cuya sanción en general no es lo que esperaban el presidente Mesa, el embajador de EE. UU. y las empresas petroleras. “Los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz, apoyados por el de Beni, determinaron un paro cívico, a ejecutarse antes de los próximos 10 días, en rechazo de la ley de Hidrocarburos aprobada en grande por la Cámara de Diputados y pidiendo un referéndum para las autonomías departamentales”. “Esta idea fue compartida por el federalista e independentista Carlos Valverde Barbery, quien señaló que Santa Cruz debería buscar su propia independencia pero, ante la falta de condiciones, al menos debe buscar una autonomía absoluta, donde la región decida cuánto de recursos serán transferidos al gobierno central”. Para el Movimiento al Socialismo (MAS), “los empresarios bolivianos, comités cívicos, principalmente de Santa Cruz y de Tarija, y especies parecidas” son la “punta de lanza” de la ofensiva de las empresas transnacionales del petróleo contra el pueblo boliviano, afirmó el jefe de la bancada de ese partido Antonio Peredo. Dos días antes del último viaje del presidente Kirchner el pleno de la Cámara de Diputados prohibió mediante una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo la venta de más volúmenes de gas al mercado argentino. El 15 de julio pasado la exportación de gas natural boliviano a la Argentina estuvo interrumpida por unas horas, luego de que un grupo de campesinos tomara la decisión de cerrar una válvula de un gasoducto a la altura del pueblo de Santa Rosa del Sara, a 150 km de la ciudad de Santa Cruz, en el este boliviano. Los pobladores, que demandan la construcción de un puente y el pavimento de un camino vecinal, desistieron de continuar con la medida tras alcanzar un principio de acuerdo con el gobierno boliviano, aunque no descartaron emprender una nueva ofensiva contra intereses petroleros si el presidente Carlos Mesa no los recibe y satisface sus reclamos. La venta de gas a Argentina fue, además, “autorizada” por el líder cocalero, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), siempre que se realice bajo las condiciones de “emergencia” de la Argentina, que haya una limitación temporal (no más de 6 meses), que el combustible no sea reexportable a Chile y, fundamentalmente, que sea una operación que realice la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, más a la izquierda de Morales aparecieron rechazos al acuerdo con la Argentina y con cualquier país. Así se pronunciaron el dirigente campesino Felipe Quispe y el sindicalista Jaime Solares. Para Quispe, la situación no sería negociable si es que la Argentina continuaría exportando algo de gas a Chile, aunque no sea puntualmente el boliviano. Según el dirigente, sólo si el gobierno de Kirchner decide suspender sus envíos a Chile la operación de venta hacia la Argentina sería aceptable. Ni siquiera la gestión de Luis D’Elía, para que Quispe cambiara de opinión, dio resultado. La empresa Techint, única fabricante de caños sin costura para gasoductos y oleoductos de Latinoamérica, es además fuerte consumidora de gas en su planta de Campana. Inicialmente planificó un gasoducto desde Bolivia a Campana para abastecer su consumo, pero luego este proyecto se transformó en un gasoducto troncal para abastecer el Noroeste Argentino y exportar al Brasil. Presentado como iniciativa privada al gobierno nacional, luego de algunas dudas el gobierno decidió llamar a licitación pública. El proyecto prevé un ducto de transporte inicial de 10 Mm3/día hasta llegar a los 30 Mm3/día. Techint se asociaría con Repsol y Petrobras, de cuyos yacimientos saldría el gas boliviano. Todavía no está definido a qué precio compraremos a Bolivia, pero los asesores del MAS en el Congreso hablan de al menos el 50% del valor Henry Hub, es decir, hoy unos 4 dólares por MBTU. La pregunta obligada es: ¿por qué razón vamos a convertirnos en importadores de gas boliviano a precios superiores al interno, y con semejante volatilidad política, si todavía tenemos grandes reservas en la provincia del Neuquén que a Repsol no le interesa desarrollar?

(*) Ex diputado provincial del Neuquén