La amenaza inflacionaria

A mediados del siglo pasado, la Argentina se transformó en un país estructuralmente inflacionario. Desde entonces, todos los gobiernos nacionales, tanto militares como civiles, liberales como populistas, se han sentido obligados no sólo a fingir creer que contaban con más recursos financieros de los que realmente existían sino también a actuar como si fuera así. Si bien el gobierno del presidente Carlos Menem logró frenar en seco la inflación con el plan de convertibilidad, no pudo extirpar de raíz el fenómeno, ya que él también imaginaba que la Argentina era lo bastante rica como para permitirse muchos lujos. Traumatizada por lo que sucedió cuando la convertibilidad se quebró, la mayoría llegó a la conclusión de que la disciplina fiscal necesaria para convivir con una moneda estable era tan perversa que sería mejor no sufrirla nunca más. Como pudo preverse, liberada nuevamente, luego de un período de tranquilidad que fue posibilitado por el ajuste feroz instrumentado por el gobierno del presidente Eduardo Duhalde, la inflación regresó a lo que, según parece, es su hábitat natural. El presidente Mauricio Macri no parece dispuesto a romper la tradición lamentable que tanto ha contribuido a la depauperación del país. Aunque es de suponer que los economistas más o menos ortodoxos que ocupan los cargos más importantes en su gobierno entienden muy bien que hay límites a lo que el Estado puede repartir, también saben que, por razones políticas y sociales, no podrán dejar sin dinero a los gobernadores e intendentes que están pidiendo miles de millones de pesos para cubrir los gastos corrientes. Los macristas esperan cuadrar el círculo con la ayuda de un tsunami de inversiones y créditos blandos procedentes del exterior. Hay señales de que podría tratarse de algo más que una ilusión, pero sorprendería que el dinero comenzara a llegar en cantidades suficientes a tiempo para ahorrarles la necesidad de aplicar una serie de ajustes dolorosos, como el supuesto por el tarifazo energético que acaba de anunciarse. En los meses últimos, el costo de vida ha aumentado a un ritmo alarmante debido a la voluntad del gobierno kirchnerista saliente de complicarle la vida a su sucesor y a la incertidumbre provocada por la sensación de que el país estaba por experimentar algunos cambios radicales. Aunque parecería que ha sido cuestión de una fase pasajera y que, al comenzar a caer el consumo, los comerciantes se han dado cuenta de que no les convendría seguir aumentando los precios, no hay duda de que el destino de la gestión de Macri dependerá en buena medida de las vicisitudes de la lucha contra la inflación. A diferencia del gobierno kirchnerista, que se las ingenió para sacar provecho de las dificultades económicas del país y, para colmo, era cortoplacista por principio, el macrista no podrá pasar por alto los problemas ocasionados por la inflación. La mayoría lo cree capaz de garantizar cierta estabilidad y por lo tanto no tiene más alternativa que la de intentar manejar la economía con el rigor exigido por las circunstancias que, desde luego, distan de ser favorables. Como tantos otros gobiernos anteriores, el actual se aferra a la idea de que la mejor forma, acaso la única viable, de derrotar la inflación consiste en estimular el crecimiento, agrandando la oferta para que, por fin, supere la demanda. Es una teoría muy atractiva, pero a juzgar por los resultados conseguidos por tantos gobiernos anteriores la estrategia desarrollista es de por sí inflacionaria; para costear los estímulos, suele ser preciso emitir cada vez más dinero. Aunque en algunos países, entre ellos Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea, la “facilitación cuantitativa”, para emplear el eufemismo de moda, no ha tenido hasta ahora el impacto inflacionario que temían los ortodoxos, ha sido porque, gracias a la importación masiva de bienes relativamente baratos fabricados en Asia oriental, el costo de vida se ha mantenido estable. Se trata de una opción negada a la Argentina porque las consecuencias para la industria nacional serían desastrosas. Si bien el gobierno macrista ya ha advertido a los empresarios locales que, a menos que moderen los aumentos de precios, podría dejar entrar más importaciones, no querrá correr el riesgo que le supondría el hundimiento de sectores enteros y la pérdida de empleos resultante.