La CIDH pidió que se protejan los derechos de la comunidad Buenuleo
El organismo dependiente de la OEA hizo el reclamo al gobierno argentino. Los mapuches que reivindican un lote en Bariloche fueron agredidos varias veces.
La lof mapuche Buenuleo se instaló en un predio al pie del cerro Ventana en septiembre de 2019. Archivo
La comunidad Buenuleo recibió el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclamó a la Argentina la adopción de medidas para evitar amenazas y nuevos hechos de violencia contra sus miembros, quienes mantienen una reivindicación territorial sobre el faldeo del cerro Ventana.
Mediante una medida cautelar, la CIDH exhortó al gobierno nacional a “proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad”, que fueron atacados brutalmente hace algunas semanas por otras personas que se presentan como propietarios de la misma tierra.
La resolución pide también que las medidas de prevención sean acordadas con los propios beneficiarios y que se informe a la Comisión Interamericana sobre “las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos” que motivaron la denuncia. Es decir, la causa por lesiones, daño agravado y violación de domicilio, tramitada hoy por la Justicia provincial.
La CIDH es un órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, cuyo actual presidente es el jurista mexicano Joel Hernández García.
Intervino en el conflicto del cerro Ventana a instancias de los abogados de la comunidad y tras analizar las pruebas recibidas encontró que “prima facie las personas propuestas como beneficiarias (los Buenuleo) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
En su pronunciamiento, emitido el viernes, la Comisión dio cuenta de que la comunidad agrupa a unas 60 personas, que “reclaman territorio tradicionalmente ocupado en el lote pastoril 127 de la Colonia Nahuel Huapi” y que fueron objeto de amenazas y hostigamiento de particulares “fuertemente armados”, que intentaron desalojarlos por la fuerza.
La presentación data de octubre pasado, cuando ya habían ocurrido los primeros hechos de violencia, pero no los más graves, que se produjeron el 29 de abril, en plena cuarentena y que generaron una nueva causa judicial.
De todos modos, el escrito de la CIDH los citó a todos en una puntillosa cronología, y advirtió además que hubo solicitudes de protección por parte del Estado, mediante custodia policial, y que “no se habría obtenido respuesta idónea y efectiva”.
Agregó que con ante los hechos denunciados “el requisito de gravedad se encuentra cumplido” y anotó, como la comunidad Buenuleo denunció más de una vez, que la guardia policial se habría relajado durante la cuarentena por Covid-19.
Aunque no se pronuncia expresamente sobre el litigio territorial, el organismo internacional recordó que “históricamente los pueblos indígenas y tribales han sido sujetos a condiciones de marginación y discriminación”.
La medida cautelar fue comunicada al gobierno argentino, con ingreso por Cancillería, que tendrá 20 días corridos para informar sobre las acciones dispuestas, y luego a actualizar esa información “en forma periódica”.
Comentarios