La Corte demoró el crucial fallo sobre la pesificación

La Corte Suprema de Justicia demoró un fallo para convertir a dólares dos depósitos que en enero fueron congelados y pesificados, en un caso que podría convertirse en un golpe mortal para el gobierno de Duhalde y para el debilitado sistema financiero.

La preocupación del gobierno por lo que decidiera la Corte llegó a tal extremo que el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof le pidió a los miembros del tribunal que «comprendan la situación que llevó al país a la devaluación».

Según una fuente del alto tribunal, la suspensión de un fallo sobre la pesificación significa que el caso no será tratado al menos hasta la semana próxima, lo que le da un poco de respiro al gobierno.

Lo que si decidió ayer el máximo tribunal fue el rechazo a una demanda de Río Negro contra el decreto «antigoteo» con el que el gobierno de Duhalde procuró frenar la salida de depósitos inmovilizados en el «corralito». (Ver recuadro)

La Corte tenía previsto tratar en su reunión habitual de los jueves dos medidas cautelares presentadas por particulares, quienes solicitan que sus depósitos bancarios sean reconvertidos a dólares hasta que el juicio que iniciaron contra el Estado por el congelamiento de sus fondos tenga sentencia definitiva.

Temen lluvia de demandas

En caso de que el tribunal diera curso a ambos pedidos, se podría generar una lluvia de demandas pidiendo la misma protección de parte de ahorristas furiosos por la decisión del gobierno de congelar y convertir sus depósitos a pesos a un tipo de cambio muy inferior al de mercado.

Los depósitos fueron convertidos a 1,40 peso por cada dólar, y actualmente un dólar cuesta en el mercado libre 3,65 pesos.

Los bancos están al borde del colapso tras perder en el 2001 casi un cuarto de sus depósitos. Esa corrida se mantiene actualmente pese a un congelamiento de ahorros dispuesto por el gobierno.

Fuentes del sistema financiero coincidieron en que el efecto sobre sus balances sería nefasto dado que las entidades poseen -por disposición del gobierno- ingresos en pesos, y con esta decisión tendrían que devolver los depósitos en dólares.

El presidente Eduardo Duhalde decidió convertir a pesos todos los préstamos bancarios en dólares según el anterior régimen cambiario que igualaba un peso con un dólar.

Asimismo, decidió que la mayoría de esos créditos no serían indexados por inflación pese a que los precios minoristas crecieron 34,7 por ciento entre enero y agosto.

Los nueve miembros del máximo tribunal, que tienen muy mala imagen en la población por polémicos fallos dictados durante los últimos 12 años, podrían enfrentar un juicio político tras una investigación en el Congreso impulsada por el gobierno. En ese sentido, el justicialismo pidió una sesión especial para tratar el juicio a la Corte para el 5 de septiembre. (Ver aparte)

La semana pasada, la Corte Suprema dictó un fallo que declaró inconstitucional un recorte de sueldos públicos y pensiones por 200 millones de pesos mensuales, lo que puso en peligro la meta de prepuesto acordada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (DYN y Reuters)

Rechazaron demanda de Río Negro

La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer una acción de amparo presentada por el Estado de Río Negro contra el decreto «antigoteo» con el que el Gobierno de Eduardo Duhalde procuró frenar la salida de depósitos inmovilizados por el «corralito».

El alto tribunal consideró que el gobernador Verani «carece de legitimación activa» para arrogarse la representación de los ahorristas de la provincia en la demanda, y rehusó expedirse sobre el asunto porque, además, el mandatario recurrió en forma directa a la Corte.

Si bien la decisión es inapelable, el Estado de Río Negro tiene la opción de plantear la inconstitucionalidad del decreto 1316/02 o «antigoteo» mediante una presentación en primera instancia que deberá recorrer el camino habitual hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

La normativa «antigoteo» «lesiona la supremacía de la Constitución Nacional, al estar en absoluto desacuerdo y conflicto con los principios que establece la Ley superior, resultando en ese orden ilegítimo», había planteado Verani el 26 de julio último.

Ayer el presidente de la Corte, Julio Nazareno, el vice Eduardo Moliné O»Connor y los ministros Adolfo Vázquez, Carlos Fayt, Guillermo López y Augusto Belluscio declararon la falta de legitimación del gobernador como amparista.

Los jueces Gustavo Bossert y Eduardo Petracchi, en tanto, no votaron porque se excusaron de intervenir en causas por el «corralito», y el ministro Antonio Boggiano votó, con argumentos propios, en favor del reclamo rionegrino.

Boggiano, al igual que Belluscio, opinaban que -tal como había dictaminado el procurador general Nicolás Becerra- la causa era competencia originaria de la Corte, que consecuentemente debía decidir si declaraba o no la inconstitucionalidad del decreto 1316/02.

Pero a último momento Belluscio revisó su postura y adhirió al criterio mayoritario, dejando pendiente -aunque sin incidencia en el resultado final de la decisión- el voto de Boggiano. (DYN)

Otra Cámara contra el freno al «goteo»

La Cámara en lo Contencioso Admninistrativo declaró ayer la inconstitucionalidad del decreto que suspendió el cumplimiento y la ejecución de medidas judiciales, que permitan el retiro de fondos bloqueados en los bancos por el «corralito financiero».

La sala II del tribunal revocó un fallo de primera instancia, y ordenó a la Banca Nazionale del Lavoro que reintegre el 80 por ciento (la suma se desconoce) del depósito que Osvaldo Luis Vaccarezza constituyó en esa entidad, antes de la vigencia de las leyes y decretos que restringen el retiro de fondos.

El fallo del tribunal cuestionó la validez del decreto 1316/02 que impide a los ahorristas recuperar la totalidad o parte de sus fondos, aún con resoluciones judiciales que así lo ordenan.

La norma, de necesidad y urgencia, suspendió por 120 días hábiles el cumplimiento y ejecución de medidas cautelares y sentencias que autoricen la extracción de fondos «acorralados» y reprogramados en las entidades bancarias.

Vaccarezza había argumentado que su dinero provenía de un crédito laboral, una de las excepciones para evitar la reprogramación de fondos debido al carácter «alimentario» de los mismos.

El demandante, enfermo cardíaco, agregó que en los últimos meses debió someterse a una angioplastía, a fin de complementar los requisitos para ser derivado a cirugía de revascularización coronaria.

La Sala II de la Cámara realizó un análisis de las normas de emergencia con incidencia procesal dictadas desde octubre de 2000, y consideró que el decreto 1316/02 no debe examinarse en forma aislada sino que debe interpretarse como «un eslabón más de la cadena de obstáculos que tienden a frenar el actuar del Poder Judicial».

Procesaron a jueces chaqueños

El juez de instrucción Mariano Bergés procesó ayer a tres magistrados de Chaco y les ordenó embargos por dos millones de pesos sobre sus bienes por considerarlos organizadores de una asociación ilícita para dictar resoluciones judiciales contrarias a la ley, que permitieron el retiro de fondos bloqueados por el llamado «corralito».

La medida que dictó Bergés, por irregularidades en el otorgamiento de acciones de amparo, alcanzó a los jueces del Trabajo, Héctor Osiska; y Civil, Juan Zaloff Dakoff, de la localidad de Roque Sáenz Peña; y a Estela Ponce, magistrada correccional de Charata. (Télam)

Pidieron sesión especial para tratar el juicio político

El bloque de diputados justicialistas pidió ayer una sesión especial para el próximo 5 de setiembre con el fin de tratar los dictámenes referidos al juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El pedido lleva las firmas del jefe del bloque, Humberto Roggero, y los diputados Carlos Alessandri, Jorge Bucco y la menemista Alejandra Oviedo, que hacen un total de 14 firmas de legisladores de las distintas líneas que conviven en la bancada.

Luego de dos jornadas de debate, tuvo el aval de la jefatura del bloque el pedido del menemismo para impulsar el próximo jueves el tratamiento del juicio político a la Corte en una sesión especial.

El planteo se conjuga con la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de encontrar una salida al complicado trámite que tiene en vilo la relación del gobierno con el alto tribunal.

La sesión especial se realizaría en un horario que determine la Cámara.

Sin embargo, se presenta complicada la posibilidad del oficialismo de reunir quórum, debido a la negativa que sostiene hasta ahora el radicalismo a bajar al recinto para tratar los dictámenes emitidos por la comisión de Juicio Político, a favor y en contra de la acusación.

Tampoco están dispuestos a facilitar la sesión el recinto el ARI y otros partidos de centro izquierda.

La razón es que quieren bloquear la posibilidad de que la acusación sea rechazada si no obtiene los dos tercios de los votos necesarios para ser promovida en el Senado.

El bloque justicialista, en tanto, dio libertad de conciencia a sus miembros para votar.

El menemismo, liderado por Oviedo y Manuel Baladrón, confía en que un alto porcentaje del bloque no avalará la acusación de los ministros de la Corte, lo cual podría darse ahora que el duhaldismo cedió al pedido de llevar la consideración de los dictámenes al recinto. (DYN)