“La Corte va a defender la democracia”

–Le he escuchado decir que los abogados argentinos son los que más apelan, en el marco continental, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué lectura hay que hacer de esa línea de apelación?

–Creo que primero está Estados Unidos y, ahí nomás, nosotros. ¿Por qué? Porque ambos gobiernos violentan los derechos humanos y nos vemos compelidos a buscar un sistema supranacional, como es el de la Comisión primero y luego la Corte Interamericana.

–¿Estados Unidos equiparado con Argentina en esta materia?

–No equiparo. Digo, sí, y abunda la información en ese sentido, que los gobiernos de Estados Unidos de los últimos 20 años, fundamentalmente cuando han estado en manos de los conservadores, han sido poco respetuosos de los derechos humanos. Hay casos paradigmáticos de ese estilo. El caso Álvarez Machain, uno de los tantos donde Estados Unidos detiene gente afuera de su frontera. México, por ejemplo. Washington integra el sistema interamericano de derechos humanos pero, por caso, no se someten a la Corte Penal Internacional en materia de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Ahí les molesta la búsqueda de justicia.

–Siguiendo esta línea, el Cippec dice en “100 propuestas para potenciar el desarrollo” que los argentinos tenemos necesidades jurídicas insatisfechas a la vez que aumenta el descrédito público del Poder Judicial. ¿Cómo reflexiona usted estas cuestiones cuya centralidad, en todo caso, hace también a la verdad?

–Así planteado y sin que esto implique desjerarquizar otros planos de reflexión, le cuento algo. Hace un rato escuché por radio que la Cámara del Crimen sostiene, en un caso concreto, que adulterar el cuentakilómetros de un auto y venderlo con menos de los que tiene no es estafa. Estamos ante un caso de existencia de una inmensa distancia entre la verdad judicial y la verdad real. Son dos mundos que se reiteran mucho en el trámite judicial. Por un lado, lo que hace a la opinión pública, lo que percibe y el juicio de valor que se hace sobre lo acontecido. Por el otro la Justicia, que suele tener otro estándar al apreciar el hecho y valorarlo. Por eso es que, al terminar un proceso, lo que se concretizó es la verdad judicial. Lo que se pudo probar, que muchas veces dista de lo real. De ahí que la gente se quede mal con un fallo… “Compré un auto con 50.000 kilómetros pero tenía 200.000: me estafaron”. Pero aquí pesa cómo un tribunal pondera el derecho de propiedad ante la eventual estafa.

–¿Para el caso, el derecho de propiedad es el eje del tema?

–En los hechos es el que tutela –digamos– ese delito. Se miden, los fines de la causa, en términos de antes y después del hecho, de la estafa. Y de esa medición, como lo señala la ley penal, tiene que haber una merma. A modo de graficarlo: si a ese derecho lo pudiéramos pesar y pesara 100 gramos antes de la estafa y 80 después. O sea, una merma que refleje que hay un daño real, concreto y mensurable para que sea delito lo que se denuncia. Pero esto no siempre puede ser probado… la gente se enoja: “Estafados”. Y el juez responde: “No, miren, el tipo penal de estafa me exige una cantidad de requisitos que en este caso no se dan”.

–Pero ante determinados hechos en los que la verdad real es muy real, ¿no puede decir nada más?

–¡Sí! Puede, por ejemplo, decir que el caso puntual que juzgó “pone en crisis el tipo penal que tengo que aplicar”. Luego envía una nota al Congreso, a los parlamentarios, diciendo: “Señores, hay que reflexionar sobre esta situación”. Pero ésa ya es otra cuestión.

–Siempre que hablo con abogados sobre temas de Poder Judicial y política recuerdo los non-papers de Robert Jackson, juez americano en Nüremberg, quien sostenía que en la construcción cotidiana de un país pesan más las decisiones de fiscales y jueces que muchos preceptos constitucionales. Por primera vez en no menos de seis generaciones la Argentina tiene una Corte Suprema de muy buen nivel.

–Coincido.

–¿Cómo ve a la Corte en tanto último escalón en defensa de la libertad, en relación con los excesos del poder político?

–En ese espacio, este diario titularizó tal vez el primer caso que puso a prueba a la Corte: el de la publicidad por parte del gobierno neuquino de Jorge Sobisch. Un caso que hizo a los derechos humanos y que estaba en la agenda de organismos nacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llegamos a la Corte. Ganamos por un voto, o sea no nos sobró mucho. Pero a partir de ahí siento que la Corte está decidida a poner frenos al poder político, obviamente no era un freno al poder político central sino a un gobierno provincial. Pero después vino el caso “Perfil”, que sí hacía al gobierno nacional. Es decir, creo que la Corte está escogiendo los casos en los que está decidida a convertirse en bastión de los derechos esenciales que hacen a la vida democrática en una república. No me parece que esté decidida a dar todas las batallas en este campo.

–¿Lo conforma a usted este estilo?

–Estoy persuadido de que la Corte irá poniendo cada vez más barreras al poder central, porque poder al que no se le hacen ver los límites es poder que marcha a definir desde lo absoluto.

–Sin embargo la Corte ordena al gobierno de Santa Cruz restituir a la fiscal Sosa, pero como ese cargo no existía ese gobierno mutis por el foro…

–Pero hay una denuncia penal promovida por la Corte por todo ese tema, no es poco en función de quien promueve esa acción.

–Si se acepta que, como usted señala, la Corte va en procura de mayor protagonismo en relación con excesos del poder político, gobierno nacional o no, ¿por dónde cree que irán sus próximos pasos?

–Creo que se ocupará, por caso, de lo que hace al acceso a la información pública, donde el Estado está muy cerrado y esto afecta derechos humanos. También a temas de medioambiente; lo demuestra el caso Riachuelo, donde además los mismos responsables de investigar e incluso algunos políticos están envueltos en corrupción. La Corte será el último escalón en la defensa de la democracia, la va a defender.

–En ese camino, ¿qué es lo que no se le puede pedir?

–Que genere un conflicto irreductible de poder, lo cual no es contradictorio con que defienda con énfasis la libertad. Hay que ser cautos al reflexionar sobre todo esto.

–Pero sus reflexiones sugieren una lectura: si la Corte se ve precisada a tener que intervenir cada vez más, hay desafíos muy graves en el sistema político. ¿O no?

–Todo hace a la siempre compleja relación entre un poder y otro. Tengo mucha confianza en la Corte.

entrevista: hugo wortman jofrÉ, miembro de la fiscalía que acusó a las juntas

CARLOS TORRENGO

carlostorrengo@hotmail.com