La defensa de los DD.HH. debe ser concreta

Editorial

El gobierno de Mauricio Macri comenzó su gestión con un fuerte reclamo por la situación de Venezuela, argumentando su compromiso con la situación de los derechos humanos en el continente. Bueno, es hora de que ese compromiso asuma formas más concretas que las aclaraciones. Básicamente, aflojar la billetera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó el martes su 158º periodo de sesiones en Chile, alertando que enfrenta “la peor crisis financiera de su historia”, lo que tendrá impacto directo en su labor de defensa de los derechos humanos en todo el continente. Señaló que si los estados miembros de la OEA no realizan un aporte urgente de fondos deberá despedir en agosto al 40% de su personal. De hecho, ya debió suspender visitas previstas para este año, así como dos periodos de sesiones, en julio y octubre.

La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son dos entidades autónomas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que forman parte del principal sistema continental de protección de los derechos fundamentales. Tienen roles complementarios: La CIDH estudia denuncias individuales, solicita medidas cautelares, supervisa situaciones en todo el continente, realiza “recomendaciones” a los países sobre determinados temas y, finalmente, puede elevar casos a la Corte, que funciona como un tribunal hemisférico capaz de sancionar a los estados.

La deuda de nuestras democracias con la CIDH es enorme. Durante las dictaduras de los 70 y las posteriores transiciones a la democracia, funcionó como el gran faro internacional que alertaba sobre atrocidades cometidas contra la población. En nuestro país, una visita de la Comisión entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, en pleno gobierno de Videla, entrevistó a cientos de familiares de asesinados, desaparecidos y torturados. La recopilación de sus casos y el durísimo informe que realizó fue demoledor para la imagen de la dictadura ante el mundo y un espaldarazo protector a las incipientes organizaciones civiles que enfrentaban el terrorismo de Estado.

En años posteriores, sus acciones sirvieron para proteger derechos de colectivos como indígenas y afrodescendientes, mujeres y niños víctimas de violencia y discriminación, personas con discapacidad y minorías sexuales, víctimas de conflictos internos, entre otros. Desde el 2006, ha emitido sólo sobre Argentina 9 informes, 8 medidas cautelares, logró 16 casos de resolución amistosa y envió 13 casos a la Corte. En el 2015, recibió 164 peticiones. Sus recomendaciones y los fallos emitidos en base a sus investigaciones están incorporados a nuestra legislación.

Esta intensa actividad ha incomodado a no pocos estados. México se quejó por reportes acerca de los abusos militares y policiales cometidos en su guerra contra las drogas, Brasil cuestionó resoluciones en defensa de pueblos indígenas en el Amazonas y Venezuela ha planteado retirarse por las críticas a las violaciones a la libertad de expresión y el encarcelamiento de opositores.

Esto quizás explique la reticencia a su financiamiento. Hoy la CIDH depende del fondo regular de la OEA, que le asigna menos del 6% de su presupuesto, que no se ha actualizado en 30 años. Y compensa con “fondos específicos”: contribuciones voluntarias de los países y de “Estados observadores”, principalmente europeos. Pero esta vía de financiamiento se cayó, en medio de la crisis económica y de refugiados que cambió prioridades.

Correspondería a los países americanos hacerse cargo. Sin embargo, mientras aportan 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, que estudia apenas dos casos de la región, le dieron a la CIDH, que estudia más de 6.000, 199.000 dólares. El gobierno de Macri, que ha prometido públicamente asistir al organismo, hasta ahora sólo ha enviado 40.000.

Como señalaron recientemente organismos de DDHH de todo el continente e intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa y Elena Poniatowska, esta actitud “es contradictoria con los deseos de los países de la región de aspirar a una región más democrática”. Y dejará a miles de personas y colectivos vulnerables sin una instancia clave para defender sus derechos.