La deuda del Ipross alcanza los 1.000 millones de pesos

Existe un tradicional tira y afloje  en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) entre los niveles de prestaciones que puede ofrecer y los ingresos  que presenta el organismo, pulseada que arroja todos los meses un déficit importante.

Según fuentes oficiales el número global de deuda del organismo está hoy cercano a los $ 1.000 millones, representando el 20% de su presupuesto proyectado para el año que viene.

La mayor parte de estos pasivos son con proveedores.

Si bien en las presidencias de Claudio Di Tella (actual jefe comunal de Cipolletti) y el interinato de Andrea Escudero, hubo regularidades en los pagos hasta cancelar agosto-setiembre a los prestadores, el nuevo presidente Alejandro Marenco tiene bajo análisis esa abultada deuda para consolidar.

RÍO NEGRO tuvo acceso a una radiografía acercada a este último funcionario respecto de las condiciones de funcionamiento. Atribuye desajustes a una legislación de tratamiento de varias enfermedades que no cuenta con sostén genuino por patologías de baja incidencia y de alto costo como las congénitas o degenerativas.

Trascendió un cálculo interno que determina que sólo 33 pacientes con esas afecciones demandan en atención el 22% del presupuesto total, y que además un Juez de amparo exigió a las autoridades solventar una cirugía robótica.

El informe indica que la insolvencia es que los insumos treparon a valores siderales en cambio los ingresos de la obra social quedaron al ritmo de lo que perciben los empleados estatales, paritarias mediante.

Por caso, un medicamento para un paciente en riesgo de vida le cuesta $ 4 millones mensuales, recientemente tuvieron que reponer a un afiliado una silla averiada con bebida cola por $ 1,9 millones, y cómo la discapacidad tiene atención plena, otro paciente exigió 400 pañales mensuales mediante la Justicia barilochense.

En tren de recursos genuinos del Ipross, se observa que las cifras que se otorgan de aumento salarial para los empleados públicos tienen carácter no remunerativo, y entonces en las arcas no aparecen.

Dentro de las negociaciones con los prestadores hay puja también porque a veces -de acuerdo a lo que cuentan la Casa Central-, hay reclamos de mayor porcentaje, pero “los aportes son menos de lo pensado”. Entre otros altos costos que debe asumir la obra social están los pagos de medicamentos ambulatorios, que oscilan entre los $ 70 y $ 100 millones mensuales.

Marenco se limitó a señalar en que hay personas que “con $ 60 o 70 pesos mensuales, con tres o cuatro horas cátedra, tiene acceso a la obra social para toda su familia, y atendemos gente desde que nacen hasta que mueren porque tenemos jubilados”. Confirmó que hubo “regularidades” en los pagos y que sus antecesores “hicieron un importante trabajo de ordenamiento, ahora hay que profundizar los cambios”.

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Lamentó que “hay quienes creen que la obra social no tiene techo” y con la finalización del presupuesto anual, si bien no hay cortes, “trabajamos al borde del riesgo” sobre todo con farmacias, y “cuesta conseguir prótesis de alta gama”. Concluyó en que el país está viviendo una crisis económica “sin precedentes, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para buscar la racionalidad dentro del sistema” por lo tanto “hay que mejorar las fuentes genuinas de financiamiento -sobre todo para enfermedades de alto costo- o buscamos la transparencia del proceso con la digitalización y una nueva visión prestacional”.

Dos puntos complicados de la herencia

La nueva autoridad heredó del tándem Di Tella-Escudero dos cuestiones controvertidas: el escándalo de los farmacéuticos del Alto Valle, e irregularidades con fondos propios.

En forma permanente, se le está brindando información a la Justicia en el marco de la causa de fraude a siete imputados por casi 70 millones de pesos cuando falsificaban troqueles y comprobantes para cobrar medicamentos que no habían vendido.

En los últimos meses se abrieron sumarios a empleados de Cipolletti y Viedma. En la delegación del Alto Valle se habría detectado el faltante de dinero, en tanto que en la delegación capitalina se observó anomalías en la liquidación de reintegros por servicios de odontología. Una vez que se concluyan los sumarios serán giradas las actuaciones administrativas a la Fiscalía de Estado para que presente las correspondientes denuncias penales.