La disponibilidad es historia, la puja es por “el relato”

Marcelo Ochoa

Ya sin efectiva aplicación, la ley de disponibilidad marcha hacia su derogación. Sin embargo, la actual discusión del poder se reduce a la disputa para definir quién se lleva el rédito por su formal eliminación.

Ayer, el Plenario de Comisiones de la Legislatura dictaminó a favor de su derogación, con los votos del PJ disidente y del radicalismo. El bloque oficialista no asistió.

Mientras tanto, el gobernador Alberto Weretilneck evalúa cómo participar de la decisión y especula con una “sorpresa”, que estaría orientada a la finalización del “Estado de Emergencia” en Río Negro y, consecuentemente, la eliminación del proceso de disponibilidad.

Ayer, el mandatario propuso esperar a la sesión del 21 de setiembre. “Todavia falta y vamos a tener novedades cuando se debata”, insistió. A esa altura ya había ordenado a sus legisladores que no concurran al Plenario.

Esa inasistencia en pleno del bloque “albertista” y esa respuesta político-parlamentaria fue evaluada en Villa Regina entre Weretilneck y sus legisladores.

En el análisis del mandatario está la suspensión de la declaración del “Estado de Emergencia” fijado por la misma ley 4.735, que comprende además el proceso de pase de disponibilidad.

El argumento principal para tomar esa medida estaría dado por la mejora de la situación financiera de Río Negro.

El gobernador evitó ayer cualquier opinión del dictamen del Plenario. Sólo aludió a las coincidencias logradas entre justicialistas disidentes y radicales. “Acordaron, al final, con los radicales que critican por corruptos”, contrarrestó cuando ya se retiraba a su despacho.

En realidad, el proceso de disponibilidad está totalmente desactivado porque los organigramas ni siquiera se presentaron ante la Cotep. Su vigencia resurgió a partir de la discusión interna en el Frente para la Victoria, que derivó en la presentación del proyecto de derogación por parte de los legisladores del PJ disidente. El radicalismo aprovechó la ocasión para revivir una iniciativa similar presentada en marzo.

Esos tiempos fueron ayer determinantes para imponer en el orden de tratamiento de los proyectos en el Plenario. Finalmente, los dos expedientes recibieron un mismo dictamen, con el apoyo de los frentistas opositores y los radicales. El texto se compone de tres artículos. Los dos primeros reflejan el original de la Concertación, incluso respetando un agregado donde se amparó en la Constitución por la estabilidad del empleo público. Ese argumento determinó hace algunos meses en un recurso de inconstitucionalidad que analiza el STJ. El segundo prevé que la evaluación y definición de las estructuras se aplicará la ley de la Función Pública. (AV / Redacción Central)

El FpV disidente y la UCR aprobaron el dictamen para derogar la ley 4.735.