La ex mujer del sindicalista López designó defensores y logró frenar la acusación en su contra

Iribarren y Pineda representan a Silvia Weisser, en el marco de la investigación por su supuesta coautoría de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Esta mañana se hizo la audiencia de formulación de cargos contra Silvia Viviana Weisser, a quien la fiscalía y la querella pretenden acusar de “coautora” por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta tanto en la Obra Social como en el Sindicato de la Fruta.

La mujer, primera pareja del gremialista condenado por abuso sexual, sorprendió con la designación de los reconocidos abogados roquenses Oscar Pineda y Pablo Iribarren, quiénes interpusieron planteos y cuestionaron fuertemente la acusación con el objetivo de debilitarla.

La Fiscalía solicitó un cuarto intermedio para responder la batería de preguntas sin respuestas que esgrimieron los avezados defensores.

La jueza de garantías Florencia Caruso, por pedido de la Fiscalía – se remarcó en la comunicación oficial – dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8.30 hs.

Hace un mes, la misma jueza admitió los cargos por los delitos de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta” en perjuicio de la obra social y del gremio de la Fruta.

En ese momento, los acusados fueron Rubén López, Juan Lescano, Juan López, Marcelo Portiño, Marcos Bielma, Daniel Aliaga y Jaime Manquepi. Restaba la ex mujer de Rubén López, Silvia Viviana Weisser, que según informó el abogado Pablo Agabios no se encontraba en la ciudad por lo que no pudo concurrir en mayo junto al primer grupo.

Ayer, afirmaron las fuentes consultadas, Weisser se presentó con nuevos abogados: Pineda e Iribarren.

El roquense Iribarren cuestionó la coexistencia de dos investigaciones simultáneas tanto en el fuero provincial como en el federal. Es más, se reveló en la audiencia que exactamente hace dos meses, el 25 de abril, el fuero federal allanó un domicilio bajo el expediente de “lavado de dinero” que tiene como sospechosos al mismísimo Rubén López y a su entorno. No se dieron más precisiones de ese procedimiento.

Iribarren continuó con los planteos y marcó los defectos formales de la acusación y fue en ese momento en que las partes acusadoras, tanto fiscalía como querella, pidieron el cuarto intermedio.

Según la acusación, los cargos incluyen no haber presentado los balances contables ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y “maniobras defraudatorias” tales como la emisión de préstamos y cheques, el pago de salarios y horas extras a personas que no eran empleados de las entidades e irregularidades en la adquisición de un sanatorio en Allen “sin respaldo documental”.

La calificación legal es la de asociación ilícita en concurso con administración fraudulenta. Los hechos fueron establecidos desde el año 2006 hasta febrero de 2015.


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