La Fiscalía Federalde Neuquén pidió la indagatoria de 33 imputados

NEUQUEN (ACE).- La fiscalía federal de Neuquén solicitó que se llame a indagatoria a 33 imputados por los delitos denunciados por las víctimas ante la reapertura de la causa en la que se investiga la represión ilegal durante la última dictadura.

El pedido de indagatoria no sólo incluyó a quienes fueron convocados por la Justicia en 1986, sino a aquellos que habían sido nombrados por las víctimas en esa etapa pero no fueron llamados por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Además, en el transcurso de este año se presentaron en la Justicia víctimas de la dictadura que nunca antes habían relatado su situación ni ante la Justicia ni ante los organismos de Derechos Humanos; por lo que también se generó una actividad en el juzgado y la fiscalía que redundó en la identificación de presuntos partícipes de la represión ilegal, de los que antes no se tenía antecedentes.

El requerimiento fiscal fue elevado al juzgado de Guillermo Labate el 31 de julio pasado «para darle impulso a la investigación en función del nuevo código procesal vigente», dijo el fiscal federal José María Darquier.

A partir de la presentación, Labate deberá definir a quiénes llamará a la indagatoria.

Entre los imputados por la fiscalía hay 20 integrantes del Ejército; en tanto el resto corresponden a agentes de la policía federal, a la policía de Río Negro, de Neuquén, policía de la provincia de Buenos Aires, agentes penitenciarios y también civiles.

La solicitud de la fiscalía incluyó a Acdel Vilas, Osvaldo Bernardino Páez, Aldo Mario Alvarez, Jorge Delme, José Guillermo Streich, Santiago Cruciani, Horacio Tomás Liendo, Néstor Rubén Castelli, Luis Alberto Farías Barrera, Adolfo Enríquez Díaz Quiroga, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Gómez Arena, Hugo Alberto Cartagenova, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Raúl Guglielminetti, Julio Francisco Oviedo, Enrique Charles Casagrande, Enrique Braulio Olea, Héctor Raúl Papa, Héctor Gagliardi, Héctor Luis Selaya, Leonardo Luis Nuñez, Julián Villiziato, Benigno Balor, Víctor Hugo del Valle Carrizo, Jorge Ramón González, Héctor Mendoza, y los oficiales de apellido Vizcarra, el ex comisario Huenchumán, comisario Pinchulef, oficial Galera, Huencul y Quiñones.

A partir de que Labate recibió la causa en junio de 2005 y se declaró competente en diciembre tras declarar nulas las denominadas «leyes de impunidad», también se abrió la investigación sobre varios ex militares, agentes y policías que pertenecían a las comisarías de Río Negro y Neuquén que no habían sido imputados en 1986.

«No es que no hayan sido detectados antes, creo que el criterio de la Cámara Federal de Bahía Blanca -urgida por los plazos de cierre de las investigaciones judiciales que se habían ordenado- fue imputar a los militares que tenían mayor rango; y había otras personas mencionadas en los testimonios de las víctimas que en ese momento no se imputaron por una situación de estrategia», opinó María Cristina Beute, designada «ad hoc» para integrar a la fiscalía en esta causa.

Darquier informó que previo a la indagatoria de varios de los imputados, restan aún algunas medidas de prueba, testimonios y documentación que fueron solicitados. Informó que hubo ocho víctimas que denunciaron nuevos casos, de los cuales surgió la identificación de al menos unos tres militares que actuaron tanto en el centro clandestino de Neuquén como de Bahía Blanca a los que también se le solicitó la imputación e indagatoria.

En la elevación del pedido al juzgado se dejó expresamente indicado que, independientemente de las imputaciones hechas, no se descartan la inclusión de «aquellas personas cuya participación directa de los hechos surja de la prueba colectada y (una nueva imputación) contra cualquier otra persona que haya instigado, determinado, encubierto o cooperado en la comisión de los hechos que se denuncian».

De las casi 60 víctimas de secuestros ilegales y torturas, hay al menos unos 20 casos en los que se investiga cuál fue el destino final de los secuestrados ya que nunca más sus familiares supieron de ellos. Según Darquier, en esta etapa la fiscalía aguarda «que se provean todas las medidas que hay pendientes y las dispuestas por el juzgado para que se concreten las indagatorias».

SHIRLEY HERREROS

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