La guerra del agua

héctor mauriño vasco@rionegro.com.ar

Si Von Clausewitz hubiera vivido por estos días en Neuquén tal vez hubiera concluido que la guerra del agua es la continuación de la política por otros medios. No hubiera estado muy lejos de la realidad: la pelea entre el gobierno provincial y el municipal por el servicio de agua y saneamiento, que intermitentemente adquiere estado público, como ocurrió esta semana y con alto voltaje, es el emergente de una puja soterrada en la que pesan, además del agua, otras cuestiones políticas. Y si se incluye el agua entre las cuestiones políticas (deberíamos sumar las cloacas) es porque ésta no llega (y se va o se queda) a las casas de los vecinos no sólo por motivos meramente técnicos o físicos sino también por razones político-institucionales, como puede ser la construcción o no de acueductos, de plantas de potabilización y de tratamiento de efluentes cloacales, etcétera. Sucede –y éste es un lugar común en la Argentina y en Neuquén– que la gran mayoría de los políticos elude la construcción de obras subterráneas, costosas y arduas, que ningún votante puede apreciar a simple vista, y prefiere hacer otras cuya relevancia queda expuesta al reconocimiento de todos, como por ejemplo el asfalto. Puede parecer trivial, pero la realidad se empeña en demostrarnos que es así una y otra vez. No de otra forma se pueden entender el grado de obsolescencia de las redes de agua y cloacas del EPAS y los reiterados problemas que se suceden por ese motivo, que tienen por víctimas a vecinos de esta capital y otras ciudades de la provincia. Desde hace ya muchos años los distintos gobiernos del MPN han eludido tomar el toro por las astas de este espinoso problema. La renovación de las redes existentes y la construcción de otras nuevas en ciudades que experimentan un crecimiento tan vertiginoso y desordenado como Neuquén demandan inversiones cuantiosas que ningún gobierno ha estado dispuesto a encarar. Cuando lo hicieron, como ocurrió con el acueducto de Mari Menuco, fue porque eligieron emprender una obra faraónica contra todas las recomendaciones que aconsejaban un camino más corto y más barato. El problema del saneamiento se ha profundizado no sólo porque las autoridades que se sucedieron han preferido privilegiar obras políticamente más “rentables” sino también porque de haber concretado las redes y la infraestructura necesarias se hubieran visto en la alternativa de aplicar tarifas mucho más elevadas que las actuales, cosa que tampoco les hubiera parecido conveniente desde el punto de vista político. A esta altura del análisis habría que incluir la responsabilidad colectiva: no es posible reclamar servicios modernos y eficientes y desentenderse de lo que cuestan. Al dirigente que sabe cómo eludir su responsabilidad para no “pagar costos políticos” se corresponde una mentalidad adolescente en la que imperan los derechos por encima de las obligaciones y en la que la responsabilidad está puesta siempre afuera. Por estas cosas y más es que los vecinos de Neuquén observan desde hace rato cómo los protagonistas institucionales de esta puja se pasan la pelota unos a otros mientras las cañerías del EPAS revientan a cada rato, el agua escasea y en algunos barrios se chapalea en aguas servidas. Esta semana el intercambio de disparos se produjo entre el intendente Quiroga, que había dicho que el gran problema de la ciudad es el EPAS, y el ministro Coco, que amagó con retirar al organismo del servicio en la capital, Cutral Co y Huincul. En realidad, si esta puja subterránea llega a la luz es porque se acerca el final del plazo para que se firme el contrato de concesión, girado por el municipio al EPAS. Si las partes no se ponen de acuerdo es porque ninguno se quiere hacer cargo de los trabajos de infraestructura indispensables para sacar el servicio del estado de colapso en el que se encuentra. La cuestión está centrada en que el contrato establece que el ente provincial y no el municipio será el encargado de realizar las inversiones necesarias. El tema ya tuvo una escalada cuando el bloque sapagista en la Legislatura se negó a convalidar el pedido de endeudamiento reclamado por Quiroga para hacer obras de infraestructura porque en la lista no había obras de saneamiento. Así las cosas, Coco amenazó con patear el tablero: “El EPAS no tiene ningún interés en firmar un contrato de concesión. Que se haga una licitación pública internacional y vamos a ver quién se presenta y en qué condiciones”, disparó. Sapag, como es su costumbre, salió a traducir el exabrupto al manual de buenos modales: “La idea es que el EPAS sea mayorista y la distribución la hagan los municipios”, aclaró. Y agregó que éstos “deben trabajar en solidaridad con el EPAS porque (el ente) no puede en forma solitaria enfrentar las necesidades de inversión del poder concedente, que es la municipalidad”. El tema, está visto, es quién pone los mangos y quién le dice a la gente que hay que pagar el servicio. La Carta Orgánica Municipal dice que el municipio garantizará la prestación de los servicios por sí o por terceros, de allí la necesidad de un contrato para asegurar lo que hoy es una concesión de hecho. Pero el EPAS no se puede ir así, sin más, de Neuquén, como amenaza Coco. Se lo impiden el marco regulatorio y la ley de creación del ente, que lo obliga a la prestación del servicio. El telón de fondo de este áspero cuadro es la conocida pulseada que se desata entre las distintas fuerzas políticas en un año electoral. Sería bueno que, a pesar de todo, municipios y provincia se pusieran de acuerdo sobre quién paga las obras y les hicieran saber a los vecinos que la fiesta no es gratuita. Lo concreto es que el servicio es deficiente y todos esperan una solución.