La identidad biológica, un derecho irrenunciable

DEBATE

La búsqueda de origen comenzada solitariamente por Clara Lis dio como resultado provisorio el procesamiento de una médica obstetra involucrada en la venta de bebés, a lo largo de veinte años (entre ellos, los siete años de dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983). La causa finalizó su etapa de instrucción y está por salir a juicio oral, y tiene imprevisibles derivaciones.

“Todo empezó en 2005 -relata Clara Lis, de 33 años- a partir de unos estudios que yo me estaba haciendo, por un tema de salud; un médico me pregunta de qué cáncer había muerto mi mamá; ahí empecé a hacerme más preguntas, a hablar con familiares cercanos, y me fui dando cuenta de que no tenía respuestas concretas”.

Clara agrega que “hasta que llegué a una tía y le pregunté por qué no había fotos familiares de cierta época, y si ella alguna vez la había visto embarazada a mí mamá. Entonces me dijo que no la había visto embarazada porque yo había sido adoptada. Seguí preguntando y ella llegó a decirme que en mi adopción hubo dinero de por medio, `al valor de un cero kilómetro del año 78`. Esa respuesta, sin duda, cambió mi vida”.

En diálogo con Télam Lis relató que “quince días después, luego de contactarme con Abuelas, ya estaba reunida con Claudia Carlotto en la CONADI, porque al haber nacido en el `78 y sabiendo que mi abuelo de crianza y también la que yo creía que era mi madre biológica habían trabajado en el Instituto Geográfico Militar, cabía la presunción de que podía ser hija de desaparecidos” .

“Mi abuelo, como personal civil, fue chofer de militares durante muchos años. Con ese antecedente, Claudia Carlotto me consiguió inmediatamente un turno para hacerme los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand. Lo hice a mediados de 2005 y para febrero de 2006 tuve el resultado, que fue negativo. ¿Qué más podía hacer? ¿A dónde podía ir? ¿cómo podía seguir la búsqueda de mi origen?”, subrayó.

Clara explica que “por suerte, mi psicóloga, Mirta Clara, sabía del trabajo de Alejandro Incháurregui en el equipo de Búsqueda de Origen, y me conectó con ellos. Ese equipo cuenta con abogados y ahí comenzaron las charlas para ver cómo proseguir la investigación. Porque no hay jurisprudencia, no hay un abecé para las búsquedas de identidad, cuando no hay supuestos de que se trate de delitos de lesa humanidad”.

La joven dijo que “es necesario crear conciencia en la sociedad, de que la apropiaciones no corresponden sólo a los años de dictadura, yo fui apropiada cuando nací. Es así, ésa es la palabra correcta por mucho que duela. Quiere decir que alguien compra o consigue un bebé y lo anota como si fuera hijo propio; eso es claramente una apropiación en cualquier año o contexto social que se produzca ¿Cómo podíamos seguir? ¿Cómo hacer que el Estado nos atendiera?”.

Con respecto si hubo casos similares al suyo, Liz explicó que “ellos tenían experiencia de casos que no habían prosperado, pero sabían que lo primero que había que hacer era solicitar una medida autosatisfactiva, y la doctora Adriana Gallo nos ayudó y la entregamos en un juzgado de familia correspondiente a la zona donde presuntamente habíamos nacido. A partir de allí, se solicitaría al Estado que acompañara en la búsqueda de la identidad biológica. Eso hicimos en junio de 2009: lo presentamos en un juzgado de familia en San Justo”.

“El juez de familia dijo inmediatamente que no era competente en la causa, que no le correspondía, y así pasó al juzgado federal de San Martín, donde ratificaron que debía tramitarse en el juzgado de familia. Volvió entonces la medida autosatisfactiva y el juez de familia reiteró que no iba a entender en la causa. Buscábamos que alguien nos acompañara en la búsqueda de la identidad biológica y no conseguíamos sentar el expediente en ningún lado. Las fojas volvieron al juzgado federal de San Martín”, recuerda.

Lis explico luego que “por fin, en San Martín, una jueza dijo que “habría delito”. Nosotros estábamos acompañando pruebas: certificados de nacimiento, mi primer DNI (donde figura un domicilio donde no nací ni viví jamás), otros papeles.

Y todo para arrancar, a duras penas, que “habría delito”. Entonces, en San Martín se dispuso que en el fuero penal se investigara a la partera en el Juzgado federal Nro 2 de Morón, y que la parte civil volviera al juzgado de familia, que otra vez se declaró incompetente”.

Clara comentó luego que la situación pudo destrabarse “cuando después de la última declaración de incompetencia, el expediente pasó a la Corte Suprema de la Nación. La Corte emitió un fallo que decía que la búsqueda de identidad se tratara en el mismo juzgado federal en donde se estaba tratando la parte penal. Allí quedó el expediente unificado en Morón y finalmente podíamos avanzar. Sin embargo, nosotros insistimos con el juzgado de familia.

¿Por qué? Porque el derecho a la identidad es un derecho constitucional, que forma parte de los derechos el niño y de la familia. Finalmente, las idas y venidas y las demoras favorecieron el encuadre jurídico del caso, el que hoy tenemos”.

Lis precisó además que “mi partida de nacimiento dice que soy hija de Lidia Pereyra, madre soltera, que nací el 2 de marzo de 1978, y estoy inscripta en el registro civil de González Catán. Ese registro civil queda a dos cuadras de José María Moreno 371, a 4 cuadras de la maternidad José Equiza, a seis cuadras de Mariano Acosta 4568 (la dirección que figura en mi primer DNI donde jamás viví), es decir, todo en un radio de ocho cuadras de donde está el consultorio de José María Moreno 371 donde habría nacido yo”.

(Télam)