La inflación se hace sentir

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Juan Domingo Perón solía decir que, con la inflación, los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor, pero hasta hace apenas medio año el gobierno peronista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lograba difundir la impresión de que no era así, que gracias a un “modelo” supuestamente nuevo los ingresos de casi todos podrían continuar aumentando con mayor rapidez que el costo de vida. Por desgracia, se trataba de una fantasía. A la larga, convivir con la inflación en alza es imposible, y aquellos gobiernos que han intentado hacerlo han terminado mal. Aunque la etapa signada por el crecimiento macroeconómico “a tasas chinas” duró mucho más de lo previsto, todo hace pensar que ha llegado a su fin y que, a lo mejor, nos aguarda un período acaso prolongado de estanflación, a lo peor, una crisis económica grave con repercusiones políticas muy ingratas. Por cierto, las señales distan de ser reconfortantes. Con muy escasas excepciones, la actividad industrial se ha desacelerado, siguen huyendo los dólares del espectro de la pesificación y, desde luego, no hay motivos para creer que la inflación esté por frenarse. Entre los sectores más golpeados está el de la construcción, una de las fuentes principales de trabajo para quienes no cuentan con calificaciones especiales. Asimismo, el que el gobierno nacional no esté en condiciones de girar “fondos frescos” a las provincias y municipalidades que los necesitan para pagar a los empleados públicos ya está incidiendo en el clima social en buena parte del interior. Cristina y sus estrategas quieren que los gobernadores e intendentes se encarguen de todos los costos políticos de la recesión que amenaza con profundizarse mucho en los meses próximos. Es poco probable que los esfuerzos en tal sentido tengan el efecto deseado. Aunque la extrema centralización de poder en la Argentina benefició política y por lo tanto electoralmente a Cristina al atribuirle la mayoría el crecimiento vigoroso de la economía, de agravarse la crisis la perjudicará. Puesto que la presidenta toma todas las decisiones significantes o, cuando menos, avala las medidas disparatadas propuestas por personajes como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, culparla por los malos tiempos no sería más injusto de lo que ha sido creerla responsable de los buenos que acaban de llegar a su fin. Desafortunadamente para Cristina, en su gobierno no abundan los fusibles, ya que todos sus integrantes dependen directamente de ella. De haber entendido a tiempo que la inflación no es un cuco neoliberal sino un mal económico muy grave, hace años el gobierno nacional hubiera aprovechado la coyuntura internacional sumamente favorable que le tocó para combatirla sin correr demasiados riesgos políticos. Al optar el entonces presidente Néstor Kirchner por tratarla como si fuera sólo un problema psicológico, uno relacionado con las expectativas, que podría solucionarse manipulando las estadísticas, virtualmente garantizó que andando el tiempo el país se precipitara en otra crisis cíclica que el gobierno no estaría en condiciones de superar. Aunque parecería que Cristina se ha liberado de la tutela de su marido difunto, ya que poco a poco ha ido reemplazando a colaboradores que habían disfrutado de su apoyo por otros que ha elegido personalmente por razones que sólo ella comprende, sigue compartiendo con él la noción de que es antipopular preocuparse por la inflación porque le sería insoportable verse obligada a “ajustar a los argentinos”. Pues bien, ya están aflorando las consecuencias previsibles de la miopía principista que siempre ha sido una de las características más llamativas de la gestión de Cristina. Para funcionar, el “modelo” necesita cantidades cada vez mayores de dinero, pero la parte productiva de la economía no puede aportarlas, mientras que los intentos oficiales por impedir la fuga de capitales están resultando contraproducentes. Es de suponer que el gobierno, fiel a su estilo, procurará apropiarse de más recursos con métodos policiales, expediente que, obvio es decirlo, tendría un impacto negativo muy fuerte sobre el estado de ánimo de quienes irán sumándose a los cacerolazos, protestas sindicales y otras manifestaciones del malestar que con toda seguridad seguirán produciéndose.