La Justicia ante los abusos de poder
De ser Argentina aquel mítico “país normal” previsto en ciertos discursos oficiales a comienzos de la gestión kirchnerista, al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, nunca se le hubiera ocurrido obligar a los técnicos del Indec a mejorar las estadísticas correspondientes a la evolución del costo de vida o multar a las consultoras privadas que difundían sus propios índices mensuales pero, claro está, desde hace más de diez años tanto el Poder Ejecutivo nacional como el Judicial se atienen a pautas que son muy distintas de las habituales en el mundo desarrollado. ¿Está por cambiar la situación nada satisfactoria así supuesta? Quienes atribuyen la voluntad del juez federal Claudio Bonadío de acusar a Moreno de “abuso de autoridad” a la sensación de que el país ya está experimentando una de sus esporádicas mutaciones sociopolíticas, o al conflicto entre los incondicionales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Poder Judicial, suponen que sí. Al fin y al cabo, los delitos imputados a Moreno, un personaje pintoresco que ha hecho del abuso de autoridad una práctica cotidiana, fueron perpetrados varios años atrás, pero hasta hace muy poco pareció un tanto fantasiosa la idea de que un funcionario tan poderoso, uno que, para más señas, contaba con el apoyo férreo de la presidenta, pudiera verse obligado a respetar la ley. De todos modos, lo extraño no es que un juez federal se haya animado a citar a Moreno para que preste declaración indagatoria, sino que durante tanto tiempo su conducta arbitraria y prepotente sólo motivara protestas aisladas. Es como si la sociedad se hubiera resignado a dejar la economía nacional en manos de un funcionario que, además de haberse acostumbrado a intimidar a los empresarios dirigiéndoles amenazas por lo común soeces, creía tener el pleno derecho a silenciar a sus críticos “multándolos” con hasta medio millón de pesos a base de una lectura decididamente excéntrica de la ley de Lealtad Comercial. Huelga decir que los costos para el país de permitirle a Moreno salirse con la suya por miedo a las consecuencias de oponérsele han sido enormes. El “supersecretario” ha provocado daños gravísimos en virtualmente todos los sectores. Aunque Cristina es la responsable principal del estado lamentable en que se encuentra la economía nacional, no cabe duda alguna de que ha sido mayúsculo el aporte de Moreno, el que, según parece, logró congraciarse con ella brindándole “soluciones” a un tiempo sencillas y contundentes a problemas muy complejos. Si bien los intentos oficiales por domesticar la Justicia “democratizándola” han causado alarma, tendrían resultados muy positivos si más jueces optaran por tomar en serio las denuncias que afectan no sólo a Moreno sino también a muchos otros funcionarios, incluyendo a la mismísima presidenta de la Nación. Debieron haber actuado así desde hace muchos años, pero demasiados, impresionados por la popularidad de Cristina y, como aquí es tradicional, conscientes de que podría perjudicarles manifestar un grado excesivo de respeto por la letra de la ley, casi todos decidieron que no les convendría desafiar al gobierno procurando fijarle límites, como suele ocurrir en los países calificados de “normales”. De haberlo hecho, no sólo el país sino también la presidenta y sus colaboradores pudieron haberse ahorrado muchos disgustos pero, por desgracia, aquí es “normal” que los jueces adopten una postura pasiva, cuando no permisiva, mientras haya motivos para prever que un gobierno determinado conservará el poder por muchos años más, para modificar radicalmente su actitud al difundirse la sensación de que un “ciclo” está acercándose a su fin. Así, pues, luego de tentar a los malhechores en potencia dándoles motivos para creerse impunes, el Poder Judicial, de producirse un cambio de clima, se transforma en un cuerpo vengativo resuelto a recuperar el prestigio perdido ensañándose con los “emblemáticos” de turno. Será de esperar que en adelante los jueces, aleccionados por décadas de experiencia, opten por una política de tolerancia cero frente a todos los abusos de poder, sin preocuparse por la eventual reacción de un mandatario coyunturalmente popular. Caso contrario, el mismo fenómeno cíclico seguiría repitiéndose, con consecuencias previsiblemente desastrosas para el país en su conjunto.
De ser Argentina aquel mítico “país normal” previsto en ciertos discursos oficiales a comienzos de la gestión kirchnerista, al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, nunca se le hubiera ocurrido obligar a los técnicos del Indec a mejorar las estadísticas correspondientes a la evolución del costo de vida o multar a las consultoras privadas que difundían sus propios índices mensuales pero, claro está, desde hace más de diez años tanto el Poder Ejecutivo nacional como el Judicial se atienen a pautas que son muy distintas de las habituales en el mundo desarrollado. ¿Está por cambiar la situación nada satisfactoria así supuesta? Quienes atribuyen la voluntad del juez federal Claudio Bonadío de acusar a Moreno de “abuso de autoridad” a la sensación de que el país ya está experimentando una de sus esporádicas mutaciones sociopolíticas, o al conflicto entre los incondicionales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Poder Judicial, suponen que sí. Al fin y al cabo, los delitos imputados a Moreno, un personaje pintoresco que ha hecho del abuso de autoridad una práctica cotidiana, fueron perpetrados varios años atrás, pero hasta hace muy poco pareció un tanto fantasiosa la idea de que un funcionario tan poderoso, uno que, para más señas, contaba con el apoyo férreo de la presidenta, pudiera verse obligado a respetar la ley. De todos modos, lo extraño no es que un juez federal se haya animado a citar a Moreno para que preste declaración indagatoria, sino que durante tanto tiempo su conducta arbitraria y prepotente sólo motivara protestas aisladas. Es como si la sociedad se hubiera resignado a dejar la economía nacional en manos de un funcionario que, además de haberse acostumbrado a intimidar a los empresarios dirigiéndoles amenazas por lo común soeces, creía tener el pleno derecho a silenciar a sus críticos “multándolos” con hasta medio millón de pesos a base de una lectura decididamente excéntrica de la ley de Lealtad Comercial. Huelga decir que los costos para el país de permitirle a Moreno salirse con la suya por miedo a las consecuencias de oponérsele han sido enormes. El “supersecretario” ha provocado daños gravísimos en virtualmente todos los sectores. Aunque Cristina es la responsable principal del estado lamentable en que se encuentra la economía nacional, no cabe duda alguna de que ha sido mayúsculo el aporte de Moreno, el que, según parece, logró congraciarse con ella brindándole “soluciones” a un tiempo sencillas y contundentes a problemas muy complejos. Si bien los intentos oficiales por domesticar la Justicia “democratizándola” han causado alarma, tendrían resultados muy positivos si más jueces optaran por tomar en serio las denuncias que afectan no sólo a Moreno sino también a muchos otros funcionarios, incluyendo a la mismísima presidenta de la Nación. Debieron haber actuado así desde hace muchos años, pero demasiados, impresionados por la popularidad de Cristina y, como aquí es tradicional, conscientes de que podría perjudicarles manifestar un grado excesivo de respeto por la letra de la ley, casi todos decidieron que no les convendría desafiar al gobierno procurando fijarle límites, como suele ocurrir en los países calificados de “normales”. De haberlo hecho, no sólo el país sino también la presidenta y sus colaboradores pudieron haberse ahorrado muchos disgustos pero, por desgracia, aquí es “normal” que los jueces adopten una postura pasiva, cuando no permisiva, mientras haya motivos para prever que un gobierno determinado conservará el poder por muchos años más, para modificar radicalmente su actitud al difundirse la sensación de que un “ciclo” está acercándose a su fin. Así, pues, luego de tentar a los malhechores en potencia dándoles motivos para creerse impunes, el Poder Judicial, de producirse un cambio de clima, se transforma en un cuerpo vengativo resuelto a recuperar el prestigio perdido ensañándose con los “emblemáticos” de turno. Será de esperar que en adelante los jueces, aleccionados por décadas de experiencia, opten por una política de tolerancia cero frente a todos los abusos de poder, sin preocuparse por la eventual reacción de un mandatario coyunturalmente popular. Caso contrario, el mismo fenómeno cíclico seguiría repitiéndose, con consecuencias previsiblemente desastrosas para el país en su conjunto.
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