La Justicia incautó y devolvió dólares a un ahorrista con hijos enfermos

CIPOLLETTI y NEUQUEN (AC y AN).- A partir de una orden de la justicia Federal, Julia Mevoras y Félix Gómez, lograron que la sucursal Neuquén del Banco Río les entregara 54.000 dólares que tenían depositados para atender a sus dos hijos con graves problemas de salud. Desde ayer, los neuquinos están en la lista de los pocos ahorristas que logran saltar el corralito.

El matrimonio Gómez venía ahorrando desde hacía varios años para poder costear en Buenos Aires los tratamientos que demanda la enfermedad de Silvina (13), quien padece «dermatomiositis con calcificaciones», una enfermedad progresiva que la mantiene postrada en una silla de ruedas.

El año pasado se sumó el problema de Fernando (19), el segundo de los tres hijos de la pareja. Le detectaron que tenía el 80% de sus riñones inutilizados y que necesitaba someterse a diálisis para en una etapa posterior realizar un transplante.

Los Gómez creían que los 130 mil dólares que tenía ahorrados en el Banco Río, les permitirían garantizar un tratamiento adecuado a sus hijos. Pero el corralito financiero los desplomó.

Félix no sólo se había quedado sin traba- jo como ingeniero en petróleo sino que ade-más no podía utilizar los recursos que con tanto celo guardó, incluyendo la indemnización.

Como otros argentinos este matrimonio que vive en Neuquén inició acciones judiciales para tratar de destrabar los fondos.

Los trámites tuvieron sus marchas y contramarchas, hasta que ayer el juez Federal Guillermo Labate sacó una resolución para hacerle saber al banco que debía cumplir con la orden de entregar los fondos que Gómez tenía en caja de ahorro. Se trataba de 54.000 dólares.

Para cumplir con la medida, Labate le ordenó al secretario del juzgado Sergio Sánchez Heredia que se constituyera en el banco y que requiriera la entrega. «Ante la negativa del gerente se procedió al secuestro de los fondos que estaban en el tesoro», reveló ayer el abogado de la familia, Alberto García.

Labate confirmó que intimó al Banco Río para que le entregara el dinero a esta familia. Dijo que también ayer intimó a otra casa crediticia para que le devolviera 10.000 dólares a una jubilada y que la semana pasada hizo lo mismo con plazos fijos superiores a 100.000 pesos que estaban depositados en bancos con sede en Cipolletti.

El juez explicó que «como los bancos no entregan el dinero pese a que en el juzgado les hacemos lugar a los amparos, la vía es la intimación. Se presenta personal judicial y secuestra el monto correspondiente».

En todos los casos se trata de dólares billetes, es decir, los ahorros se devuelven en la moneda en que fueron hechos.

Labate añadió que en los últimos días recibió gran cantidad de recursos de amparo. Aquellos que vienen acompañados con documentación que certifican su necesidad de utilizarlos en forma urgente -en general por razones de salud- tienen una rápida resolución favorable.

Así se destrabó el caso de la familia Gómez. «Les dio un respiro a esta gente», dijo el abogado García. Con el dinero que recuperaron podrán adquirir un vehículo que tramitaron a través de una concesionaria (según la ley del discapacitado), que llegará para marzo. Esta camioneta, de piso bajo, les permitirá transportar a Silvina sin necesidad de que descienda de su silla de ruedas. Además, podrán continuar con el tratamiento que le realizan en el Hospital Italiano, en Buenos Aires.

Ahora seguirán la lucha por la otra parte del dinero, que quedó en plazo fijo. Los Gómez saben que Fernando tiene que comenzar con diálisis en no mucho tiempo, y que necesitan los fondos para ayudarlo.

Más de 2.600 casos esperan resolución judicial

BUENOS AIRES (DyN)- Más de 2.600 recursos de amparo contra el corralito bancario deberán resolverse desde el próximo viernes uno de febrero, cuando se reanude la normal actividad en los tribunales después de la feria de verano.

Además, se registró una avalancha de presentaciones judiciales ante la propuesta oficial para flexibilizar la entrega de dinero atrapado por el régimen restrictivo a enfermos, jubilados de más de 75 años e indemnizados por despido, indicaron fuentes tribunalicias.

Así, desde el pasado viernes y hasta el lunes se presentaron en la Cámara Contencioso Administrativo Federal casi 800 pedidos de medidas cautelares para que se atiendan casos extremos relacionados con temas graves de salud o de apremios económicos.

Las fuentes resaltaron que a lo largo de enero ya se habían hecho otras 1.320 para sortear el corralito.

La fila de abogados en la mesa de entradas de ese fuero desbordó a la cantidad de personal que trabaja en la feria judicial.

Pero a los amparos mencionados debe sumarse la mayor parte de otros 570 -entregados el 28 de diciembre pasado- que aún no fue tratada y espera respuesta urgente.

Una cuarentena de esos expedientes llegó a la instancia de la Corte Suprema. Y al resolver algunos de ellos, el alto tribunal avaló el corralito pero también dijo que debe permitirse la el libre retiro de dinero en los casos que se impongan «razones humanitarias» justificadas, recordaron los voceros. Entretanto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó que se permita el retiro de dinero a varias empresas que necesitan de insumos importados para fabricar elementos para tratamientos médicos.

Por su parte el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó a la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto de ley, ya sancionado por el Senado, que pesifica 1 a 1 las deudas de las personas que tomaron créditos hipotecarios con entidades no bancarias. Mondino dijo en un comunicado que se dirigió a la presidencia de la Cámara de Diputados para pedir nuevamente que «se corrija la desigualdad y los inconvenientes que se están produciendo en materia de prestaciones dinerarias originadas en contratos celebrados entre particulares no vinculados al sistema financiero».