La Justicia neuquina está bajo una fuerte presión

Gremios, funcionarios y abogados particulares hacen "lobby". La Asociación de Magistrados advirtió sobre las consecuencias.

NEUQUEN (AN)- El Poder Judicial neuquino viene siendo sometido a una fuerte serie de presiones. Algunas son públicas: en la calle los bombos y en los micrófonos los funcionarios, exigen que los jueces se pronuncien de determinada manera en sus sentencias. Otras son más solapadas: hay abogados que se introducen en los despachos para preguntar por causas en las que o son ajenos, o no está claro qué rol cumplen.

Como telón de fondo está el indisimulado intento del Poder Ejecutivo provincial por crear un Tribunal Superior de Justicia francamente amistoso a su política, señal clara de lo que espera el gobierno del Poder Judicial.

Inevitablemente mojados por el desprestigio que les llueve desde la Corte Suprema de la Nación, los magistrados locales no saben cómo hacer para pagar sólo las culpas propias y no cargar con las ajenas. En un ambiente de suspicacia, sienten que todos sus movimientos se analizan con el cristal de la desconfianza.

La situación es tan crítica que la Asociación de Magistrados, el gremio de los jueces, rompió el silencio. Afirmó que hay quienes «no vacilan en recurrir a los más variados, deliberados y organizados actos de presión desembozada a un magistrado o funcionario judicial, impidiéndole desarrollar su función con normalidad».

En un comunicado que emitió la semana pasada, también advirtió: «ningún sector político, social, sindical, económico o de cualquier otro tipo, puede creerse facultado para ejercer supremacía alguna sobre los demás».

El prudente lenguaje de la Asociación no señala a nadie en particular. Pero casos para mencionar, existen.

Visita «ilustre»

Jonhatan Miller es un prestigioso abogado estadounidense que hizo un estudio de la Corte Suprema. Hace tres años brindó a este diario, en un reportaje, definiciones que mantienen vigencia: «En Argentina hay una vieja tradición de ir a golpear a la puerta del juez para tener una entrevista privada. En Estados Unidos, si un abogado se reúne con un juez sin la otra parte presente es causa para un juicio político, es una violación de conducta muy muy fuerte».

Ese tipo de entrevistas son tan comunes (y legales) que no llaman la atención de nadie. Salvo cuando el que golpea la puerta del juez es un personaje tan notorio como Jorge Anzorreguy, hermano del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, pariente de uno de los jueces de la Corte y, según se dice, el hombre que conoce a todos los magistrados del país, o casi.

Jorge Anzorreguy tiene antiguos contactos con el MPN. La semana pasada entró al despacho del juez José Luis Cartolano, quien conduce una investigación muy sensible para el gobierno: la «causa de los bonos», que involucra a funcionarios del Ejecutivo con la financiera Argemofin, mencionada en la causa por lavado de dinero.

Dos fuentes judiciales, que trabajan en el mismo edificio que el juez Cartolano, confiaron a «Río Negro» la visita de Anzorreguy. Les llamó la atención que un personaje tan notorio bajara a la provincia, y lo vincularon con ese expediente.

El fiscal de la causa de los bonos, Pedro Telleriarte, dijo a este diario que no estaba enterado de esa visita y que no había sido notificado. No supo responder si Anzorreguy es abogado defensor de alguno de los imputados, o si está siquiera matriculado en la provincia para ejercer la profesión en Neuquén.

El juez Cartolano, por su parte, se excusó de dar información y sugirió: «pregúntele a las partes, ellas están enteradas de todo lo que hace este Tribunal, controlan todo». Cuando se le dijo que el fiscal no estaba notificado de esa visita, recomendó preguntarle otra vez.

Cartolano es un juez respetado entre sus pares, tiene fama de ser muy difícil de influenciar, y que reciba determinadas visitas no autoriza a ponerlo bajo sospecha. Su política de no informar prácticamente nada respecto de expedientes bajo investigación no se quebró ni siquiera en este caso.

Visita inesperada

Otra visita curiosa fue la que hizo el ex presidente del TSJ, Fernando Macome, al juez Alfredo Velasco Copello justo en el momento en que tenía que decidir si mantenía en prisión o excarcelaba al sindicalista Julio Fuentes. Sobre esto informó «Río Negro» en su momento.

Nunca se supo qué objetivo llevó a Macome hasta el despacho de Velasco. Algunos voceros sugirieron extraoficialmente que la excusa fue despedirse, porque -como se sabe- se jubiló a principios de diciembre. Si fue así, eligió una fecha cuanto menos inoportuna. También dijeron que a Velasco le molestó la visita pero que no encontró argumentos para rechazarla.

La sospecha surgió de inmediato: Macome obtuvo una jubilación de privilegio gracias a un decreto del gobernador Jorge Sobisch, cuya enemistad con Julio Fuentes es inocultable. Pero por otro lado, era el vocal del TSJ que mejor contacto tenía con el líder del sindicato judicial Jorge Izquierdo, un aliado de Fuentes.

Como en el caso de Anzorreguy, nadie informó oficialmente a qué se debió la visita. Quizá en ambos casos se evaluó que no era necesario, porque no había nada ilegal.

El comunicado de la Asociación de Magistrados afirma que «la confianza en la justicia nace del respeto que su actuación pueda merecer. Si infundadamente es sospechada de ser influenciada nadie va a resultar beneficiado».

Lo que resulta difícil en este momento es distinguir el límite entre la sospecha legítima y la infundada.

En aquella entrevista con «Río Negro», Miller dijo que el sistema judicial argentino es poco transparente. «Deja la sensación de que es una burocracia donde algo sucio debe estar pasando», fueron sus palabras.

Guillermo Berto

gberto@rionegro.com.ar


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