La marcha del 18F

El gobierno espera que “la marcha del silencio” programada para el 18 de febrero pase sin pena ni gloria, que la participación anunciada de muchos políticos opositores sirva para que el grueso de la ciudadanía le dé la espalda. En un esfuerzo por difundir la idea de que dirigentes como Mauricio Macri, Elisa Carrió y Sergio Massa se han propuesto aprovechar la conmoción provocada por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández dice que se trata de una “ruindad”, pero es poco probable que tales palabras ayuden a que la manifestación convocada por los fiscales resulte ser un fracaso. Siempre y cuando la fecha elegida, “18F”, no coincida con un diluvio realmente torrencial, es legítimo prever que la asistencia sea multitudinaria puesto que la muerte de Nisman ha tenido un impacto insólitamente fuerte porque a causa de ella se ha difundido el temor de que cualquier persona pueda caer víctima de la violencia política. Tal vez haya exagerado el fiscal de la Cámara Federal porteña Germán Moldes cuando advirtió que el país está regresando a la época en que “la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días”, pero la inquietud es palpable. Si bien no hay evidencia alguna de que Nisman haya sido asesinado por sujetos vinculados con el movimiento actualmente gobernante, el que fuera encontrado muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero poco después de acusar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de “encubrir” a los presuntos autores intelectuales del atentado contra la sede de la AMIA y en vísperas de acudir al Congreso para presentar pruebas de su denuncia ha sido más que suficiente para alimentar sospechas en tal sentido. En las semanas que han seguido a la muerte del fiscal en circunstancias aún misteriosas, la persona más responsable de asegurar que aumentaran los “costos políticos” que tanto preocupan al gobierno no resultó ser un dirigente opositor sino la presidenta Cristina misma. Parecería que se sintió abrumada por lo que había sucedido, pero entendió que no le convendría guardar silencio como hizo en otras oportunidades, razón por la que procuró brindar la impresión de estar a cargo de la investigación. En cuanto a los líderes de las diversas agrupaciones que conforman la oposición, por ser cuestión de un caso sumamente confuso se limitaron a manifestar el estupor que sintieron ante un acontecimiento difícilmente explicable. Quizá su reacción hubiera sido distinta si, como enseguida nos aseguraron ciertos oficialistas, estuvieran interesados en prestarse a una conspiración golpista, pero sucede que ninguno quiere que el gobierno caiga antes del día fijado por el calendario constitucional. Así y todo, con escasas excepciones los dirigentes opositores más relevantes han reivindicado su voluntad de participar “a título personal”, sin llevar banderas partidarias, en la marcha del 18F, atribuyéndola a su deseo de rendir homenaje a Nisman y manifestar su compromiso con la independencia de la Justicia. Es de suponer que tanto los fiscales que convocaron a la marcha como los referentes opositores que tienen la intención de asistir esperan que sea por lo menos tan concurrida como las manifestaciones a favor del campo en el 2008, pero parecería que nadie quisiera que tuviera consecuencias institucionales significantes, a menos que consistieran en una decisión harto improbable por parte del gobierno de modificar radicalmente su actitud frente a los jueces y fiscales. Sin embargo, de ser tan impresionante la marcha como algunos prevén, o de ocurrírseles a los militantes oficialistas más exaltados provocar desmanes, no habría forma de mantener bajo control las eventuales repercusiones de modo que sólo servirían para confirmar que el gobierno ha perdido la iniciativa y por lo tanto debería resignarse a manejar con cierta dignidad los meses finales de una prolongada gestión que ha perjudicado enormemente al país. Mucho –casi todo– dependerá de la reacción de Cristina ante lo que tomará por una protesta en contra de su propia persona. Cuando el entonces vicepresidente Julio Cobos hundió el proyecto oficial de retenciones móviles, Cristina, presionada por su marido, el expresidente Néstor Kirchner, pensó en abandonar la presidencia, pero se trata de una alternativa que, tal y como están las cosas, ya no la tentaría.

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