La ofensiva sindical

Redacción

Por Redacción

Puede entenderse la reacción indignada de los funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al paro nacional que acaba de celebrarse en todo el país. Desde mediados del siglo pasado los peronistas de todas las variantes nunca han vacilado en aprovechar el poder de “la rama sindical” de su movimiento para hostigar a gobiernos de otro signo, como los encabezados en su momento por los presidentes radicales Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, pero les cuesta reconocer la legitimidad de tales medidas de fuerza cuando la Casa Rosada se ve ocupada por un compañero o compañera. Así, pues, en principio tienen razón el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y otros voceros gubernamentales que calificaron de “extorsivo” el primer paro nacional que Cristina ha tenido que enfrentar, ya que no cabe duda de que los responsables de organizarlo, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, propenden a anteponer sus propias prioridades personales y sectoriales a la defensa de los intereses de los trabajadores, pero mal que les pese a los estrategas oficialistas, el gobierno ya tiene un motivo adicional para sentirse muy preocupado por lo que está sucediendo en el país. A dos semanas de las manifestaciones masivas del 8N que fueron protagonizadas mayormente por integrantes de la clase media, se vio ante el desafío, de connotaciones aún más graves, que le han planteado sectores importantes de la clase obrera organizada. El gobierno aún no ha conseguido entender el significado del revés político que le ha ocasionado la pérdida del apoyo de franjas significantes de la clase media que habían contribuido al triunfo de Cristina en las elecciones del año pasado, pero ya corre el riesgo de verse abandonado por una proporción creciente de la clase obrera. Asimismo, en esta oportunidad por lo menos, parecería que la gente “bien vestida” denostada por los militantes kirchneristas y los trabajadores afiliados a los sindicatos rebeldes se oponen al gobierno por motivos que son muy similares. Tanto Moyano como los manifestantes de los barrios porteños más prósperos han protestado contra la soberbia que atribuyen a Cristina, o sea, contra un estilo político que hasta hace poco resultaba tolerable pero que en la actualidad es considerado urticante. Si sólo fuera cuestión de ciertas medidas determinadas, al gobierno le sería relativamente fácil reconciliarse con quienes le están dando la espalda, pero a esta altura no le sería del todo fácil modificar su forma de actuar. Desde el punto de vista de los sindicalistas, la huelga general fue “exitosa” porque se paralizaron muchas actividades aunque, de más está decirlo, millones de personas pudieron seguir trabajando normalmente, pero según otros criterios este paro nacional, como todos los anteriores, fue un fracaso rotundo ya que es virtualmente nula la posibilidad de que el gobierno nacional les conceda lo que reclamaban. Si bien es de suponer que a Cristina le encantaría poder universalizar las asignaciones familiares, saldar todas las deudas del Estado con las obras sociales sindicales, dejar de cobrar el Impuesto a las Ganancias, otorgar a todos los jubilados un “aumento de emergencia” y tomar otras medidas parecidas, sencillamente no está en condiciones de hacerlo. Si procurara conformar así a los sindicalistas, las consecuencias económicas de tamaño alarde de “generosidad” serían tan negativas que millones de trabajadores se encontrarían entre los perjudicados; además de ver subir a un ritmo más rápido el costo de vida, muchos perderían sus empleos. Al fin y al cabo, la inflación “de supermercado” ya está causando estragos en los presupuestos familiares y, según el Indec, el índice de desocupación está subiendo; si para apaciguar a los sindicalistas el gobierno aumentara aún más el gasto público y redujera drásticamente la presión impositiva, la espiral inflacionaria resultante sería incontrolable. Con todo, puesto que, una vez en pie de guerra, sindicalistas como Moyano no suelen preocuparse por el eventual impacto negativo de las medidas que impulsan, es más que probable que el paro de ayer se vea seguido por otros aún más “exitosos”, lo que garantizaría que la crisis económica que ya está sufriendo el país pronto adquiriera dimensiones peligrosas.


Puede entenderse la reacción indignada de los funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al paro nacional que acaba de celebrarse en todo el país. Desde mediados del siglo pasado los peronistas de todas las variantes nunca han vacilado en aprovechar el poder de “la rama sindical” de su movimiento para hostigar a gobiernos de otro signo, como los encabezados en su momento por los presidentes radicales Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, pero les cuesta reconocer la legitimidad de tales medidas de fuerza cuando la Casa Rosada se ve ocupada por un compañero o compañera. Así, pues, en principio tienen razón el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y otros voceros gubernamentales que calificaron de “extorsivo” el primer paro nacional que Cristina ha tenido que enfrentar, ya que no cabe duda de que los responsables de organizarlo, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, propenden a anteponer sus propias prioridades personales y sectoriales a la defensa de los intereses de los trabajadores, pero mal que les pese a los estrategas oficialistas, el gobierno ya tiene un motivo adicional para sentirse muy preocupado por lo que está sucediendo en el país. A dos semanas de las manifestaciones masivas del 8N que fueron protagonizadas mayormente por integrantes de la clase media, se vio ante el desafío, de connotaciones aún más graves, que le han planteado sectores importantes de la clase obrera organizada. El gobierno aún no ha conseguido entender el significado del revés político que le ha ocasionado la pérdida del apoyo de franjas significantes de la clase media que habían contribuido al triunfo de Cristina en las elecciones del año pasado, pero ya corre el riesgo de verse abandonado por una proporción creciente de la clase obrera. Asimismo, en esta oportunidad por lo menos, parecería que la gente “bien vestida” denostada por los militantes kirchneristas y los trabajadores afiliados a los sindicatos rebeldes se oponen al gobierno por motivos que son muy similares. Tanto Moyano como los manifestantes de los barrios porteños más prósperos han protestado contra la soberbia que atribuyen a Cristina, o sea, contra un estilo político que hasta hace poco resultaba tolerable pero que en la actualidad es considerado urticante. Si sólo fuera cuestión de ciertas medidas determinadas, al gobierno le sería relativamente fácil reconciliarse con quienes le están dando la espalda, pero a esta altura no le sería del todo fácil modificar su forma de actuar. Desde el punto de vista de los sindicalistas, la huelga general fue “exitosa” porque se paralizaron muchas actividades aunque, de más está decirlo, millones de personas pudieron seguir trabajando normalmente, pero según otros criterios este paro nacional, como todos los anteriores, fue un fracaso rotundo ya que es virtualmente nula la posibilidad de que el gobierno nacional les conceda lo que reclamaban. Si bien es de suponer que a Cristina le encantaría poder universalizar las asignaciones familiares, saldar todas las deudas del Estado con las obras sociales sindicales, dejar de cobrar el Impuesto a las Ganancias, otorgar a todos los jubilados un “aumento de emergencia” y tomar otras medidas parecidas, sencillamente no está en condiciones de hacerlo. Si procurara conformar así a los sindicalistas, las consecuencias económicas de tamaño alarde de “generosidad” serían tan negativas que millones de trabajadores se encontrarían entre los perjudicados; además de ver subir a un ritmo más rápido el costo de vida, muchos perderían sus empleos. Al fin y al cabo, la inflación “de supermercado” ya está causando estragos en los presupuestos familiares y, según el Indec, el índice de desocupación está subiendo; si para apaciguar a los sindicalistas el gobierno aumentara aún más el gasto público y redujera drásticamente la presión impositiva, la espiral inflacionaria resultante sería incontrolable. Con todo, puesto que, una vez en pie de guerra, sindicalistas como Moyano no suelen preocuparse por el eventual impacto negativo de las medidas que impulsan, es más que probable que el paro de ayer se vea seguido por otros aún más “exitosos”, lo que garantizaría que la crisis económica que ya está sufriendo el país pronto adquiriera dimensiones peligrosas.

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