La otra privatización del Estado
ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar
Las privatizaciones de empresas de servicios públicos que tuvieron lugar en los 90, respondiendo a los lineamientos del Consenso de Washington, han sido denostadas por obedecer a una filosofía conservadora y “neoliberal”. Han corrido ríos de tinta para señalar los perniciosos efectos de aquellas políticas. Sin embargo, sus detractores olvidan otra forma de privatización del Estado que ha tenido lugar bajo los regímenes populistas y que hoy adquiere renovados bríos en países como Venezuela y Argentina. Las privatizaciones que tuvieron lugar durante el gobierno de Menem en la Argentina han sufrido general escarnio, básicamente por la forma en que fueron efectuadas. Muchas empresas cayeron en manos de “capitalistas amigos” o grupos multinacionales, los servicios mejoraron pero los precios se dispararon aprovechando las posiciones monopólicas que no fueron eliminadas. No ha sido el caso de España, donde las privatizaciones dieron lugar a poderosas firmas multinacionales, como Repsol, Telefónica, BBVA, etc. que han demostrado enorme capacidad de expansión en otros mercados por la forma eficiente en que fueron organizadas. En Brasil, para poner ejemplos más cercanos, empresas como Petrobras y Embraer han demostrado que las privatizaciones bien hechas pueden resultar exitosas. Si tomamos el caso de Aerolíneas Argentinas como elemento de contraste, comprobaremos que con independencia de la forma de propiedad –pública o privada– la cuestión central radica en el modo de organización. Cuando las empresas están organizadas eficientemente, obtienen rentabilidad y están debidamente gestionadas, garantizan su supervivencia. De lo contrario, al estar cooptadas por grupos corporativos, se convierten en un pesado lastre para los presupuestos del Estado, como acontece actualmente con Aerolíneas Argentinas, que pierde alrededor de tres millones de dólares diarios que terminan siendo enjugados con los impuestos que pagan todos los argentinos, aun los que no vuelan. Estos ejemplos demuestran que el eje de los debates sobre la propiedad pública o privada de las empresas de servicios públicos han estado siempre mal situados y que la cuestión clave consiste en conseguir una gestión profesional, liberada de las servidumbres políticas a las que siempre estuvieron sometidas esas empresas. Justamente, el propósito original y bastante razonable de privatizarlas obedecía al deseo de liberarlas de los grupos que las vampirizaban, empresarios contratistas del Estado (“la patria contratista”), corporaciones sindicales que obtenían privilegios desmesurados o políticos que incorporaban nutridas clientelas políticas y hasta familiares y amigos. El debate sobre la forma de propiedad de las empresas de servicios públicos está inextricablemente ligado al debate más amplio sobre el rol del Estado. Todavía hay partidos políticos y amplios grupos de ciudadanos que defienden con entusiasmo la presencia expansiva del Estado, como se ha comprobado con el fervor nacionalista con que fue recibida la expropiación-confiscación de YPF. Pero a poco de andar, la realidad viene demostrando que el problema no reside en la forma de propiedad, sino en el modo de gestión –eficaz o ineficaz– de las empresas implicadas. Si ahora enfocamos el problema desde otro ángulo, comprobaremos que quienes asumen la defensa de “lo estatal”, de manera contradictoria, están abogando por otra forma de privatización, tanto o más desafortunada que las famosas privatizaciones de los años 90. Se trata de la apropiación privada de la totalidad del Estado, es decir de toda su estructura administrativa y de sus recursos, para ponerlos al servicio de una fracción política. Esta privatización de lo público, que se hace de forma abrumadora y todos los días en Argentina y algunos otros países populistas de la región, es tan ineficiente como la otra, con la agravante que altera radicalmente la competencia democrática, hasta hacerla irreconocible. En Venezuela, por ejemplo, el candidato opositor Enrique Capriles ha venido denunciando el “desbalance total en la utilización de los medios públicos que pagan todos los venezolanos para favorecer una parcialidad política”. Mientras que el candidato chavista Nicolás Maduro ha aparecido más de 46 horas en VTV desde que asumió el cargo tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo –de las cuales casi 11 horas en cadenas– sólo poco más de un minuto de este medio se dedicó a transmitir los actos electorales de la oposición. El gobierno venezolano no sólo tiene el control del poder político sino también del poder económico porque controla la actividad petrolera, la de gas y la de minas, y más de 1.400 empresas pasaron del sector privado al Estado por las expropiaciones. Esta enorme concentración de poder en manos de un partido, cuando no hay transparencia ni forma de controlarla, equivale a una privatización del Estado por vías de una apropiación de hecho que tiene lugar a favor de una fracción partidaria. En la Argentina, la apropiación de reparticiones enteras del Estado por “La Cámpora”; el uso abusivo de la cadena nacional para difundir propaganda oficial –Argentina es el único país en el mundo donde la presidenta inaugura emprendimientos privados por la TV oficial–; el empleo de los planes “Trabajar” para alimentar clientelas políticas; el otorgamiento de “becas” a los amigos del poder y decenas de formas abusivas del uso de los bienes del Estado, demuestran que asistimos a un proceso creciente de privatización de los recursos públicos. Otra manifestación de este fenómeno es la utilización partidista de la solidaridad, como ahora se verifica en La Plata, en los centros donde la agrupación Unidos y Organizados reparte donaciones para los damnificados por la inundación. Una forma de solidaridad que recuerda el modo de gestión de la solidaridad que en los 50 se hacía a través de la Fundación Eva Perón. En definitiva un trade-off, un intercambio de solidaridad por adhesión política. Esta otra forma de privatización de lo público es tanto o más perjudicial para la sociedad que las denostadas privatizaciones de los años 90. Lo que revela que el nuevo envase kirchnerista del peronismo contiene en su interior un producto de la misma densidad ética que contenía el envase menemista del peronismo de los noventa. La retórica es diferente, pero la práctica sigue atada a la misma frustrante rutina.
