La pobreza en Argentina y América Latina: todavía falta
Los indicadores reflejan avances en la lucha contra la desigualdad, pero millones aún no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Las políticas activas aplicadas en la última década permitieron reducir notablemente la pobreza y la indigencia. Sin embargo, en la Argentina más del 18% siguen siendo pobres.
AVANCES Y MATERIAS PENDIENTES EN LA POLÍTICA SOCIAL
“La falta de libertad económica, en forma de extrema pobreza, puede hacer de una persona víctima indefensa de la violación de otros tipos de libertad, como falta de libertad social, de la misma forma que la falta de libertad social o política también puede fomentar la falta de libertad económica”. Amartya Sen¹
El pensamiento esbozado por el ilustre economista y premio nobel de la India radica en la necesidad de abordar la pobreza con una mirada integradora que contemple la totalidad del flagelo y genere soluciones estructurales a largo plazo.
Se sustenta, además, en la realidad que indica que la distribución de la riqueza a nivel global tiende a empeorar y no existen indicios de que ello se modifique en el mediano plazo de sostenerse la actual configuración de la economía mundial. Ello genera cada año un incremento de la desigualdad y la pobreza, que afectan a miles de millones de personas.
Según un informe publicado esta semana por la ONG Oxfam sobre la base de datos del Credit Suisse, el 50% de la riqueza global se encuentra en manos del 1% de la población, mientras que la otra mitad se reparte entre el restante 99% de los habitantes del planeta. Según la organización, que lucha a nivel global contra la pobreza, una de cada tres personas en el mundo vive en esa condición. El informe indica, además, que la riqueza del 1% más rico de la población del planeta alcanza a 110 billones de dólares, suma 65 veces mayor que la riqueza en manos del 50% más pobre de la población mundial. Las cifras estremecen.
Difícilmente sea el mismo sistema de acumulación capitalista que generó tales desigualdades el que por sí solo provea la salida a las mismas. Es por ello que encontrar políticas de Estado que permitan combatir la desigualdad y la pobreza es materia necesaria y urgente de los gobiernos nacionales.
En América Latina se ha producido, durante los últimos doce años, un sostenido proceso de reducción de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, éstas parecen haber encontrado un piso difícil de perforar desde el 2012 y en los últimos dos años la cantidad de pobres ha comenzado a elevarse de manera lenta pero preocupante. Así surge del estudio titulado “Panorama social de América Latina” publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) a fines del 2014. De acuerdo con dicho informe, en el 2002 en América Latina había 225 millones de pobres y 99 millones de indigentes. Esa cantidad se redujo hasta llegar a los 167 millones de pobres y 71 millones de indigentes en el 2014.
Es inevitable asociar tal reducción de la pobreza con las políticas que los países de la región han aplicado durante la última década en busca de reducir las profundas desigualdades que históricamente afectaron al continente.
Argentina no permaneció ajena a ese proceso en la última década y todas las estadísticas (oficiales y alternativas) dan cuenta de una formidable mejora de los indicadores sociales en el quinquenio 2003-2007. Desde que fue intervenido el Indec, en el 2007, los números ostentan serias discrepancias según quién los elabore.
A continuación, un breve análisis de las distintas mediciones de pobreza e indigencia según ingresos en la Argentina y una visión alternativa para la cuantificación del flagelo que arroja importantes resultados para nuestro país y el continente.
Pobreza según ingresos
La dificultad que implica cuantificar la escasez y las necesidades insatisfechas requiere un riguroso trabajo estadístico a fin de encontrar una medida universal, contrastable y comparable entre distintos momentos del tiempo y diferentes puntos geográficos.
Es por ello que todas las mediciones tradicionales de pobreza e indigencia, tanto la oficial como las realizadas por distintas universidades, organismos no estatales o consultoras privadas, utilizan los ingresos familiares o personales como parámetro para encuadrar como pobres a las familias y a sus integrantes. Subyace en este criterio el concepto de mercado, en el cual los individuos utilizan el dinero con que cuentan para adquirir una canasta de bienes y servicios que, a su vez, sirve para la satisfacción de sus necesidades. Se trata sin dudas de una medida no sólo indirecta sino absolutamente incompleta de un flagelo que atraviesa a las personas mucho más allá de su capacidad de generar recursos. No obstante ello, sigue siendo la manera más sencilla de comprobar si un individuo tiene cubiertas sus necesidades básicas, al ser los ingresos un número cotidiano para las personas y medianamente fácil de relevar.
El método consiste en establecer una canasta básica alimentaria (CBA) que delimita la “línea de la indigencia” y una canasta básica total (CBT) que establece la “línea de la pobreza”.
Tal lo antedicho, las distintas mediciones en nuestro país coinciden en remarcar una formidable reducción de la pobreza y la indigencia entre el 2003 y el 2007. Según el Indec, en el 2003 la pobreza alcanzaba al 47,8% de los hogares y la indigencia, al 20,5%. En el 2007 la medición llegaba al 20,6 y el 5,9%, respectivamente. Según el Centro de Información y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la central obrera CTA, la pobreza afectaba al 49,7% de los hogares y la indigencia al 22,8% en el 2003 y bajaron al 27,2 y el 8,1%, respectivamente, en el 2007.
Esos resultados se encuadran en una economía que salía de la peor crisis de su historia, se recuperaba con altas tasas de crecimiento y creaba, a la vez, miles de puestos de trabajo. No es posible cuantificar qué proporción de estas mejoras es asignable al rebote natural de una economía que se recupera de semejante crisis y cuánto al éxito de las políticas activas aplicadas.
La intervención del Indec en el 2007 derivó en que, al subestimar el crecimiento en el nivel general de precios, la CBA y la CBT calculadas por el organismo también fueran subestimadas, lo que indirectamente sesgó hacia abajo el cálculo oficial de pobreza e indigencia. Desde ese año las mediciones no oficiales presentan una importante brecha con los datos del Indec.
Pese a ello, salvando las diferencias producto de la brecha entre las estimaciones oficiales y las alternativas, si se observa la infografía resulta evidente que los avances en cuanto a la reducción de la pobreza y la indigencia son cualitativos sea cual fuere la estimación utilizada.
Los últimos datos disponibles indican que hacia fines del 2013 la pobreza llegaba al 3,5% según Indec, al 18,2% de acuerdo con el Cifra y al 25,6% según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina. La indigencia alcanzaba al 1,2, el 4,4 y el 5,1%, respectivamente.
El cuadro vuelve a coincidir con el momento de la macroeconomía nacional. La dificultad para reducir la pobreza por debajo del 20% coincide con un período de menores tasas de crecimiento y con la aparición del cepo cambiario que terminó acelerando la inflación y golpeando indirectamente sobre los que menos tienen. El lanzamiento de la asignación universal por hijo desde el 2009 fue clave para que el impacto sobre la pobreza no fuera aún mayor.
Es preocupante la interrupción del relevamiento oficial sobre pobreza a fines del 2013, ya que no se trata de una mera estadística sino de un marco de referencia para establecer potenciales políticas que sirvan a la erradicación de las desigualdades.
Sea que se tome como válida la estimación del ODSA, que ofrece el ratio más elevado, o la del Cifra, una medición intermedia, los niveles de pobreza actuales siguen siendo significativos. Los datos indicarían que, si nada hubiera cambiado desde fines del 2013, uno de cada cuatro argentinos vive en la pobreza. Una realidad cruda que requiere acciones concretas e inmediatas.
Pobreza Multidimensional
Volviendo a la reflexión acerca del criterio de medición de la pobreza sobre la base de los ingresos, su inconsistencia es reconocida por todos los especialistas en la materia en todo el mundo.
Está claro que cuantificar sólo la incapacidad de obtener los recursos suficientes para adquirir una canasta teórica de bienes y servicios que permitan la subsistencia dista mucho de constituir un verdadero reflejo de la totalidad de las carencias que sufren quienes viven sumidos en la pobreza. Tales privaciones se relacionan en verdad con un cúmulo de derechos humanos y sociales que hacen al desarrollo del individuo como persona y que lejos están de ser sólo monetarios.
Los nuevos desarrollos en materia de lucha contra la desigualdad denominan esta visión de la problemática como “pobreza multidimensional”, en referencia a las distintas aristas desde las cuales debe abordarse el flagelo y sobre las que debiera apoyarse una correcta medición respecto de la cantidad de personas alcanzadas.
No existen numerosos índices con tales características. Por tal motivo, el trabajo realizado por la Cepal, en colaboración con la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) y presentado en el informe citado, cobra un gran valor. Se trata de una medición inédita denominada “índice de pobreza multidimensional” (IPM), que incorpora a la vez dimensiones monetarias y no monetarias en busca de reducir el error de inclusión y exclusión en la identificación de las personas pobres. El indicador otorga una ponderación a las distintas dimensiones de la pobreza estableciendo un umbral “k” que hace las veces de “línea de la pobreza”.
Las dimensiones consideradas son, entre otras, empleo, acceso a la vivienda, nivel de educación, rezago escolar, acceso a fuentes de agua, acceso a saneamiento, acceso a energía, acceso a cobertura de salud e ingresos.
El IPM refleja de manera mucho más abarcativa y acabada la realidad social de cada país y ofrece una valiosa herramienta a la hora de generar políticas de contención.
Los resultados, que pueden observarse en la infografía, muestran que considerando la multidimensión del flagelo, la reducción de la pobreza en América Latina es aún más significativa. Si bien ello se da en todos los países del continente, existe un grupo que se destaca por la magnitud de la caída en la tasa de pobreza multidimensional. El caso más destacado es el de Bolivia, que según el IPM redujo la tasa de pobreza del 84 al 58% de su población entre el 2005 y el 2012. En el mismo período, la pobreza pasó del 62 al 37% en Perú, del 65 al 50% en Paraguay, del 46 al 31% en Ecuador, del 32 al 19% en Venezuela y del 28 al 14% en Brasil.
El caso de la Argentina sorprende tanto por la magnitud de la caída en la tasa de pobreza como por ser el segundo país con la menor pobreza multidimensional en todo el continente, sólo por detrás de Chile; en el período analizado, la pobreza en nuestro país se redujo 3,75 veces al pasar del 30% en el 2005 al 8% en el 2012.
Conclusiones
La comparación de los indicadores tradicionales sobre pobreza e indigencia en nuestro país con una novedosa herramienta como el IPM de la Cepal requiere sencillamente equilibrio, tomando de cada uno aquellas cosas que sirvan para obtener una noción lo más acabada posible de la realidad.
Es evidente que el IPM significa un avance conceptual en la mirada y ofrece conclusiones bastante más cercanas a la objetividad que una simple medición de ingresos.
Pero sería ingenuo no considerar una medición que indica que una cuarta parte de los hogares argentinos no reúne los ingresos necesarios para adquirir todos los meses una canasta básica de bienes que satisfaga sus necesidades.
Por otra parte, la medición propuesta por la Cepal no ofrece continuidad en el tiempo ni datos recientes y, en particular, no existe una medición semejante al interior del país, lo que permitiría obtener conclusiones respecto de la multidimensión de la pobreza en cada región o provincia.
Es necesario, entonces, reconocer el avance producido en la Argentina durante la última década en materia de acceso a derechos, a educación, salud y servicios, teniendo en cuenta además el incremento que por distintas vías experimentaron los ingresos públicos en el período analizado, lo que permitió al Estado aplicar políticas activas al respecto.
Ello no implica desconocer que siguen siendo materia pendiente nuevas políticas activas que permitan el acceso al trabajo y a la generación de ingresos en las capas más vulnerables de la sociedad.
(1) Cita del libro “Desarrollo y libertad” (Editorial Planeta, 2000)
Diego Penizzotto
diegopenizzotto@rionegro.com.ar
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