La primera caída

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La campaña judicial que se ha desatado contra el corralito -campaña que se basa en principios éticos y jurídicos impecables combinados con un sentido de la realidad nada mundano- ya ha cobrado su primera víctima: el Scotiabank Quilmes, institución que fue suspendida «transitoriamente» por orden del Banco Central pero que bien podría optar por cortar por lo sano y abandonar el país. No hay que decir que sorprendería que el Scotiabank resultara ser la última víctima del desbarajuste fenomenal que se ha producido. A menos que el gobierno logre frenar muy pronto la sangría diaria supuesta por los recursos de amparo, otros bancos caerán al negarse las casas matrices respectivas a enviarles el dinero suficiente como para mantenerlos funcionando, desencadenado de esta forma el tan temido colapso bancario en cascada que depauperaría a millones más y que tendría consecuencias devastadoras para lo que aún queda del sector privado. Es de suponer que no ha sido el propósito de los jueces que están esforzándose por deshacer el corralito provocar tamaño desastre y es claro que tienen el derecho a insistir en que su trabajo se limita a interpretar la ley mientras que al gobierno le corresponde manejar la economía sin violar las reglas vigentes, pero no es probable que tales razones sirvan de consuelo para los perjudicados que, andando el tiempo, podrían incluir al grueso de sus compatriotas.

Puede decirse lo que uno quiera sobre la decisión de los dueños canadienses del Scotiabank de rehusar anteponer los intereses de los depositantes argentinos a su resistencia muy comprensible a arriesgarse enviando dinero a un país que, gracias a la voracidad insaciable de sus dirigentes, se las ha arreglado para transformarse en un agujero negro financiero y que aún no ha comenzado a reaccionar con seriedad ante la crisis que está devorándolo, pero desde hace meses es sabido que no todas las sucursales locales de bancos extranjeros iban a contar con el respaldo pleno de los propietarios que, como es natural, tratarían de presionar al gobierno para que pusiera fin a la situación aberrante actual. Justificable o no tal postura, ningún político, funcionario o juez argentino está en condiciones de modificarla, de suerte que nos convendría tomarla en cuenta.

De todos modos, a causa de su propia inepcia y de la situación casi surrealista que ha sido planteada por la incapacidad evidente de los líderes de un país en crisis «terminal» de salir del laberinto político-jurídico que la clase dirigente, sector que abarca tanto a los políticos como a los jueces, le ha creado, el gobierno se ve frente al peligro no sólo de un desplome bancario generalizado, el que constituiría una calamidad sin atenuantes, sino también de que en las semanas próximas surja una nueva marejada hiperinflacionaria ocasionada por el deseo mayoritario de cambiar pesos por dólares antes de que sea demasiado tarde intentarlo. Es que además de afectar cruelmente a los depositantes, el colapso del Scotiabank ha socavado todavía más -si aún fuera posible hacerlo- la confianza de la ciudadanía en la gestión del presidente Eduardo Duhalde que, un día antes, había desautorizado al ministro de Economía Jorge Remes Lenicov negándose a firmar un decreto de necesidad y urgencia ya preparado que, tal vez, hubiera salvado al banco cuyas operaciones acaban de suspenderse. Recuperar la fe de «la gente» no tanto en la fortaleza del sistema bancario -objetivo que por motivos obvios requeriría bien largos años de estabilidad o bien la creación de una banca offshore-, cuanto en la capacidad del gobierno para manejar una crisis que se le está escapando de las manos, se ha convertido en una prioridad. A menos que Duhalde y sus acompañantes consigan obrar con el mínimo imprescindible de coherencia y firmeza, los reveses supuestos por la clausura acaso transitoria de un banco de capitales canadienses por falta de liquidez, el deterioro repentino de la relación del país con el FMI y la subida más reciente del dólar habrán marcado el inicio de una etapa nueva de una crisis que no podría sino agravarse cada vez más, a una velocidad creciente, de difundirse la convicción de que el gobierno, no obstante su amplio apoyo parlamentario, sencillamente no está en condiciones de actuar con lucidez y autoridad.