La primera cita

A virtualmente todos los expresidentes les toca pisar tribunales, de suerte que no motivó mucha sorpresa la decisión del juez Claudio Bonadio de citar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner por su presunto papel en la venta de dólares a un precio baratísimo en el mercado de futuros de Nueva York, una operación que, se estima, costó al Banco Central casi 8.000 millones de pesos, ya que virtualmente nadie ignoraba que la moneda nacional se vería devaluada por el próximo gobierno aun cuando lo encabezara el kirchnerista Daniel Scioli. En opinión no sólo del juez Bonadio sino también del extitular del Banco Central y actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, fue una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado nacional emprendida por uno de sus sucesores, Alejandro Vanoli, y el exministro de Economía Axel Kicillof, con la connivencia necesaria de Cristina que, por cierto, no tenía la costumbre de permitir que sus subordinados actuaran conforme a sus propios criterios. De todos modos, según los convencidos de estar ante un delito, la venta masiva de dólares a futuro no fue otra manifestación de heterodoxia por parte de los miembros del equipo económico kirchnerista sino una estafa perpetrada en beneficio de algunos, además de servir para armar otra “bomba de tiempo” que el gobierno siguiente tendría que desactivar. En su defensa, Cristina podría señalar que no es una financista y que por lo tanto es poco razonable acusarla de responsabilidad por una operatoria tan complicada como la aludida, pero a Vanoli, Kicillof y otros exfuncionarios que sí sabían muy bien los riesgos de lo que hacían no les será dado asumir una postura similar. Con todo, aun cuando la expresidenta logre salir ilesa de la causa del dólar a futuro, sólo se trata de la primera de una serie muy larga, ya que hay muchas otras, algunas sumamente graves, que tendrá que enfrentar en los meses y años próximos. De acuerdo común, la más peligrosa desde su punto de vista, y la de su hijo Máximo, es la planteada por sus negocios hoteleros en Santa Cruz que, según denuncian la diputada Margarita Stolbizer y otros, usó para lavar los millones de dólares que consiguió ilegítimamente con la colaboración del contratista Lázaro Báez. Asimismo, aunque el juez Norberto Oyarbide se encargó de archivar hace años la causa por enriquecimiento ilícito que se formuló contra Néstor Kirchner y su esposa, Stolbizer espera reabrirla; de prosperar el intento, sería una pésima noticia para la expresidenta, ya que no le sería del todo fácil explicar cómo adquirió su fortuna abultada actual. También es probable que se vea obligada a contestar preguntas incómodas relacionadas con la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, de Alberto Nisman y la denuncia por encubrimiento a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA que el fiscal había preparado. Para hacer frente a la ola de causas que se le vendrá encima, Cristina no podrá depender de la astucia de los abogados. Tampoco podrían ayudarla mucho los jueces y fiscales que, durante años, frenaban las investigaciones que le preocupaban. Son tantas las irregularidades, para emplear el eufemismo habitual, que cometió la expresidenta en el transcurso de la “década ganada” que no le quedará más alternativa que la de procurar movilizar a sus simpatizantes para que le brinden la protección política que necesitará. A través de los medios sociales, militantes que le son fieles de La Cámpora ya han comenzado a advertir que “si la tocan a Cristina” organizarán manifestaciones públicas más tumultuosas que las que siguen celebrándose en defensa de la jujeña Milagro Sala. Hace apenas tres meses, muchos, incluyendo tal vez, a Cristina misma, aún suponían que conservaría el poder político suficiente como para asegurarle un periodo de tranquilidad mientras esperaba la caída del gobierno del presidente Mauricio Macri, pero parecería que sobreestimaban la capacidad de “resistencia” del kirchnerismo más duro. Por lo demás, si bien sólo algunos expertos en finanzas entenderán el caso de los dólares a futuro, en los relacionados con actos flagrantes de corrupción lo que está en juego es tan evidente que ni siquiera los camporistas más fanatizados podrían intentar justificar lo hecho por Cristina con argumentos políticos o ideológicos.