La rebelión policial no ha terminado

El aumento que se apuró a anunciar el gobierno de Arabela Carreras no hizo aflojar la presión. Hace siete años un conflicto similar se extendió con protestas radicalizadas.

La rebelión de los policías de la provincia de Buenos Aires llenó de valor a sus colegas rionegrinos. El gobierno de Arabela Carreras quiso evitar el endurecimiento de una protesta que fue más numerosa en el Alto Valle y anunció un aumento salarial para la fuerza, pero todo indica que el conflicto no está superado.

En 2013 el gobierno provincial debió ceder ante una protesta que había escalado hasta con quema de cubiertas en Viedma y en Bariloche. Gastón Pérez Estevan ya estaba en Seguridad, pero por debajo del ministro, que era el peronista Oscar Albrieu.

La Policía de Río Negro tiene desde hace tres años un efectivo de la fuerza como jefe, Daniel Jara, que aun retirado continúa en su puesto. Cortó un largo período de liderazgos civiles.

Jara asumió luego de que fuera asesinado en Bariloche el oficial Lucas Muñoz. Visto ahora en perspectiva, la impunidad de este brutal crimen (desapareció cuando se dirigía a trabajar en la comisaría 42ª y su cadáver apareció 27 días después en esa misma zona de la ciudad) no formó nunca parte de ningún reclamo de policías. Tampoco el Estado levanta el pedido de esclarecimiento como bandera.

Hay, en el caso Muñoz, un evidente pacto de silencio, muy parecido al que se mantiene con la desaparición del trabajador salteño Daniel Solano en 2011 en Choele Choel. Siete policías fueron condenados pero, como la sentencia no está firme, siguen en libertad. El cuerpo nunca apareció.

El conflicto por la ocupación de tierras estatales y privadas por parte de un grupo de jóvenes mapuches en Villa Mascardi tampoco desapareció de una semana a otra.

Entre 2015 y 2019 se incorporaron más de 1.000 efectivos a la fuerza, lo que significó un salto del 13%, superior al 6% que se registró en el área de Salud, cuyo personal (todos deberían entenderlo ahora, con la pandemia) es vital cuando hay que salvar vidas.

Una protesta con las armas que el Estado otorga como dueño del monopolio de la fuerza se parece más a una amenaza que a un reclamo. Esta vez el gobierno provincial se apuró a otorgar un aumento salarial que hará crecer en tres puntos el peso de los sueldos del Estado dentro del gasto total en personal. El gobierno de Arabela Carreras dispuso que el salario mínimo de bolsillo fuera de 40.000 pesos y lo anunció con tono de solución, pero voceros de los policías reclaman 70.000 de básico y las protestas no cesaron.

Bajo la alfombra

No desaparece porque se deje de hablar otro de los conflictos abiertos en la provincia, el que mantiene en vilo a un sector de Villa Mascardi. Luego de dos semanas de tensión, nada ha cambiado en ese paraje ubicado al sur de Bariloche.

La gobernadora Carreras puso el cuerpo y la fuerza del Estado para evitar que una protesta contra la ocupación de un grupo de personas que reivindican su derecho mapuche a dominar terrenos estatales y privados terminara en un enfrentamiento.

Los mapuches identificados como Lof Winkul Mapu están más aislados que nunca. Reclaman diálogo a un Estado que no reconocen y avanzan sobre los terrenos de una franja que no tiene más de 2 kilómetros, donde hay propiedades de familias de Buenos Aires y algunos campamentos de verano, incluso uno del Obispado de San Isidro, al que los curas llevaron históricamente a niños y adolescentes del norte del Conurbano.

El gobierno de Alberto Fernández despliega una política un tanto ingenua: los asiste con alimentos y los escucha, pero a cambio no recibe más que un endurecimiento de su posición.

Los jóvenes que encabezan esta ocupación están vinculados a Facundo Jones Huala, el dirigente que cumple en Chile una condena por el incendio de una vivienda, y con la comunidad del barrio Virgen Misionera de Bariloche, donde los mapuches se criaron como cualquier joven en un contexto de marginalidad.

En Bariloche la diversidad sexual tiene mayor aceptación que la cultural. Tal vez cuando la declaración de “municipio intercultural” deje de ser una ordenanza y permita un respeto por lo diferente no habrá excusas para ponerse en contra del Estado.