La rebelión tucumana

Aunque parece más que probable que la Corte Suprema de Tucumán, dominada como está por juristas cercanos al gobernador José Alperovich, opte por revocar la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial de anular las elecciones del 23 del mes pasado, lo que dejaría el asunto en manos de los jueces de la Corte Suprema de la Nación, no cabe duda de que el oficialismo acaba de sufrir un revés muy fuerte. Horas antes de producirse el fallo de la Cámara, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner exhortó nuevamente a la oposición a reconocer el presunto triunfo de Juan Manzur por un margen menor al inicialmente anunciado pero así y todo cómodo, afirmando que la negativa a hacerlo equivaldría a cuestionar el sistema democrático y por lo tanto beneficiaría a “un grupo de corporaciones”. La postura de la presidenta y sus simpatizantes frente a lo que está sucediendo en Tucumán se basa en la idea de que, si bien es evidente que hubo algunos episodios escandalosos cuando se celebraban los comicios, no fueron lo bastante graves como para invalidar los resultados, ya que no hay motivos para suponer que Manzur obtuviera menos votos que el candidato radical José Cano. Puede que estén en lo cierto quienes piensan así, pero los jueces que declararon nulas las elecciones entendían que se habían cometido tantas irregularidades que sería mejor que los tucumanos votaran de nuevo. En el caso de que lo hicieran, los resultados podrían ser diferentes de los confirmados por el escrutinio provisorio. Lo serían no porque muchos que en agosto respaldaron a Manzur se sientan indignados por el fraude, sino porque la Cámara en lo Contencioso Administrativo mostró que el gobierno “feudal” de su provincia es en realidad mucho más débil de lo que la mayoría suponía. Para funcionar, el clientelismo necesita que quienes dependen de una estructura política crean que no les convendría arriesgarse oponiéndosele. Como subrayaron Cano y sus aliados, en Tucumán el oficialismo no titubeó en advertir a los más pobres que, a menos que permaneciera en el poder, perderían los beneficios magros, pero así y todo imprescindibles, a los que se han acostumbrado. De difundirse la impresión de que el kirchnerismo ya no está en condiciones de garantizarles nada, los tucumanos que, en otras oportunidades, han apoyado masivamente a candidatos a gobernador de trayectoria tan heterodoxa como la del general Antonio Domingo Bussi, podrían depararnos una nueva sorpresa, ya que en los distritos más carenciados de la provincia lo que cuenta no es “el relato”, o sea, la presunta ideología de los aspirantes a ocupar cargos en el gobierno local, sino la sensación de que un caudillo determinado sería capaz de asegurar cierta protección a los desamparados. Durante más de diez años, Alperovich logró brindar dicha impresión, pero a juzgar por los resultados electorales, últimamente una proporción cada vez mayor de sus coprovincianos, en especial aquellos de los centros urbanos, quiere poner fin a su reinado, de ahí las protestas callejeras contra la forma nada prolija en la que el gobierno local manejó las elecciones más recientes. Las repercusiones del bochornoso proceso electoral tucumano se han hecho sentir en todo el país. Los alarmados por el espectro del fraude sistemático no se proponen atentar contra el sistema democrático, como quisieran hacer pensar la presidenta y sus allegados, sino impedir que el oficialismo aproveche sus muchas ventajas, tanto las legítimas como aquellas que no lo son en absoluto, para aferrarse al poder. El que virtualmente todos coincidan en que los resultados de las próximas elecciones nacionales dependerán tanto de la capacidad de las distintas agrupaciones políticas para contar con una cantidad suficiente de fiscales de mesa confiables como de la eventual voluntad popular es de por sí sumamente preocupante. Significa que, de imponerse el candidato presidencial oficialista Daniel Scioli, por un margen muy estrecho, una franja importante y muy influyente de la población se sentiría tentada a atribuirlo al fraude, con el resultado de que, además de verse frente a una crisis socioeconómica que parece destinada a ser muy grave, el país tendría un gobierno que a juicio de algunos, tal vez muchos, carecería de legitimidad democrática.