La reforma de la ley de amparo genera polémicas

NEUQUEN (AN).- El proyecto que impulsa el legislador radical, Marcelo Inaudi, para modificar la ley que rige la acción de amparo en la provincia, divide las aguas entre diputados y algunos especialistas. El diputado del Frente ARI-Encuentro Neuquino, Carlos Moraña, advirtió que la propuesta, que tiene el aval del bloque del MPN, tiene un objetivo de «fuerte contenido político» y representa «un retroceso muy fuerte».

La acción de amparo es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos para interponer en la justicia contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares que lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por las constituciones nacional y provincial y los tratados internacionales y otras leyes.

Para el constitucionalista, Hugo Prieto, que elaboró el proyecto con Inaudi, se trata de «una adecuación de la ley de amparo al texto de la Constitución provincial que otorgará certeza en los derechos de la gente y hará que se resuelvan los amparos con celeridad».

El vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Juan Carlos Capurro, sostuvo que directamente el proyecto es «inconstitucional» y que si se aprueba, la Corte Suprema de la Nación la declarará inconstitucional pues anula la instancia de apelación.

Y el titular del Colegio de Abogados de la provincia de Neuquén, Ricardo Kohon, anticipó que «solicitaron los antecedentes del proyecto» y que emitirán una opinión el martes próximo a más tardar.

Justamente, ese día se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y el oficialismo se comprometió el martes pasado a firmar el despacho para habilitar el tratamiento de la iniciativa del legislador radical en la Cámara. Los diputados sesionarán el miércoles próximo y si obtienen el despacho, la propuesta es probable que se convierta en ley.

Moraña subrayó que «realmente es un grave retroceso del régimen de amparo en la provincia y es volver más allá de la reforma de la Constitución Nacional del 94».

Señaló que la mayoría de los amparos tienen que ve con el Estado provincial. «El oficialismo acompaña el proyecto porque no confían en los jueces de primera instancia». Y reconoció que la iniciativa «roza la inconstitucionalidad» porque vulnera la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales como el de San José de Costa Rica.

Moraña observó que presentar un amparo sólo ante el TSJ perjudicará la celeridad y el rápido acceso a la justicia para los ciudadanos neuquinos y sobre todo para los que viven en el interior. «El proyecto tiene un fuerte contenido político porque el objetivo es que los jueces de primera instancia que no son confiables para el gobierno no puedan resolver en cuestiones vinculadas al Estado», dijo Moraña. Y remató: «Sobisch y su gobierno le tienen miedo a la justicia independiente».

Prieto recordó que el proyecto apunta básicamente a garantizar la competencia del TSJ en la resolución de los amparos que son materia contencioso-administrativa. Por tanto, le quitará esa potestad que hoy tienen los jueces de primera instancia, de todos los fueros y en las distintas circunscripciones de la provincia, para resolver los amparos.