La traición de los jueces

Qué son los reinos sin justicia sino vastos latrocinios?”, afirmaba en forma de pregunta San Agustín bastante tiempo antes de que aparecieran los videos de la Rosadita, las estancias de Lázaro Báez y un secretario de Estado revoleando bolsos con dólares en un convento. Las de San Agustín eran épocas en que la justicia se imploraba al rey. Los Estados modernos, en cambio, encomiendan esa responsabilidad a un grupo muy especial de funcionarios a los que llamamos jueces.

La deuda de esos funcionarios con la sociedad argentina es inmensa e imperdonable. Son cómplices, incluso partícipes necesarios, de la transformación de nuestro reino en un vasto latrocinio.

La historia de esta deuda es bastante larga. Comienza en 1930 con un grupo de jueces pusilánimes, traidores a la patria, que para conservar sus cargos se sometieron, y sometieron a todos los argentinos, a la voluntad de un grupo de asaltantes del poder. Ese desdichado 9 de septiembre de 1930 fue el principio del fin de nuestra república.

A primera vista esto no parece tener una relación directa con el robo y la corrupción. Sin embargo, está en el origen de todo lo que sucede a nuestro Estado, en la medida en que implica el primer acto de subordinación de los jueces al poder político, traicionado su obligación de imponer la Constitución y las leyes.

A partir de este hecho refundacional, debemos hablar de un delito continuado cometido por todos los sucesivos jueces que aplicaron y profundizaron de diversas maneras este inicial acto de sometimiento y nos llevaron a esta situación que puede sintetizarse en la simple idea de que la Justicia no actúa contra sus amos. No se trata de que haya algunos malos jueces y fiscales, como muchos, con buena o mala fe, pretenden desdramatizar las cosas. La penosa realidad es que ya no tenemos jueces ni fiscales que merezcan ese nombre. Apenas si queda un grupo de empleados públicos llenos de privilegios, que hacen lo necesario para no enojar a sus patrones a fin de conservar su envidiable empleo.

Develar este hecho fundamental del sometimiento culpable del Poder Judicial al político es decisivo para llegar a la raíz del problema de la destrucción de nuestra república. Este proceso se llevó a cabo por diversas vías. Desde la construcción gradual de una jurisprudencia que limitó hasta exterminar el control de constitucionalidad y de legalidad sobre los actos de los poderes políticos o la retorcida interpretación de las normas jurídicas con el mismo fin, hasta la forma por la cual se coló y se expandió hasta lo inimaginable la corrupción: la omisión de actuar. Toda la impunidad al poder que no pudiera justificarse con sentencias torcidas se concedió simplemente ignorando los hechos.

No sólo el robo se permitió de esta manera, sino también el asesinato, la tortura y la desaparición. La gran mayoría de los jueces penales de la dictadura, con el cínico Zaffaroni a la cabeza, son cómplices por inacción en todos esos delitos, como lo son desde hace décadas del saqueo al Estado.

¿Tienen derecho esos jueces, actuales y pasados, a refugiarse en argumentos como el de que no hicieron más que aplicar jurisprudencia consolidada o que el poder político era demasiado poderoso para ellos? No, no lo tienen. Los jueces poseen la potestad de modificar cualquier jurisprudencia y la de renunciar con dignidad cuando no pueden cumplir con su deber. Nada ni nadie puede exculparlos por lo que han hecho y sobre todo por lo que han dejado de hacer.

El bochorno para la Justicia de que se haya instalado la idea del “tiempismo” de los jueces penales es de una magnitud inconmensurable y debería llenar de vergüenza a todo el mundo jurídico. Este neologismo, a veces utilizado hasta con un dejo de picardía, no es más que un deplorable recurso retórico para describir la cobardía de los jueces que no actúan contra sus amos de turno y muy ocasionalmente lo hacen con los que dejaron el poder, cuando el nuevo amo se lo permite o se lo pide.

El daño que produjeron los jueces a la república ya está consumado, el vasto latrocinio es inocultable y no lo pueden reparar los mismos que lo produjeron. Si tuvieran un poco de dignidad, todos los jueces y fiscales penales, federales y provinciales, con competencia en los delitos contra la administración pública deberían poner su renuncia a disposición del pueblo al cual defraudaron. Caería algún justo entre tantos pecadores, pero la república necesita de una radical renovación, de personas pero sobre todo de mentalidad, en el Poder al cual la Constitución ha dado la inmensa responsabilidad de asegurar que en el reino impere la justicia.

El bochorno para la Justicia de que se haya instalado la idea del “tiempismo” de los jueces penales debería llenar de vergüenza a todo el mundo jurídico.