Labor Parlamentaria podría disolver Fondo de Viviendas

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Labor Parlamentaria evaluará la continuidad o disolución del Fondo de Viviendas, cuyo manejo por parte de APEL es investigado actualmente por la Justicia.

Ayer, se reunió la Comisión Especial del Tribunal de Cuentas de la Legislatura para continuar con el análisis de la situación planteada con ese Fondo después que a fin de año se dispuso la apertura de una auditoría, concluyendo también con la suspensión de las transferencias por parte de la Legislatura y los órganos de control.

El Fondo fue creado en el 2010, durante la presidencia de Bautista Mendioroz, para la compra o construcción de viviendas, y el otorgamiento de créditos para los empleados de ese Poder, administrado por APEL. Se conforma con el 2 por ciento de los sueldos del personal, sin retención de los haberes, constituyendo un aporte directo de la Legislatura. En tres años, los envíos superaron los 22 millones y el cuestionamiento está centrado en el destino y uso de esos recursos. Algunas denuncias derivaron en una investigación de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, incluyendo un allanamiento dispuesto por el juez Favio Igoldi a la sede de APEL.

La Comisión del Tribunal -que debe fiscalizar ese Fondo- se reunió con la presidencia de Angela Vicidomini, y la participación de los legisladores Mendioroz, Ariel Rivero, Pedro Pesatti y Ricardo Ledo. La inquietud y sensibilidad por esta cuestión ya quedó de manifiesto con la presencia en la Comisión de las máximas autoridades del oficialismo y la oposición.

Se formalizó el ingreso de un informe de APEL, que conduce Alejandro Gatica, aunque el análisis se concentró en qué actitud asumirá la Legislatura frente a las evidentes irregularidades detectadas en el manejo y utilización del Fondo por parte del gremil legislativo, que debía tener un seguimiento activo por parte de esa Comisión del Tribunal.

Así, la decisión parece compleja entonces, inicialmente, se transfirió la resolución a la Comisión de Labor Parlamentaria, admitiéndose la posibilidad cierta de la eliminación del Fondo. En principio, se prevé un análisis legal para precisar si su disolución podría acarrear futuros reclamos jurídicos.

Un tema evaluado también lo constituyó si la Legislatura podía constituirse en querellante en la causa penal por el desmanejo del Fondo pero esa opción fue desestimada inicialmente por las autoridades parlamentarias.

El año pasado, la Comisión del Tribunal, presidida por el hoy ministro Ricardo Arroyo, cuestionó el manejo del Fondo por parte de APEL por la demora en las rendiciones, el incumplimiento de “normas contables en cuanto a la forma de presentación y contenido”. Consigna que “la documentación respaldatoria de gastos es incompleta”.

DeViedma