Las contradicciones detrás de la reforma previsional

El debate en torno al sistema previsional, atraviesa gran parte de la última mitad de siglo en Argentina y el mundo. Es imposible pensar que los cambios que acaban de introducirse, son los que generarán una mejora estructural del sistema. Por lo pronto, significan un aporte de recursos fiscales que el gobierno necesita en 2018, y que serán aportados en forma directa por el sector pasivo.

Un dato inexorable, es que la distancia entre el discurso de campaña y los hechos, se ha convertido en una costumbre. El oficialismo no solo no ha cumplido sus promesas, sino que ha hecho sistemáticamente todo lo contrario a lo prometido en campaña. “Ningún trabajador pagará ganancias” sostuvo el Presidente durante la campaña en 2015. En dos años, la carga impositiva sobre los trabajadores no solo se mantuvo, sino que se incrementó. “No existe ninguna reforma previsional en los planes del gobierno”, manifestó tanto el Primer Mandatario como el Jefe de Gabinete Marcos Peña, durante la campaña 2017. Es precisamente lo que, en medio de la protesta social, acaba de aprobarse esta semana.

Para comprender en detalle el impacto del recorte a los haberes jubilatorios, no solo basta con analizar en detalle los números en cada caso. Es preciso además, entender el trasfondo político de la nueva norma.

Sonrisas. El presidente Macri junto a un jubilado durante un timbreo.

El gobierno termina el año con un triunfo político, y contará con los recursos fiscales que necesitaba. El precio es el mal humor social resultante.

El ajuste al bolsillo

Una conclusión inequívoca surge luego de observar los números que arroja la nueva ley: en todos los casos, los haberes jubilatorios serán menores a los que hubieran resultado de aplicar la Ley de Movilidad vigente hasta la semana pasada. Si no hubiera un recorte al bolsillo, la reforma que acaba de aprobarse no tendría razón de ser. En efecto, desde el inicio el gobierno planteó los cambios en términos de “ahorro fiscal”.

El impacto social que causó la certeza del ajuste al bolsillo de los sectores más vulnerables (jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo -AUH-), obligó al gobierno a idear de apuro un Bono Compensatorio que se pagará por única vez en el mes de marzo. El mismo solo alcanzará a una porción del universo afectado por la nueva ley. Los jubilados que perciben menos de $10.000 al mes y tienen al menos 30 años de aporte, recibirán $750. Los jubilados que reciben el haber mínimo sin los 30 años de aporte recibirán un extra de $375. Los beneficiarios de AUH, percibirán $400. No habrá Bono Compensatorio para los haberes mayores a $10.000.

Además, la nueva norma garantiza para aquellos jubilados que cobran el haber mínimo y tienen al menos 30 años de aporte, el 82% móvil en relación al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Como el SMVM pasará a ser de $9.500 en enero, esa porción de los jubilados recibirá el incremento en el primer mes del año.

El cuadro adjunto ofrece un detalle estimativo de cómo quedarán configurados los haberes en cada caso durante 2018, incluyendo la incidencia del Bono Compensatorio. Se calcula además, cuanto será lo que perderá cada categoría de haberes, en relación a la desechada Ley de Movilidad. Para esa estimación se utilizaron valores ‘optimistas’ que minimizan la diferencia entre una fórmula y la otra. Se da por cierto que el aumento salarial en marzo con la vieja fórmula hubiera sido del 12,85% (muchos consultores estiman que podría haber sido del 14% o aun superior), y se considera además una inflación del 15% en 2018, superior a la pauta establecida como meta por el BCRA.

En el cuadro se advierte que son dos las categorías que más sufrirán el recorte al bolsillo. Por un lado las jubilaciones mayores a $10.000, lo cual podría considerarse progresivo en términos de impacto: se ajusta más a los que más cobran. La conclusión debe ser desestimada cuando se observa que la segunda categoría más afectada es la de los jubilados que cobran el haber mínimo y no cuentan con 30 años de aporte. Se trata de un universo de 4.000.000 de jubilados que recibirá en 2018 un recorte de $3.816, el equivalente a medio haber mínimo. Para esta categoría, el recorte en 2019 alcanzaría los $6.500.

Contradicciones

En las construcciones lógicas, se define como ‘contradicción’ a la incompatibilidad que surge de dos o más proposiciones. Hay al menos dos contradicciones en los argumentos sobre los que el oficialismo basó y justificó la poda a los haberes previsionales.

La primera de ellas se relaciona directamente con los aumentos de haberes en 2018. Cada vez que a un funcionario o legislador oficialista le tocó defender la medida, se insistió “los jubilados no perderán”. El más osado fue quizá el Diputado Nacional por Cambiemos, Pablo Tonelli, quien afirmó “los jubilados van a perder plata, pero no perderán poder adquisitivo”. En rigor, el argumento oficial parece válido. Con la fórmula que surge de la reforma, los haberes previsionales se ajustarán teniendo en cuenta en un 70% la inflación del ante penúltimo trimestre, y en un 30% la evolución de los salarios registrados relevados en el Ripte. Se establecen además cuatro aumentos anuales en lugar de dos. Si se observa el gráfico adjunto, se advierte que, con la nueva fórmula los haberes serán siempre superiores a los que se derivan de una actualización que solo considera la inflación. De allí surge la segunda parte del ‘postulado Tonelli’. En efecto, se estima que el aumento promedio de 2018 será al menos un 4% superior a la inflación de todo el año, lo que garantizaría el poder adquisitivo de los haberes.

La primera parte del postulado indica sin embargo que “los jubilados perderán plata”. El área sombreada entre la línea superior y la línea intermedia en el gráfico adjunto, representa la pérdida que experimentará el haber mínimo en 2018 y 2019, para aquellos jubilados sin los 30 años de aporte. Se aprecia además que la distancia entre las curvas se agranda con el paso del tiempo, lo que indica que la pérdida producto del cambio de fórmula, es acumulativa. El punto es que los $3.816 que se pierden en 2018 y los $6.560 que se recortan en 2019, la plata según Tonelli, significan menor poder adquisitivo en el futuro para la franja más vulnerable de jubilados y pensionados. Allí la contradicción.

La segunda contradicción, se encuentra en lo relacionado a la sustentabilidad del sistema previsional. Un coro de legisladores y especialistas que apoyan la reforma, repitió hasta el cansancio que el sistema previsional está quebrado. Omitieron en su argumentación, dos datos fundamentales. El primero, es que la reforma tributaria, que opera como contracara de la reforma previsional, implica que la ANSES dejará de recibir el 20% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias que le corresponde en la actualidad. Una merma de $128.000 millones al año, según la Ley de Presupuesto 2018. Como compensación, la reforma tributaria que acaba de recibir media sanción en la Cámara de Diputados, establece que la ANSES recibirá el total de lo recaudado por el Impuesto al Cheque, lo que significa un ingreso de $60.000 millones. En definitiva, ANSES recibirá $68.000 millones menos el año que viene. Si la intención de la reforma era dotar de sustentabilidad al sistema, es difícil pensar que ello se logre quitándole recursos al sistema.

El segundo dato omitido, es que el ‘ahorro’ que surge del cambio, no significa reducción alguna del gasto ni servirán para mejorar las prestaciones al sector de la tercera edad. Por el contrario, los $60.000 millones que aportarán los abuelos de su bolsillo, ayudarán a financiar el pacto fiscal que el Estado Nacional acaba de firmar con las provincias. El caso más emblemático es el de la provincia de Buenos Aires, que recibirá $40.000 millones extra en 2018 y $65.000 millones más en 2019 por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense. Los recursos, servirán para que la gestión de María Eugenia Vidal se afiance políticamente en el distrito más poblado del país, de cara a la campaña electoral de 2019, en busca de su propia reelección, y la del Presidente.