Reforma procesal penal en Río Negro: lo que hay que saber del nuevo sistema

La ley se sancionó hace dos años, pero el consenso para que la Justicia Penal pase al sistema acusatorio no aparece.



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Por qué es importante el nuevo Código Procesal Penal en Río Negro? ¿Para qué sirve? ¿Le va a cambiar la vida a los ciudadanos? ¿Cuánto le sale a provincia este proceso? ¿Quiénes son los encargados de llevarlo adelante? ¿Por qué todavía genera tironeos políticos?

Esta semana fue trascendental en el camino hacia la aplicación plena de la ley 5020, sancionada el 10 de diciembre del 2014 por la Legislatura provincial.

Esa norma decía que el 1 de marzo de 2017 era la fecha para su puesta en marcha para el nuevo Código.

Pero las diferencias entre los principales actores del sistema judicial minaron el camino.

Reforma para la reforma

La Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano y los fiscales de la provincia plantearon que no están dadas las condiciones para implementar la reforma, hasta que se divida el funcionamiento de las fiscalías y defensorías que precisamente está bajo jurisdicción de la Procuración. Dicen que para poder hacer esa modificación, es necesaria una reforma de la Constitución Provincial.

En público, el gobernador Alberto Weretilneck le había dado la derecha al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para poner en marcha el proceso sin necesidad de reformar la Constitución.

El martes pasado, en Bariloche, la cuerda no resistió más y la salida obligada fue sumar tres meses al cronograma de cambios.

Y si bien todavía hay preguntas sin responder, “Río Negro” hizo un repaso de los puntos más destacados de la reforma, que dejará atrás el modelo inquisitivo mixto de la legislación anterior para pasar a un sistema acusatorio, en el que se apuntalará la “participación ciudadana”, con el juicio por jurados.

Otro punto clave es que la oralidad desplazará al papel.

Sólo digital

La reforma rionegrina será la primera que nazca enteramente digital, ya que las provincias que lo implementaron antes convivieron con la oralidad y el expediente.

En el nuevo Código, el fiscal será quien acuse, el defensor defenderá y el juez decidirá sin haber tenido participación activa en la investigación.

Para poner en marcha la reforma, hubo que destinar casi 100 millones de pesos a un presupuesto, que tiene como principal ítem la actualización tecnológica.

Grabaciones

En cada sala de audiencias habrá tres cámaras filmadoras, que grabarán todo lo que suceda y cuyo contenido será almacenado y protegidos para resguardarlos de posibles pérdidas”.

Para ese resguardo se implementarán seis salas de servidores que son shelter, tipo containers que se van a instalar en Bariloche, Cipolletti, Roca, Villa Regina, Choele Choel y Viedma, donde se van a guardar servidores y grupos electrógenos.

También es necesario incorporar personal.

Los nuevos cargos creados son los relativos a las oficinas judiciales, que incluyen un Director General y cuatro Directores por cada una de las cuatro circunscripciones.

Además, se “reforzaron” áreas técnicas, como Arquitectura e Informática, pero la mayor cantidad de nombramientos se dio a través del Consejo de la Magistratura, con fiscales, adjuntos y defensores destinados al Ministerio Público.

Todas las salas de audiencias contarán con filmadoras.

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La reforma en números

personas (entre jueces, fiscales, defensores, secretarios, empleados judiciales, cuerpos técnicos, abogados y periodistas) se capacitaron.

Un desafío que va mucho más allá de los textos de leyes, edificios y cámaras

La realidad estalló en la cara de los que ratificaron una y otra vez que la reforma del Código Procesal Penal se implementaría desde el 1 de marzo del 2017.

La sesión extraordinaria de la Legislatura programada para fines de este mes estaba orientada a reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía.

Ahora apenas será para cambiar la palabra “marzo” por “junio” en la ley 5020, sancionada en el 2014 para el pase al sistema acusatorio.

Un gobierno dispuesto a mostrar que hizo todos los deberes podría incluir en esa reunión el proyecto vinculado a la Policía, pero no hay que esperar mucho más.

Incluso hay quienes dudan que se haga la sesión, porque sugieren un decreto ley para fijar los nuevos plazos.

Ahora bien, ¿tres meses son suficientes para recorrer el camino pendiente hacia el “Día D” del nuevo Código?

Si dos años no alcanzaron, altas dosis de optimismo hay que tener para creer que de marzo a junio desaparecerán todos los obstáculos.

Y es así porque el desafío va mucho más allá de edificios, cámaras y nuevos textos de leyes orgánicas.

La prueba real que deben dar los responsables del proceso tiene que ver con la capacidad de superar años de disputas
–personales y políticas– donde en más de una oportunidad las grietas se abrieron por el peso de los egos y por el interés personal por demostrar quién tiene el control de acciones y decisiones.

La procuradora Baquero Lazcano pateó el tablero con el pedido de una reforma constitucional previa a la puesta en marcha del nuevo Código.

Esa postura la acercó implícitamente al gobernador Weretilneck, con quien acumulaba un largo período de desencuentros.

El mandatario merodea el terreno constitucional con su no confesado plan re-reeleccionista y la ventana que abrió la procuradora no pudo ser más oportuna para entrar a ese debate.

Claro que en el juego de equilibrios del poder, la cercanía con Weretilneck se contrapuso con la distancia mayor entre Baquero Lazcano y la conducción del STJ.

“Hay diálogo, se hablan. El problema es lo que se dicen”, contó horas atrás alguien que fue testigo de los obligatorios encuentros entre la procuradora y la jueza Liliana Piccinini.

Al tanto de esas divergencias, Weretilneck tuvo reuniones y contactos con Baquero Lazcano y con Piccinini durante las últimas dos semanas.

Hubo compromisos de convivencia decorosa, pero con el avance del calendario el gobernador se dio cuenta del abismo entre dichos y hechos. Entonces, tuvo que asumir el incómodo rol de juez y parte, terciando entre la Procuración y el STJ.

Su objetivo era “que los problemas de la Justicia, los resuelva la Justicia”. Ahora enfrenta las dilaciones surgidas en peleas ajenas.

El contexto hace ver a junio demasiado cerca.

Los tres poderes deben demostrar que están a la altura de las circunstancias.

Una carrera contrarreloj que exige llegar a la meta sin los jirones de la actualidad.

Juicio por jurados, en enero del 2018

Para los delitos que la fiscalía solicite más de 12 años de prisión, en el 2018 se implementará el juicio por jurados populares. Tendrá 7 miembros para delitos con pedido de pena de 12 a 25 años de cárcel y de 12 para los de 25 años a perpetua.

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Datos

Es el momento histórico para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal.
El actual sistema no puede ser sostenido si tenemos en cuenta la realidad que nos rodea y los fallos de la Corte Interamericana la Corte Suprema de Justicia.
Las provincias que pusieron en marcha el sistema acusatorio, como Neuquén, Chubut y Santa Fe, demostraron que no son necesarios tantos recursos ni tanto dinero. Pudieron aventar el fantasma que se había instalado respecto a la reforma chilena, que había implicado mucho presupuesto.
Obviamente necesitamos inversión en infraestructura y equipamiento, pero el STJ ha trabajado todo el año en este sentido y tengo plena confianza que el 1 de marzo se va a poner en marcha.
Nuestro deber es cumplir el desafío y el mandato que hemos recibido a través de los legisladores que representan al pueblo. Si se verifica algún déficit, los operadores tendremos la creatividad suficiente para suplirlos.
Debemos tener un abordaje creativo para solucionar los problemas con pocos recursos, ese es el espíritu que nos tiene que embargar a todos. Es el momento de ponernos las botas y trabajar.
La primera crítica que merece el proyecto de ley orgánica del superior es genérica. Pretender legislar una ley orgánica general del Poder Judicial, incluyendo en su seno a dos sistemas incompatibles e inconciliables entre sí, como resulta ser por un lado el nuevo proceso penal, con la supresión de los “juzgados-feudos” (en los dichos de Maier), es decir los juzgados y cámaras con composición fija y radicación separada, tradicional de todos los tribunales, con la reforma procesal penal, donde los juzgados, cámaras, secretarías, oficinas notificadoras, etc., etc., etc., desaparecen, reemplazados por los colegios y foros de jueces, sin “competencias” fijas, en un sistema con absoluta prevalencia de la oralidad y adversarialidad y, por el otro, la regulación de los demás órganos judiciales con el sistema tradicional.
La segunda crítica es que este proyecto tiende a aumentar las facultades del STJRN, en desmedro de los otros poderes y también del funcionamiento del Ministerio Público, de cuyo diseño se ha de ocupar la próxima reforma constitucional, puesto que tener un Ministerio Público que a la vez sea la cabeza del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa constituye una contradicción insuperable.
La tercera crítica se vincula con el exagerado y pernicioso reglamentarismo, que introduce el proyecto.
Por último, este proyecto, imbuido de un sano espíritu feminista parece creer que los objetivos de esa loable lucha pueden ser apoyados por el uso del lenguaje legislativo… No creo que haga falta que, después de enunciar a los jueces, sea obligatorio mencionar a las juezas, a los peritos, acompañado de las peritas y los abogados de las abogadas.
$ 98.000.000
es el presupuesto ampliado aprobado por la Legislatura. Originalmente era de 89 millones.
850
$ 40.000.000
están destinados a tecnología informática, la asignación más alta del proyecto. Para edificios se presupuestó 30 millones.
150
son aproximadamente los empleados judiciales que están abocados a distintas tareas relacionadas con la reforma.

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