Las dudas de Duhalde

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Puesto que nadie negaría que la implosión económica que estamos experimentando a partir del default constituye una emergencia genuina, una que, para colmo, plantea una amenaza muy grave al futuro nacional, es evidente que la situación continuará empeorándose a menos de que el gobierno actúe con coherencia y firmeza. También es esencial que brinde la impresión de saber muy bien lo que se ha propuesto hacer y que está plenamente capacitado para lograr sus objetivos. Sin embargo, a juzgar por su conducta reciente, el presidente Eduardo Duhalde parece ser tan reacio como Fernando de la Rúa a obrar con la decisión necesaria y, lo que dadas las circunstancias es desconcertante, no ha hecho demasiados esfuerzos por disimularlo. Al rehusarse a último momento a firmar un decreto destinado a frenar la sangría constante del corralito que está provocando una serie al parecer interminable de recursos de amparo, Duhalde ha conseguido hacer aún más confusa una situación ya bastante caótica porque horas antes tanto el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, como el viceministro Jorge Todesca continuaban insistiendo en que sin la medida prevista el «plan» económico correría el riesgo de colapsar con el resultado de que, en palabras de este último, «la situación quedaría fuera de control». Si bien es de suponer que todos los miembros del gobierno quisieran respetar los fallos de los jueces, también entenderán que si el costo de hacerlo es resignarse a la ruina del país, eventualidad que según parece no figura en los cálculos de los integrantes de la Corte Suprema, les convendría encontrar la forma de desarmar el corralito sin provocar la caída de los bancos más vulnerables que, huelga decirlo, están encabezados por los estatales.

Que a Duhalde, mandatario que en diversas oportunidades ha confesado no saber nada de economía, le haya resultado difícil elegir entre enfrentarse con la Corte Suprema por el tema del corralito por un lado y, por el otro, permitir que el drenaje siga su curso, puede entenderse. Lo que no es tan comprensible, en cambio, es que él mismo y los miembros de su gabinete no hayan adquirido la costumbre de resolver sus diferencias en privado para después presentar al mundo un frente unido. En todos los gobiernos del mundo democrático es habitual que los distintos ministros reivindiquen posiciones distintas, pero no lo es que celebren sus internas en público. Por el contrario, fieles al principio de la responsabilidad colectiva suelen minimizar su importancia o, en el caso de que sean fundamentales, renuncian, opción ésta que según parece no interesa a Remes, que con toda seguridad no tiene ningún deseo de ver agravarse una crisis ya apenas soportable, y que será consciente de que si se le ocurriera dar un paso al costado ahora su gestión sería recordada como una de las peores, si no la peor, de la historia de un país en el que los desastres económicos ya se han hecho rutinarios.

Por ser tantos los intereses en juego, no es posible saber si las secuelas de permitir que el goteo de dinero del corralito que están impulsando los jueces serán tan apocalípticas como prevén los voceros del ministro de Economía, los banqueros y ciertas consultoras privadas. Sin embargo, el que sea auténtico el riesgo de una hecatombe bancaria, que causaría estragos irreparables, constituye un motivo más que suficiente como para reducirlo mediante un decreto de necesidad y urgencia que por lo menos daría al gobierno, a los bancos y a aquellos jueces que podrían reconocer que a veces les corresponde tener en cuenta las consecuencias generales de decisiones que podrían justificarse si sólo fuera cuestión de un caso determinado, un período en qué recapacitar. Por cierto, la coyuntura actual, en la que gobernantes y jueces siguen desempeñándose como si en su opinión la crisis económica, social y política no fuera mucho más que un inconveniente pasajero que no debiera incidir en su manera de actuar, no puede perpetuarse. Mal que les pese a Duhalde, Remes y los ministros de la Corte Suprema, la dura realidad tiene la costumbre de imponerse por las buenas o por las malas a las elucubraciones teóricas de políticos y juristas. A menos que éstos procedan con más cordura, lo hará muy pronto con consecuencias nada felices para todos.