Las sesiones por el juicio a Ibarra serán públicas

Actualizado a las 20:20

Buenos Aires (Télam).- La sala que debe juzgar al suspendido Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra decidió hoy que sus sesiones sean públicas, luego de que el juez Roberto Gallardo ordenara suspender la reunión de hoy que iba a realizarse a puertas cerradas. Los legisladores, a su vez, decidieron que sea la Legislatura en pleno, con sus 60 integrantes, la que defina mañana la composición definitiva de la Sala Juzgadora, compuesta por 15 de esos diputados.

Por otra parte, quedaron en evidencia las diferencias entre los integrantes de la sala y el presidente de la misma, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier, a quien varios legisladores acusaron de «avanzar» sobre el Poder Legislativo y advirtieron sobre la posibilidad de recusarlo. Así lo informaron los legisladores Susana Etchegoyen y Ricardo Bussaca en una rueda de prensa, luego de una reunión informal de la sala, que decidió acatar la resolución del juez en lo contencioso administrativo porteño, quien había ordenado suspender la sesión de hoy debido a que iba a realizarse a puertas cerradas.

Gallardo hizo lugar a una acción de amparo presentada por familiares de víctimas del incendio en República Cromañón y otros ciudadanos, quienes habían reclamado que las sesiones sean públicas y que cuenten con versiones taquigráficas. Tras esa resolución judicial, los integrantes de la sala decidieron que las sesiones sean públicas y realizaron una nueva convocatoria para el viernes a las 14, en el recinto legislativo.

«Podrán entrar los padres de las víctimas, pero algunos diputados exigen condiciones y la posibilidad de desalojar la sala si hay incidentes», explicó la diputada porteña. Los legisladores anunciaron además que será el cuerpo de la Legislatura porteña el que resolverá, en su sesión de mañana, la constitución definitiva de la Sala Juzgadora. Allí se verá si la integrarán los actuales diputados o si serán elegidos nuevos miembros luego del recambio del 10 de diciembre.

«Hay un planteo de un grupo de legisladores de que debe ser el cuerpo de la Legislatura el que decida la conformación», precisó Bussaca. Etchegoyen, en tanto, informó que durante la reunión informal de hoy -que se realizó con la presencia de taquígrafos- los legisladores mantuvieron «una ríspida discusión» con Maier, quien se retiró de la reunión y dejó un escrito de tres carillas con instrucciones referidas al funcionamiento del cuerpo.

«Maier avanza sobre este poder y consideramos que nos ha faltado el respeto», dijo la legisladora del bloque 19 y 20, y precisó que el presidente de la sala «no quiso discutir, pidió que se giraran las actuaciones a él y al acusado, y nos dijo que consideremos que él ha sido defensor de Ibarra». La legisladora fue más allá y advirtió que si Maier «persiste en la actitud de avasallar al Poder Legislativo, evaluamos la posibilidad de recusarlo».

Maier dejó un escrito en el que argumenta que el juicio deberá regirse por el reglamento interno de la Legislatura y «supletoriamente» por el Código de Procedimiento Penal vigente en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al fallo judicial, el juez Gallardo envió a empleados de su juzgado a la Legislatura a que notifiquen a las autoridades de la sala personalmente, a fin de que acaten su resolución.

Además, Gallardo dispuso que se publique la versión taquigráfica de la primera sesión que mantuvo el viernes último la sala juzgadora, donde se analizaron cuestiones de procedimiento y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy. Tras ese encuentro, el diputado Busacca había informado que la sala decidió que las sesiones para el tratamiento de temas del juicio político serán «públicas», pero no así las que se convoquen para debatir temas internos.

Según familiares de las víctimas, luego de conocerse esa decisión, se presentaron una decena de recursos de amparo ante la Justicia porteña, pero el primero fue resuelto hoy por Gallardo, un juez de mala relación con el Gobierno porteño. Gallardo, además, tiene una hija que estuvo la noche de la tragedia en el boliche República Cromañón, de donde salió herida, por lo que estuvo diez días internada.

Para la ex funcionaria ibarrista y diputada nacional de Encuentro, Silvana Giúdice -recientemente incorporada al bloque radical de la cámara baja- la decisión del juez Gallardo «pone en riesgo institucional» a la ciudad de Buenos Aires. Consultada por Télam, Giúdice cuestionó la medida adoptada por Gallardo, al sostener que «excede las competencias de su fuero» y dijo que se trata de una decisión que tiene «una importante gravedad institucional». Desde el macrismo, el diputado nacional Federico Pinedo calificó de «impecable» la decisión del juez, al considerar que es «inaceptable la pretensión de algunos sectores de pedir que las sesiones de la sala juzgadora no sean públicas».

Notas asociadas: Testigo ratifica sus dichos, pero tres la refuta