La Legislatura, con fallo adverso por el pase a planta y el debate por dietas

La Justicia cuestionó el pase a planta de la Legislatura y le ordenó cumplir el proceso en favor de un contratado, a quién no se le había permitido participar. En diciembre, ese Poder concluyó un trámite exprés para sumar 154 agentes temporarios y, en un amparo, la Cámara Laboral criticó el mecanismo al considerar que el apartamiento fue “inconstitucional”.

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Otro hecho carga al Poder, actualmente en receso pleno. La iniciativa, que formalizó el legislador Juan Martín, para el congelamiento de las dietas por seis meses, alineándose con las decisiones del Congreso Nacional. La percepción promedio de un parlamentario rionegrino está en los 180 mil pesos.

El presidente de la Legislatura, Alejandro Palmieri -que fija las pautas salariales- mantiene cerrado silencio. En cambio, la titular de la Comisión de Presupuesto, Marcela Avila -también de Juntos- compartió esa propuesta. “”El esfuerzo debe ser de todos”, declaró.

Simultáneamente, la Justicia cuestionó el mecanismo de la Legislatura en el pase de diciembre, con el ingreso de 154 contratados y un aumento del 40% de su planta.

En su censura, un tribunal laboral ordenó a las autoridades legislativas que cumplan con los pasos administrativos para que participe un agente originalmente no aceptado. Este fallo exigiría abrirle un mecanismo porque el proceso fue exprés y ya está cerrado.

Ese régimen se cumplió al final de la presidencia de Pedro Pesatti, bajo la resolución N° 330. Duró algo más de una semana, previa exclusión de agentes. Uno de ellos -un contratado del Frente de la Victoria, hoy de Todos- formalizó un amparo, el cual, fue aceptado por la Cámara.

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Inicialmente, la resolución desacredita la defensa de la Fiscalía de Estado -representante de la provincia- en referencia a que el contratado no estaba “apto para rendir el examen por ser personal designado políticamente” , aludiendo que la resolución sólo permite a quienes eran de “los agrupamientos administrativo y técnico, de servicio, maestranza e informática”.

En principio, el Tribunal aceptó la instancia del amparo y, luego, avanzó en la cuestión de fondo, a partir de repasar las exigencias de la convocatoria de la Legislatura.

Entendió “estos mecanismos para quienes están trabajando en el Estado” pero, también, se detiene en su condición de “concurso cerrado” para criticarlo porque “viene a cohonestar un modo de ingreso al empleo público que altera el principio de igualdad” de la Constitución Nacional.

Agrega que se excluyen a personas ajenas y “las deja en desigualdad de oportunidad para haber aspirado a competir para ocupar un cargo público” frente a “quienes han ingresado como contratados, sea por haber tenido un conocimiento personal de algún funcionario o por alguna otra situación azarosa”. Con ese argumento, los jueces sostienen que no permitir participar a quienes ya se los “contrató equivale a convalidar esa irregularidad de origen”.

También pondera que además la Administración pública pierde “la oportunidad de reclutar agentes que, eventualmente, podrían tener igual o mayor capacidad o idoneidad para la cobertura de los cargos en su planta, dado que se ve constreñida a la mera compurgación de una situación preexistente, un tanto irregular”. Tampoco -se remarca- el sistema se “ condice con la finalidad del concurso” exigido por la Constitución Provincial (artículo 51).

Finalmente, la Cámara viedmense -con votos de Gustavo Guerra Labayén, Carlos Valverde y Rolando Gaitán- ratifica que el argumento de la exclusión del amparista es “inconstitucional” y ordena a las actuales autoridades de la Legislatura que “proceda a dictar los actos administrativos para asegurarle al amparista la posibilidad de tomar efectiva participación en el concurso para ingresar a la planta permanente del Poder Legislativo”.