Legislatura tratará el nuevo mapa gremial en el Estado

La Legislatura sesionará el próxima martes 8, previéndose la inclusión del nuevo esquema de participación gremial en la Función Pública y el IPAP donde el gobernador Alberto Weretilneck otorga espacios y fondos a ATE, en perjuicio de UPCN.

La iniciativa fue remitida el viernes pero el oficialismo pretende su tratamiento en la sesión del martes. Hoy, la oposición parlamentaria admitía la sesión del 8, prevía Labor Parlamentaria el lunes 7, pero desconocía si esa iniciativa se incluiría. En la bancada de Juntos se prevé un Plenario de Comisiones para jueves o viernes de esta semana, permitiendo su pase al reciento para la reunión del martes.

Estos tiempos están confirmados por los preparativos de ATE, pues su titular Rodolfo Aguiar prepara una movilización de la organización a la Legislatura para respaldar el debate y festejar la inclusión del gremio a la Función Pública y juntas institucionales del Estado en cuestiones salariales y laborales.

La iniciativa enviada divide entre Upcn y ATE -en partes iguales- 16 cargos en la estructura estatal y una asignación de fondos públicos, que superaría los 32 millones de pesos anuales.

Los espacios consisten en el Consejo de la Función Pública, el Comite General Técnico, el Comité Institucional de Organización y Recursos Humanos, la Junta de Reclamos, la Junta de Disciplinas,la Junta de Evaluación, la Comisión de Carreras y el directorio del Ipap.

En todos los casos, se consignan dos representantes por “cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas”. Obviamente, no hay mención a Upcn ni a ATE en el articulado. La fundamentación plantea que el gremio de Aguiar nuclea una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal”. Destaca que en los “ últimos años, la cantidad de afiliados se incrementó notablemente”.

En otra parte, los fundamentos se concentran que la “coexistencia y pluralidad” en materia gremial en el ámbito estatal, revisando que esa situación se advierte en “el sector público de cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, plasmado en el reconocimiento de derecho a una organización sindical libre y democrática”.

Otra parte corresponde a reasignación de fondos. Se divide el resultante asignado por ley N° 3.487 a UPCN “para la obra social sindical”, originado en el 0,5% de la totalidad de los sueldos del personal de la administración central. El proyecto prevé repartir pero, además, amplía ese concepto y suma “prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, promoción educativa”. ATE no tiene obra social provincial entonces Scalesi ya advertía que iría a la Justicia si se lo participaba al gremio de Aguiar.

La disponibilidad actual ronda entre 2,4 millones a 2,6 mensuales, arrojando unos 32 millones anuales que serán -según la iniciativa- repartidos en partes iguales entre UPCN y ATE.