Llevan el caso Turbine Power a la Justicia Penal

CIPOLLETTI (AC) – Una quincena de dirigentes políticos, sociales y gremiales denunció ayer al ex ministro de Gobierno rionegrino Horacio Jouliá por fraude contra la administración pública, un delito penado con hasta seis años de prisión, por su participación en la licitación de la construcción de la generadora Turbine Power y la suscripción del oneroso contrato de compra de energía.

Este verdadero polo opositor al gobierno provincial contó con la presencia de dirigentes peronistas, como Eduardo Rosso y Juan Carlos del Bello, del MPP (Julio Salto), del Frente Grande disidente (Carlos Gadano) y del ARI (Omar Lehner).

El empresariado estuvo presente con Mario Colonna, de la FEERN, igual que el sindicalismo representado esencialmente por Aurelio Vázquez (Unter).

La demanda fue impulsada originalmente por Carlos Celeste y Juan Pablo Bohoslavsky, que desde una organización de defensa del consumidor ya lograron suspender la aplicación de sobrecostos en la venta de energía de Turbine Power a Edersa, y su consiguiente traslado a la tarifa que pagan los rionegrinos.

Jouliá fue el presidente de la empresa estatal de energía que cerró un trato con la generadora de Roca -luego heredado por la privatizada Edersa- por la que los rionegrinos pagaron hasta un 50% más por la electricidad entre 1996 y 2001.

A media mañana de ayer los denunciantes presentaron la denuncia en la fiscalía cipoleña a cargo de Alejandra Berenguer. Luego, al mediodía, hicieron un acto frente al hospital -lo tomaron como símbolo de la crisis rionegrina- en el que habló cada uno de los denunciantes.

Celeste dijo allí que durante los últimos años los rionegrinos pagaron un sobrecosto en la tarifa de energía del orden de los 50 millones de pesos y que, si la Justicia no hubiera frenado esa tarifa, la cifra habría llegado, al cabo de dos décadas, a los 100 millones.

Bohoslavsky hizo notar que «los autores dejaron huellas por todos lados» y envió una señal a la Justicia: «tiene la oportunidad histórica de restablecer el Estado de derecho en Río Negro».

A principios de la década del 90, bajo el gobierno de Horacio Massaccesi, la provincia llamó a un concurso de inversores para construir una central térmica en Roca que tendría el monopolio de venta a la distribuidora estatal, con un precio que no podría superar el 98% de los valores del mercado mayorista argentino, con un tope de 31 pesos el MWh.

Pero en 1996, con Pablo Verani como gobernador, se anuló el contrato original y se suscribió otro con un precio muy superior, que no tenía en cuenta las variaciones de un mercado competitivo. Como ejemplo, los denunciantes consignaron que el primer mes tras el nuevo acuerdo, a los rionegrinos se trasladó un costo de abastecimiento de energía de 0,0324 pesos por cada kWh contra 0,0231 pesos del mercado mayorista.

Por esta decisión, renunció el directorio de la distribuidora estatal y asumió en su reemplazo un equipo presidido por Jouliá, junto a Oscar Pandolfi y Hugo Epifanio como directores, y como síndicos a Silvio Mariasch y Néstor Martos.

Mariasch es el actual vicepresidente del ente regulador y Pandolfi, uno de sus abogados contratados.

Gracias a un fallo provisorio de la Justicia, desde noviembre Edersa paga a Turbine Power de acuerdo con los parámetros del mercado mayorista.

La denuncia abarca otros hechos conexos

CIPOLLETTI (AC) – El acuerdo original entre el gobierno rionegrino y los inversores de Turbine Power establecía que la central, al cabo de los 20 años de concesión, pasaría a formar parte del patrimonio de la provincia y que las obras de interconexión de la usina con el sistema interconectado correría por cuenta de los empresarios. Sin embargo, el segundo pacto borró esas cláusulas.

En definitiva, la provincia pagó más de 10 millones de dólares a Turbine Power. Según la denuncia, una parte, 7,5 millones, representó la compra del 7,5% del paquete accionario de la generadora (cuando su propiedad le iba a corresponder de todos modos con el correr de los años) y 2,5 millones en reconocimiento de las obras de conexión.

Los denunciantes también apuntaron el negocio de la venta anticipada de regalías hidroeléctricas cobradas en especie, a cambio de un pago en forma de crédito, de la que «Río Negro» dio cuenta en marzo de este año y que también está en manos de la Justicia por una denuncia de Bohoslavsky y Celeste.

Esta operación tuvo también como actor a Horacio Jouliá -era secretario de Estado-, aunque tanto en estos hechos como en los anteriores los denunciantes pidieron que se investigue a todos los que intervinieron en los procedimientos.