Los cesanteados en la dictadura siguen sin cobrar

Derechos Humanos de Río Negro ya recibió reclamos por la falta de aplicación de la Ley provincial N° 5.042 de resarcimiento económico para despedidos por la dictadura militar, y que se encuentra dormida desde hace un año atrás. La oposición legislativa del Frente para la Victoria ya le presentó un pedido de explicaciones al gobierno.

Una de las notas al organismo provincial fue dirigida por el ex docente Rubén Escobar, quien fue dado de baja de la administración pública provincial el 26 de setiembre de 1997, sin mayores explicaciones, y mediante el Decreto N° 978 firmado en ese momento por el gobernador de facto, contralmirante Aldo Luis Bachman.

Escobar expresó su inquietud ante la demora a pesar de haber tomado contacto con autoridades provinciales, incluyendo al vicegobernador Pedro Pesatti.

Por otra parte, el legislador Marcelo Mango pidió al Poder Ejecutivo la reglamentación de la norma que crea un Registro Provincial de Reparación Histórica, que aun no tiene mayores avances.

El legislador -acompañado por su par de bancada Mario Sabbatella- consideró que “conlleva perjuicio a numerosos trabajadores que están en situación de acceder a la reparación votada por unanimidad, pero debido a la inacción del gobierno provincial en cumplir con la Ley, se les priva de ella”.

Esta Ley data de junio del año pasado y debía reglamentarse en el término de 60 días. Según sus postulados, los potenciales beneficiarios están en condiciones de percibir una indemnización de 30 salarios de la base fijada por el Mínimo, Vital y Móvil que ronda los 6.060 pesos; es decir unos 181.800 pesos.