Los gobernadores, pieza clave en la pulseada por las tarifas

El gobierno ya no disimula la presión a los gobernadores para evitar que avance en el Congreso el proyecto peronista para retrotraer y limitar el aumento de tarifas. El ministro Rogelio Frigerio llamó a los mandatarios y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se lo pidió directamente por radio: “Hablen con sus diputados”. Sin embargo, en el Ejecutivo no sobran expectativas. Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones) ya criticaron la iniciativa pero, excepto los misioneros, los diputados que les responden acompañaron el proyecto en comisiones. Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta) fueron más ambiguos en sus declaraciones. En el gobierno temen el “doble juego”, creen que los tiempos electorales se adelantaron y que el peronismo aprovechará el mal momento económico. El diálogo institucional está resentido. Así y todo, los gobernadores siguen siendo la única esperanza para evitar el costo del veto presidencial.

“No sabemos qué van a hacer en Diputados, pero por lo menos que den la cara”, grafica el ánimo una fuente de gobierno. Nación pidió en los últimos días tres cosas a los gobernadores: que digan que tarifas es responsabilidad del Ejecutivo, no del Congreso; que el Presupuesto se votó hace cuatro meses y no puede cambiarse ahora, y que cualquier modificación del IVA atenta contra el pacto fiscal que votaron casi todas las provincias. El intento de Nación de buscar la ayuda de los gobernadores “dialoguistas” tiene como antecedente cercano la sanción de la reforma previsional: ya pagaron el costo político de acompañar, en diciembre, esa iniciativa.

El peronismo federal y el massismo, acompañados por el kirchnerismo, obtuvieron dictamen para el proyecto que retrotraería el valor de las tarifas a noviembre del 2017, ataría los aumentos a la variación salarial y reduciría el IVA a usuarios residenciales y Pymes. Ahora los bloques trabajan para que sea tratado este miércoles en el recinto. El peronismo federal trabaja también, después del llamado de algunos gobernadores, para eliminar o limitar más el artículo sobre la reducción del IVA, un impuesto coparticipable.

Tras el pedido de Frigerio y Peña, el primero en hablar fue Schiaretti: “La fijación de las tarifas es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional, no corresponde ninguna ley en el Congreso”, dijo, contundente. En exactamente el mismo sentido lo siguieron Bordet y Passalacqua. Sin embargo, el miércoles Martín Llaryora, que responde a Schiaretti, y Juan Bahillo, que responde a Bordet, apoyaron el dictamen, aunque “en disidencia”. Sólo el misionero Hugo Franco siguió a su gobernador.

“La campaña se adelantó al Mundial, están buscando unificarse y que el aumento de tarifas siga pegando el año que viene, que es electoral. O, si no, forzar ahora el veto de Macri”, leen en el Ejecutivo, donde todavía esperan las reacciones de otros gobernadores, como el santiagueño Gerardo Zamora, la catamarqueña Lucía Corpacci y el chaqueño Domingo Peppo. Urtubey y Manzur se pronunciaron, pero sin rechazar concretamente el proyecto peronista.

No se trata sólo del contexto político y la campaña eterna. El gobierno enfrenta uno de su momentos económicos más delicados. La inflación, la modificación de metas del año pasado y la suba del dólar afectan la confianza y las expectativas. Según los funcionarios, la avanzada no hace más que echar combustible al fuego. El viernes, en medio de las medidas para frenar el dólar, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, les recordó las provincias que alcanzarán este año “equilibrio fiscal” gracias al pacto fiscal, y que sus balances nunca estuvieron mejor.

Los contactos entre legisladores y gobernadores siguen al día, y sus voceros no descartan un encuentro de mandatarios del PJ esta semana para analizar el tema. A esta altura, más que en Diputados –el oficialismo apuesta a algunas abstenciones–, el interrogante se trasladaría al Senado si como se evalúa, el proyecto recibe media sanción. Las esperanzas del gobierno para evitar el veto están ahí. Según admiten cerca de más de un gobernador la relación con sus diputados está lejos de ser mecánica. En off, legisladores federales aseguran que no hay marcha atrás y que, fuera de las declaraciones y el punto sobre el IVA, no hay oposición real de los mandatarios.

Dato

Qué propone la

oposición

El proyecto que impulsa el peronismo establece que las empresas proveedoras de servicios públicos deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del Indec o que los salarios. Ata también los futuros aumentos (que sólo pueden ser una vez al año) a la variación salarial. También establece una reducción del IVA de las facturas, de 21 % a 10,5 % para los usuarios residenciales, y se elimina la alícuota especial de 27 % de IVA para consumo de servicios públicos de Pymes. En el gobierno nacional calcularon que el costo fiscal, de aplicarse la norma, sería de $225 mil millones para este año y 2019.

Gutiérrez toma distancia y da “libertad de conciencia”

En Neuquén eligen por ahora desligarse de la disputa en el Congreso. Para el gobierno provincial, el tema de las tarifas es estrictamente hoy una discusión limitada al gobierno nacional y a los intendentes, ya que la provincia no incluye cargas impositivas en las boletas de los servicios, algo que había pedido eliminar Nación. Apuntan directamente contra el intendente Horacio Quiroga. El MPN avanza con un proyecto para reducir hasta un 30% la tarifa de CALF.

En el Ejecutivo provincial aseguran que el compromiso con el gobierno de Mauricio Macri ya fue definido: Neuquén colaborará con 6,5 millones de pesos en los próximos dos meses para compartir el 50% de la prórroga de la tarifa social de gas para los usuarios más vulnerables.

Omar Gutiérrez, se limitó en las últimas horas a advertir que su provincia “va a acompañar con actitud solidaria, seria y responsable esta situación”. El mandatario dijo que “el cinco por ciento del consumo de gas natural en Neuquén está accediendo a la tarifa social, a un valor sensiblemente inferior, por lo que representa un costo de seis millones de pesos”. En la provincia son beneficiarias de la tarifa social, 26.300 familias.

Gutiérrez también recordó que “el 50 por ciento lo va a poner el gobierno nacional”, y manifestó su compromiso con que “el otro 50 por ciento lo aportará el gobierno de la provincia”.

Respecto a la discusión que se da en el Congreso, en el MPN no adelantan la posición de sus legisladores.

En el gobierno provincial aseguran que la diputada Alma Sapag y –en caso de que el proyecto llegue a la Cámara Alta– los senadores Lucila Crexell y Guillermo Pereyra cuentan con “libertad de conciencia” a la hora de votar. La reducción –como plantea el proyecto del peronismo en el Congreso– o eliminación del IVA de las tarifas de servicios tendría, para la provincia, un costo fiscal de entre 200 y 326 millones de pesos.

Weretilneck pidió suavizar, pero le hizo un guiño a Macri

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck también dio respuesta al pedido de Nación para manifestarse contra la discusión de tarifas en el Congreso.

“No podemos estar cambiando las cosas cada tres o cuatro meses de acuerdo al humor. Todos sabíamos que íbamos a tener un aumento tarifario, que estaba reflejado en el presupuesto y que el IVA iba a quedar así hasta el 2022. No se puede cambiar todo esto ahora”, sostuvo Weretilneck, ante los medios en Bariloche, de acuerdo a un comunicado de prensa que difundió el mismo gobierno de la provincia.

El gobernador recordó que “todo lo que es el marco tarifario del país se discutió en audiencias públicas, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que en “las audiencias de electricidad y gas, las generadoras, las distribuidoras, los usuarios y los Estados provinciales tuvimos la oportunidad de dejar expresada nuestra opinión”.

Ante la posibilidad de una reducción o eliminación del IVA en las tarifas, cuyo costo fiscal impactaría en todos los distritos, el mandatario también destacó que en noviembre pasado las provincias y Nación firmaron el pacto fiscal: “Discutimos el nuevo Consenso Fiscal, donde las Provincias y la Nación acordamos las cuestiones fiscales para los próximos seis años. Si cada pocos meses vamos a estar cambiando los acuerdos y los pactos, entonces no hagamos nada y dejemos que la coyuntura nos vaya llevando de un momento a otro”, sostuvo y recordó que en el Presupuesto 2018 también se definieron las cuestiones tarifarias. Río Negro sufriría un recorte de entre $340 y $470 millones de pesos en los recursos que transfiere la Nación en caso de que se eliminara IVA de las tarifas.

Finalmente, aunque admitió “que hay que salir de 10 años de congelamiento tarifarino”, Weretilneck aseguró que “los incrementos deben ser más moderados para que no impacten tanto en el bolsillo de la gente”. Pero no aclaró cómo debería ser el esquema de subas. “El Gobierno debe hacer que el impacto tarifario no afecte gravemente a la economía familiar y a las actividades económicas”, concluyó.