Los mercados mandan

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A nadie le gustan las calificadoras de riesgo, estas empresas privadas que juzgan el desempeño de los diversos países como si fueran alumnos de un colegio exigente, pero todos los gobiernos las toman muy en serio. Mal que le pese al mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, la decisión de la agencia Fitch de rebajar la valoración de la deuda de su país de AAA a AA+ ya ha incidido mucho más en los mercados que sus propios esfuerzos por hacer pensar que el ajuste que acaba de anunciar, y que recibió la aprobación parlamentaria con un solo voto de diferencia, será más que suficiente para sanear las cuentas nacionales. Lo mismo que muchos otros políticos, Zapatero quisiera que las calificadoras de riesgo más influyentes –Fitch, Standard & Poors y Moody’s– se vieran obligadas a respetar reglas más severas o, mejor aún, que fueran reemplazadas por entidades intergubernamentales, pero puesto que en tal caso se difundiría en seguida la sospecha de que estarían más interesadas en ayudar a gobiernos en apuros que en advertir a los inversores sobre los peligros que podrían enfrentar, una reforma en tal sentido resultaría contraproducente. De todos modos, el fuerte impacto que suelen tener en los mercados de valores los informes de las calificadoras, sobre todo cuando manifiestan preocupación por las perspectivas ante un país determinado, se debe a que los problemas que señalan son auténticos. Puesto que en España la tasa de desocupación ya se aproxima al 20%, se prevé que en los próximos años la economía crezca con lentitud y que aumente mucho la deuda pública, el ajuste se verá resistido por sindicatos que hasta hace poco apoyaban al gobierno socialista y hay dudas legítimas en cuanto a la capacidad del país para superar sus dificultades financieras, el pesimismo de Fitch dista de ser caprichoso. No sólo en Europa sino también en otras partes del mundo, incluyendo la Argentina, políticos, sindicalistas e intelectuales que les suministran ideas encuentran insoportable la tiranía de los mercados, razón por la que tantos reclaman reglas draconianas destinadas a reducir el poder de las calificadoras, los bancos y los fondos de inversión que los conforman. Tales sentimientos pueden entenderse, pero todos los intentos de poner las finanzas al servicio de la producción y del bienestar ciudadano han fracasado por una razón muy sencilla: la prosperidad a la que tantos países se han acostumbrado fue posibilitada en buena medida por la existencia de mercados sumamente flexibles. Como gobiernos de todos los pelajes no han tardado en darse cuenta, asfixiar los mercados, como se han propuesto los enfurecidos por su imprevisibilidad, no ayudaría en absoluto a inaugurar una época de crecimiento continuo, sin las crisis periódicas que suceden al estallar la burbuja de turno, sino que, por el contrario, significaría el estancamiento y el empobrecimiento generalizado. Por anárquicos que parezcan los mercados y por frecuente que sea que quienes operan en ellos apuesten a fantasías costosísimas, las alternativas que se han planteado serían con toda probabilidad peores. Es por dicho motivo que hasta socialistas de mentalidad anticapitalista como Zapatero y sus colaboradores, además de sus congéneres griegos, han entendido que les convendría tratar de aplacarlos ordenando ajustes que, de estar en la oposición, hubieran criticado con gran ferocidad. Si optaran por “luchar” contra los mercados lo único que lograrían sería desatar una fuga de capitales fenomenal y privarse de las inversiones que necesitan para dar más vigor a la economía, lo que los enfrentaría con una crisis incomparablemente mayor que la actual. Aunque es factible que los españoles, griegos, italianos y otros terminen rebelándose contra los ajustes que están en marcha, no les será dado desafiar la lógica inherente al sistema económico internacional según la que a aquellos países que a ojos de los inversores –y de las calificadoras de riesgo– no merecen confianza les aguarda un futuro terriblemente austero. Los ajustes pueden ser crueles, de ello no cabe duda, pero en Europa por lo menos parece haberse consolidado el consenso de que los costos sociales de negarse a emprenderlos serían tan elevados que sería mejor no soñar con intentarlo.