Los nuevos enemigos

<span style="text-transform:uppercase">Antonio Brufau y la familia Eskenazi están en la mira del gobierno nacional.</span>

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OFENSIVA ESTATAL SOBRE YPF

El gobierno nacional lanzó días atrás, utilizando para ello el diario oficialista “Página/12”, un globo de ensayo para ver cuál sería la reacción del mercado –y de la sociedad en su conjunto– ante una posible estatización de la empresa YPF.

Desde lo más profundo y sensible del kirchnerismo la noticia comenzó a fluir como reguero de pólvora.

No faltaron el fervor nacionalista para reclamar por los recursos que “son de todos los argentinos” ni el ataque a la política liberal aplicada en los 90, como si el matrimonio Kirchner no hubiera tenido absolutamente nada que ver con la privatización de la ex estatal YPF. (Ver recuadro)

La participación de capitales nacionales en la empresa –la famosa “argentinización” promovida por Néstor Kirchner desde el 2005– constituía hasta hace sólo unos meses una jugada estratégica clave de la administración Kirchner dentro del comportamiento virtuoso del modelo y la empresa a través de los nuevos descubrimientos realizados y el potencial que todo este nuevo escenario generaba.

Pero, tal como lo señala el ex ministro de Economía Martín Lousteau, cuando escasean los fondos públicos que emparchaban la mala o nula planificación del gobierno en materia de energía esa empresa pasa a ser, en forma casi inmediata, una compañía manejada por financistas locales que no cobran dimensión de la responsabilidad que ahora tienen dentro del proyecto de país que interpreta el gobierno. Es decir, los que antes eran los socios estratégicos del modelo hoy se transformaron en los causantes de los grandes males de la Argentina en lo que a materia energética se refiere.

Pero no sólo Brufau y Eskenazi están hoy en la mira del gobierno nacional. Las provincias también comenzaron a rendir cuentas ante el ministro Julio de Vido. El gobierno nacional las considera partícipes necesarias de la crisis energética que sufre el país y de los cerca de 20.000 millones de dólares que se importaron en energía en los últimos cinco años para sostener la demanda interna del país. “Poco hicieron los gobernadores a la hora de programar inversiones con las petroleras. Los resultados están a la vista”, afirmó uno de los funcionarios de Economía al ser consultado por el tema. Desde la Casa Rosada aseguran que en los últimos años varios mandatarios provinciales estuvieron más preocupados por sacarles algunos millones a las petroleras para pagar salarios que por tratar de hacer un serio trabajo de planificación para recomponer la matriz productiva hidrocarburífera, lo que hubiese permitido sostener el autoabastecimiento del país. “No hubo control y eso se nota”, protestó la fuente.

La primera señal ya fue dada. El ministro De Vido solicitó a los gobernadores “petroleros” un alineamiento “sin fisuras” frente al reclamo de mayores inversiones. Y el pedido se hizo carne este jueves con la reunión de la Ofephi y el manifiesto que de allí salió con la firma de todos los gobernadores de las provincias productoras.

Lo que se viene

La estatización de YPF continúa en la mente de algunos halcones del kirchnerismo pero, por ahora, en el gobierno predomina la prudencia sobre este tema.

Sí se está trabajando en un cambio en las reglas de juego aplicadas hasta ahora en relación con el rol de la Nación, las provincias y las empresas del sector.

La administración Kirchner pretende romper el actual statu quo poniéndose al frente de las futuras negociaciones con las empresas por inversiones y concesiones y relegando el tradicional papel que tenían los gobernadores hasta ahora.

Con el característico “no hay nada definido todavía, está todo en estudio”, uno de los asesores de De Vido admitió en forma extraoficial que “el cambio en las reglas de juego se da porque el gobierno nacional considera que las provincias productoras de petróleo no cumplieron con las expectativas esperadas y que parte de los 10.000 millones de dólares de importaciones se debe a ello”.

Según pudo saber “Río Negro”, los cambios que se estarían estudiando desde el gobierno nacional son sólo “operativos”:

• Negociación y control a partir de un nuevo pacto federal de hidrocarburos. Esto incluye la unificación de las estadísticas de producción e inversiones en una sola base de datos.

• No se modificarían las estructuras de ingresos que tienen las provincias acordadas con las empresas (regalías) ni los acuerdos ya firmados por las prórrogas de las áreas adjudicadas (extensión de concesiones).

Con este nuevo esquema lo que quiere la administración Kirchner es volver a tomar las riendas en las conversaciones para, de esta manera, tener un mayor poder de negociación a la hora de sentarse a conversar con las empresas por inversiones y rentabilidad.

Para el gobierno nacional fue un error “atomizar” el poder concedente en las provincias ya que limitó los beneficios que pudo haber obtenido el país en los últimos ocho años de crecimiento sostenido de la economía. Y eso es lo que pretende “revisar”.

Estatización: No es una cuestión de dinero

El 27 de enero la empresa YPF tenía un valor de mercado de 18.800 millones de dólares. Luego de los rumores de nacionalización la acción de la petrolera en Estados Unidos se desplomó un 20% y el valor final de la compañía quedó, una semana después, en algo más de 15.000 millones de dólares.

Si el gobierno nacional toma la decisión política de nacionalizar YPF y lanza una OPA compulsiva de sus acciones –a través de una ley del Congreso– seguramente terminará pagando menos de 10.000 millones por todo el paquete accionario.

Es que sólo el anuncio oficial de una nacionalización determinaría el desplome de las acciones de la empresa y sus tenedores deberían negociar estos nuevos valores con el Estado. Una pulseada desigual.

Existen antecedentes sobre este tema. Con el fin de “recuperar la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción”, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció en enero del 2007 la nacionalización de Cantv (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela), cuyo paquete accionario mayoritario estaba en manos de la firma estadounidense Verizon.

Luego del mensaje oficial de Chávez las acciones de Cantv se desplomaron más del 50% en pocos días. Y el valor de la empresa siguió la misma tendencia. “Te pago cuando la ley lo diga y en la forma en que el Estado decida”, contestó Chávez a los reclamos de Verizon por la intervención estatal que había determinado el desplome accionario de la empresa, comentaba en aquel entonces a través de uno de sus cables la agencia Reuters.

Todo indica que la administración Kirchner no tomará con YPF, por ahora, el mismo camino por el que optó el líder bolivariano para quedarse con Cantv.

javier lojo

jlojo@rionegro.com.ar


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