Los policías retirados deben devolver las armas

NEUQUÉN (AN).- La Policía neuquina sale a recuperar las armas reglamentarias de los efectivos retirados que por ley no las deberían tener en su poder. Calculan que son unas 1.800 pistolas calibre 9 milímetros y según prevé el Código Penal, quien no la entregue podría terminar tras las rejas.

El pasado 14 de mayo, el comisario general Juan Carlos Lepén, jefe de Policía, y el comisario inspector Marcelo Pison, secretario general administrativo, firmaron la resolución 1195/08 que sale a la caza de las 9 milímetros en manos de retirados.

En el texto reconocen que «el personal policial de nuestra repartición en situación de retiro, se encuentra en este momento carente de respaldo jurídico para la posesión de armas reglamentarias».

Esto se debe a la puesta en vigencia de una ley provincial que data del 2001 y que modificó la ley 715 que establecía en su artículo 36 la posibilidad de mantener el arma después del retiro del efectivo policial por el sólo hecho de haber prestado servicios en la repartición.

De acuerdo con la letra de la resolución, la Jefatura querría evitar que su personal retirado no se vea «implicado involuntariamente» en delitos de carácter penal y dan por ejemplo el caso del policía retirado que en Roca tiroteó a su familia.

Ante cualquier hecho que se produzca con las armas reglamentarias, la provincia es responsable pero también «el Tribunal de Cuentas puede hacer efectiva la responsabilidad administrativa patrimonial de los funcionarios que permitieron, por acción u omisión, sin cobertura legal la continuidad de esta situación».

En pocas palabras, si un retirado participa en algún hecho utilizando el arma, la provincia y los funcionarios de turno deberían responder legalmente, motivo por el cual también se justifica la devolución de las 9 milímetros.

Esto obliga a que alrededor de 1.800 policías en situación de retiro deban entregar sus armas, y «quienes pretendan en el futuro poseer o portar armas, deberán realizar en forma previa todos los trámites, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley», detalla la resolución.

Desde hace dos semanas se viene notificando a los efectivos retirados que tienen un plazo de 10 días corridos para restituir la pistola reglamentaria ante la División Armas y Equipos. Los que no cumplan con el plazo establecido estarán incurriendo «a prima facie en los delitos previstos en los artículos 173 inciso 2 y en el 189 apartado 4 del Código Penal», que prevén penas de prisión. Los incumplimientos serán registrados a la fiscalía en turno y al Tribunal de Cuentas que serán los encargados de iniciar de las acciones judiciales y administrativas.

A futuro, la Jefatura deberá prever que el efectivo entregue el arma reglamentaria antes de retirarse. Está sugerido que la Dirección de Personal exija una constancia de restitución del arma extendida por la División de Armas y Equipos antes de concluir el trámite de retiro.