Los principales ejes de una posible Ley de Ordenamiento Territorial

Durante la jornada, los miembros de Saplat trabajaron en los contenidos de una estructura y guía de trabajo para esta legislación de Ordenamiento Territorial para las dos provincias.

Analizaron que la Constitución de Río Negro en el Art. 74 fija ciertas pautas en materia de ordenamiento territorial que no lo hace la de Neuquén, con lo cual al plantear una ley para las dos provincias deben considerarse esas particularidades. Además, establecieron que existen otras regiones en ambas provincias con una dinámica y realidad diferente, como por ejemplo la región Atlántica marítima rionegrina.

Hubo total consenso en un punto: el proyecto de ley debe contemplar la función social de la propiedad del suelo buscando que las comunidades que viven en este territorio tengan la posibilidad de revertir los desequilibrios existentes (mercado inmobiliario, actividades extractivistas, contaminación del agua por efluentes cloacales). Se debe plantear la generación de políticas públicas participativamente y consensuarlas para que reequilibren los intereses privados con los públicos en lo ambiental, urbano, rural, social y político.

A partir de la función social de la tierra, se decidió que un objetivo primordial de la ley debe ser poner el interés público por sobre el interés privado.

Por otro lado, una vez avanzado en estos acuerdos se deberá trabajar en el proyecto de ley descentralizadamente, por regiones en cada provincia, dando participación a otros sectores sociales claves para el desarrollo del territorio involucrando a todos los sectores. En las regiones se debe incluir a actores públicos como INTA, INTI, Invap y actores privados Cámaras de Comercio y Turismo, productores, concejales e intendentes, entre otros.

Se propuso una estructura de proyecto de ley con los contenidos base que debería considerar.

Estos son: en la parte política: acuerdos de directrices y principios; en la parte normativa: usos del territorio y aspectos ambientales; y por último, herramientas para la gestión, que sirvan para articular entre sectores provinciales con municipios y sectores públicos con los privados.

Un valor fundamental que destacaron para este proyecto de ley promovido y articulado desde Saplat Regional Patagonia Norte es que en el territorio cuentan con fuerte institucionalidad de organizaciones vivas con interlocutores muy activos en temas sensibles como son lo ambiental y social, vinculados a lo político. Grupos que nacieron para cuidar los ríos o que alertan sobre la contaminación que genera el petróleo, con el fin de cuidar los recursos naturales por sobre los intereses puramente económicos.

Especulación y Estado ausente

Intervenir en la propiedad privada, representada por los poderosos, a los incrédulos les parece casi una utopía. Pero Eduardo Reese, asegura que el Estado tiene el poder de regular el mercado inmobiliario. “Es difícil pero es una decisión política del Estado”, sostiene cuando se le pregunta sobre las posibilidades de hacerlo. Y para esto, hay que terminar, entre otras cosas, con los especuladores.

Los precios que pagamos por un terreno en la región son obscenos. Reese, para entender cómo se llega a esto sostiene que hay que considerar los procesos de construcción de precios del suelo que implementa el sector inmobiliario y la especulación.

“La especulación tiene muchas caras y es un problema más que nada Latinoamericano porque son países muy centrados en la cuestión patrimonial. Nuestras economías son rentistas, la única manera de conservar lo que ganó es comprar un lote, una casa o invertir en el inmobiliario, eso agrava el problema”, explica.

Explica que en los países anglosajones este no es un problema. Por ejemplo, a un sueco no le importa tener la casa: alquila y punto, pero hay intervención estatal en el alquiler. “Si no hay interés en acumular tierra o inmuebles el precio bajaría, que es lo que pasa en los países productivistas”, sostiene.

Para entender lo que sucede, propone analizar el corrimiento de las obligaciones del Estado.

Cuando se habilita la tierra para un loteo social, muchas veces los lotes son adquiridos por especuladores a un precio bajo. Con el correr del tiempo, el Estado hace las inversiones como la planta de cloacas, la extensión de luz, etc., y los revaloriza. Después cuando necesita esas tierras para hacer lotes sociales, están extremadamente caros.

“Entonces el Estado se convierte en el estúpido del negocio, le valoriza la tierra a privados, le cambió la normativa, construyó la escuela y cuando necesitó tierras para hacer viviendas del IPPV o IPVU paga carísimas las mismas tierras que valorizó”, dice.

Suma además que ese valor lo ganó con la plata que se pagan los impuestos y termina en manos de un especulador que lo único que hizo es esperar. “La pregunta del millón es ¿ese dueño qué aportó a la economía? ¿Qué hizo? Nada. Solo esperar”.