Lotería electoral

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Para desconcierto de los veinte o más peronistas que se creen plenamente capacitados para gobernar la Argentina en medio de una de las crisis más graves de su historia, Adolfo Rodríguez Saá no ha intentado disimular su voluntad de prolongar su mandato hasta fines del 2003. Se trata de una aspiración legítima y, con la excepción de los partidarios de los autoproclamados presidenciables, no abundan los que pueden sentir demasiado entusiasmo por la idea de celebrar elecciones el 3 de marzo, razón por la que ya se oyen las voces de quienes insisten en que convendría cancelarlas. Si bien son interesados los motivos de muchos de los que preferirían que Rodríguez Saá continuara en la Casa Rosada hasta completar el período originalmente fijado para Fernando de la Rúa, disponen de una cantidad de argumentos muy convincentes.

En primer lugar, pueden señalar que la Argentina sencillamente no está en condiciones de darse el lujo de perder tres meses o más celebrando una nueva campaña electoral seguida por la construcción de un Poder Ejecutivo adecuado. Con el «default» ya oficialmente declarado, tiene que intentar poner sus asuntos en orden sin demora alguna, porque de lo contrario la situación económica y por lo tanto social se agravará muchísimo más. Asimismo, frente a la posibilidad de que tenga que rendir examen ante un electorado veleidoso después de dos meses en el poder, Rodríguez Saá ya está cayendo en la tentación de entregarse a una orgía demagógica, de modo que el país parece condenado a experimentar otra etapa tan negativa como la supuesta por la segunda gestión de Carlos Menem en la que subordinó todo lo demás a una hipotética nueva reelección. Si bien al puntano le es necesario tratar de levantar el ánimo de la gente tomando algunas medidas presuntamente populares, sería mejor para todos que lo hiciera pensando en una gestión de dos años, es decir, con tiempo suficiente como para que tenga que convivir con las consecuencias de sus propios errores, no de dos meses de electoralismo frenético.

Otro motivo por el que la convocatoria a elecciones está provocando malestar consiste en que el sistema elegido, además de ser intrínsecamente confuso, difícilmente servirá para producir a un presidente de legitimidad indiscutible. A lo mejor, el eventual triunfador sería visto como un equivalente tardío del presidente Arturo Illia, que a pesar de los escasos votos que recibió mereció el respeto de la mayoría. A lo peor, ganaría un político menor coyunturalmente favorecido por las particularidades matemáticas inherentes a la ley de Lemas, que bien podría resultar ser una reedición un tanto rudimentaria de De la Rúa. Lo que no podrá garantizar el sistema electoral esotérico que escogieron los peronistas por razones internas es que por fin el país cuente con un presidente que esté en condiciones de gobernarlo.

Al agotarse la gestión de De la Rúa, el país ingresó en una etapa cuya característica más notable consiste en la vertiginosidad del cambio. Según las encuestas de opinión, dirigentes que durante años disfrutaron del apoyo de sectores muy amplios vieron precipitarse sus acciones mientras que otros se transformaron de figuras marginales en favoritos populares al parecer capaces de atraer millones de votos. No hay por qué creer que este proceso se haya acercado a su fin. Por el contrario, es posible que una ciudadanía que luego de endiosar a De la Rúa y Domingo Cavallo decidió expulsarlos con violencia repita la hazaña en enero o febrero volviéndose en contra de los jefes peronistas más eminentes, posibilitando así que, de celebrarse elecciones el 3 de marzo, el triunfador resultara ser el contestatario más admirado del día que, por innegable que fuera su derecho a trasladarse a la Casa Rosada, no sería capaz de gobernar y que por lo tanto un par de semanas más tarde podría compartir el destino del radical y del economista «salvador». El que el desenlace parezca librado al azar raramente puede considerarse un pretexto válido para cancelar elecciones, pero en vista de que las convocadas por los caciques del PJ no son producto de ninguna necesidad constitucional, no sorprendería que prevaleciera el parecer de los resueltos a ahorrárnoslas.