Macri bajó el IVA y el TSJ tuvo que salir a ajustar gastos

El presupuesto del Poder Judicial neuquino está atado a la coparticipación federal de impuestos. Habrá recortes en algunas áreas. Los jueces pedirán más ayuda al Ejecutivo para llegar a fin de año.



Los vocales del TSJ le pidieron a los jueces, funcionarios y agentes “la máxima prudencia en el uso de bienes y servicios.”

Los vocales del TSJ le pidieron a los jueces, funcionarios y agentes “la máxima prudencia en el uso de bienes y servicios.”

El Poder Judicial de Neuquén dispuso una restricción de gastos hasta el 31 de diciembre próximo. Lo justificó en las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional post-elecciones primarias que afectan en forma directa su presupuesto autárquico. La estimación es que durante el último trimestre del año van a ingresar 100 millones de pesos menos por impuestos coparticipables. El ajuste será en cuatro ítems: contrataciones, provisión de equipamiento inmobiliario e informático, refacciones y cobertura de vacantes.

El 18% de los fondos coparticipables de impuestos nacionales que recibe la provincia están destinados al Poder Judicial, según lo estipula la ley 1971.
Hasta hace unos años ese monto era suficiente para afrontar los gastos anuales. A partir del colapso de 2001 todo cambió y el Poder Judicial depende cada vez más de giros de dinero del Ejecutivo provincial para llegar a fin de año. Tiene un presupuesto de 5.255 millones de pesos, de los cuales casi el 90% se destina a salarios.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió en un acuerdo extraordinario aprobar lo que denomina una “política de control de gastos”. Las medidas adoptadas por la administración del presidente Mauricio Macri impactan, aseguran los vocales, “en la recaudación de los principales impuestos coparticipables, suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, eliminación del IVA en productos de la canasta básica alimenticia, entre los más salientes” cuya consecuencia es “una caída de los ingresos en términos reales”.

Por eso fue que exhortan a los magistrados, funcionarios y agentes, a “que observen la máxima prudencia en el uso de bienes y servicios, como así también, respecto a disposiciones que originen gastos para el Poder Judicial”.
La decisión se tomó en el contexto del reclamo de recomposición salarial que encabeza el sindicato Sejun.

El dato

5.255
millones de pesos era el presupuesto 2019 fijado para el Poder Judicial. El ejecutado, por los ajustes de inflación, va implicar una asistencia de 1.000 millones más.

El acuerdo estipula que en la cobertura de vacantes se evaluarán “las necesidades de recursos humanos que se encuentren plenamente justificadas y dispuestas por ley”. Por ejemplo estaba presupuestada la creación de 31 puestos nuevos (desde asesores en mediación familiar hasta funcionarios de estadística) cuyo desembolso implicaba 25.681.785 pesos (salarios y cargas sociales). Muchos de estos concursos que estaban en trámite fueron frenados. Lo mismo con los reemplazos (vacantes ya creadas) que comprendían una erogación total de 12.461.914 pesos.

Los cargos que se eligen por el Consejo de la Magistratura (jueces, fiscales y defensores) son los que el TSJ tiene menos posibilidades de demorar. El costo de las designaciones planificadas para este año representaban 19.208.944 pesos.


Comentarios


Macri bajó el IVA y el TSJ tuvo que salir a ajustar gastos