México se suma a la modernización

El nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha puesto en marcha un plan de reformas estructurales que, de aplicarse adecuadamente, conducirán a convertir a México en una de las principales economías del mundo. Para legitimar esta agenda de cambios profundos ha comprometido a los partidos políticos en un gran pacto nacional: el Pacto por México. De este modo se suma a la lista de países de América Latina que, como Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia, han iniciado procesos de modernización. Rezagados, anclados en el pasado, quedan los países populistas de la región como Venezuela, Bolivia y Argentina. México era, hasta no hace mucho tiempo, la “dictadura perfecta”, como la denominó Mario Vargas Llosa. Pero en el 2000, el entonces primer mandatario Ernesto Zedillo inició un proceso de reformas políticas que restó poderes al presidente y permitió al Congreso realizar una labor de mayor autonomía. La Suprema Corte de Justicia se hizo más independiente y sus decisiones gozan ahora de reconocido prestigio. Las elecciones las organiza el Instituto Federal Electoral con absoluta pulcritud y se ha conseguido avances en la profesionalización de los funcionarios del Estado. El Banco de México es enteramente autónomo, lo cual se refleja en unas finanzas públicas saneadas, con altas reservas, baja inflación y eliminación del déficit público. Ese camino de reformas políticas pretende ahora ser profundizado mediante una amplia agenda de cambios estructurales que abarcan las políticas públicas en materia de educación, finanzas, seguridad, telecomunicaciones, fiscal y energética. Los partidos del arco constitucional –PRI, PAN y PRD– firmaron en diciembre el Pacto por México para consensuar estas políticas de Estado, lo que ha llevado a los ciudadanos a la convicción de que en esta ocasión el plan de reformas definitivamente va a avanzar. El presidente Peña Prieto anunció que en las próximas semanas lanzará una reforma financiera para mejorar el nivel del crédito que hoy tiene el país. Se busca dar impulso a la banca de desarrollo del Estado para ampliar y extender el crédito de modo de llegar a las pequeñas y medianas empresas. En el segundo semestre está previsto iniciar la reforma energética, centrada en reconvertir a Pemex (Petróleos Mexicanos) en una empresa similar a Petrobras, y la reforma fiscal, para que se amplíe la base tributaria, se reduzcan al máximo las exenciones y los privilegios fiscales y se simplifique el sistema fiscal que actualmente facilita la evasión de las grandes fortunas. Sin embargo, el desafío más importante que asumió el nuevo presidente mexicano ha sido la reforma de la educación, una de las más necesarias. “La base para transformar a México es la educación”, anunció el presidente el mismo día de su investidura el pasado 1 de diciembre. Según datos oficiales, de cada 100 niños que inician su educación elemental sólo 64 terminan la escuela primaria, 24 el bachillerato, 10 egresan de una licenciatura y apenas 2 ó 3 concluyen un posgrado. En la prueba del 2009 del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), México ocupó el último lugar entre las 34 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 48 del total de 65 países evaluados. (Aquí debemos recordar que Argentina ocupó el lugar 58). El ministro (secretario) de Educación Pública ha reconocido que México atraviesa una profunda crisis en el sector educativo a pesar de ser el segundo país del mundo, después de Nueva Zelanda, en cuanto a la proporción del gasto público destinado a la educación. El principal propósito de la reforma educativa es crear un servicio profesional docente que tenga en cuenta el desempeño profesional de los maestros, con criterios definidos para su promoción en la carrera, sin interferencias sindicales. También incluirá un sistema de evaluación, desarrollado por un organismo autónomo, que será obligatorio para todos los maestros y que no estará sujeto a “caprichos o intereses particulares”, según afirmó el ministro. La reforma educativa tiene que superar los obstáculos puestos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, considerada como la dirigente gremial más poderosa de México, quien recientemente fue encarcelada por el gobierno acusada de corrupción. El SNTE tenía el control de las plazas docentes del país, que cubría de acuerdo con lealtades sindicales. En el acto en que se presentó la reforma educativa, Jesús Zambrano, líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) –quien firmó como testigo el documento en que se recoge la reforma–, dijo que la iniciativa del presidente era “una verdadera revolución educativa” porque el sector se había convertido en un “botín” de las organizaciones sindicales. El propósito de la reforma educativa persigue básicamente configurar un servicio profesional del magisterio. A estos efectos se concede autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa que estaría formado por funcionarios ratificados por mayoría del Senado, a efectos de que el Estado nacional forme, conduzca y evalúe todo el sistema educativo de México. Como señalan algunos analistas, el otro obstáculo para el progreso de las reformas estructurales y el avance de la democracia representativa en México proviene de Andrés Manuel López Obrador, líder de la izquierda populista. Éste, al igual que otros líderes mesiánicos, se considera ungido de un poder suprahistórico para “salvar” México y ha sido reticente en el reconocimiento de los resultados de las elecciones que ha perdido. Esto demuestra que la mayor dificultad para posibilitar el surgimiento de una izquierda moderna en América Latina proviene de sectores que se dicen de izquierda pero que no son más que auténticos conservadores amparados en los estereotipos del pasado. Actualmente son los más tenaces defensores de los viejos privilegios corporativos que impiden que la educación pública cumpla acabadamente el rol de facilitar el ascenso de los más débiles.

Aleardo F. Laría aleardolaria@rionegro.com.ar