Multan a Pega por no cumplir con la Justicia

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Juzgado de Familia 7 de Bariloche le impuso multas de 50 pesos diarios al ministro de Familia, Alfredo Pega, por la falta de respuesta de los organismos a su cargo en unas 20 causas de violencia familiar que se encuentran frenadas por la falta de diagnóstico y citaciones a las víctimas.

Además se libraron intimaciones sucesivas en otros 20 expedientes donde también hay niños y mujeres en riesgo, a los que tampoco se puede amparar con medidas protectivas por la paralización de la acción judicial que impone la inacción de los equipos técnicos del Ejecutivo provincial.

La sustanciación de las causas depende del trabajo de campo que debe realizar la Unidad Ejecutora local (UEL), dependiente del Ministerio de Familia, que cuenta con cuatro empleados -uno de licencia por enfermedad- para atender más de 600 expedientes complejos, que involucra a la población más vulnerable de la ciudad. La dependencia carece de vehículo, conexión a internet y otros recursos básicos para la tarea asignada.

Esa situación fue expuesta por la UEL ante los reiterados pedidos de intervención de la jueza Marcela Pájaro, quien traslado el reclamo al ministro en cada uno de los expedientes afectados para que «arbitre los medios», en plazos «medianamente largos».

Como las intimaciones fueron desoídas, la magistrada recurrió al fuero penal y denunció el incumplimiento de deberes del funcionario, que fue desestimado por las fiscalías. En último término decidió la imposición de astreintes como sanción conminatoria para lograr que el ministerio atienda el pedido original.

La medida -que aún no está firme- fue rechazada por la Fiscalía de Estado, intervención desestimada por la jueza en razón de que la multa fue impuesta a Pega por la responsabilidad que le cabe en el ejercicio de sus funciones y no al ministerio.

«El ministro no parece preocupado pero a mí me preocupa mucho que se me muera alguien antes de que logremos intervenir» dijo Pájaro a «Río Negro», quien aclaró que los oficios sin contestar se remontan a dos y tres años y que «son muchísimas las causas y los atrasos son graves». La preocupación es compartida por los dos tribunales de Familia locales que sufren por igual las limitaciones de la UEL. La inquietud de las juezas llegó oídos del STJ y dio lugar a una investigación interna para deslindar la responsabilidad del Poder Judicial en los «incumplimientos» de la ley y sus eventuales consecuencias.

Pájaro tiene una mirada crítica de la nueva ley de violencia familiar -4241- que judicializa todos los conflictos familiares. En 2007, antes de su sanción, el fuero de Familia local recibió unas 170 denuncias; en 2008, con la reforma ya vigente, se acumularon más de 400 denuncias y en lo que va de 2009 ya se registraron 380 presentaciones. La jueza también cuestionó la falta de reglamentación de la ley que mantiene paralizada la asignación de fondos para la designación de los equipos técnicos que deben realizar el trabajo de campo. «Que me digan cómo hago para sostener la ley con un pedazo de cable y cinta adhesiva», ironizó.