El gobierno de Bariloche reconoció errores con la tasa de basura, pero no quiere dar marcha atrás

El nuevo régimen tributario para la tasa de residuos fue reglamentada en febrero y los aumentos, en algunos casos superan el 2.000%. Algunos contribuyentes pagaban 625 pesos mensuales y pasaron a recibir facturas por 5.000 y hasta por 10.000 pesos.

Por Daniel Marzal

El gobierno municipal recibió más de un centenar de reclamos por el aumento aplicado en la tasa que pagan los emisores comerciales de residuos sólidos y en una gran mayoría aceptó errores en la liquidación, pero hasta ahora se negó a anular la resolución que le dio origen. Solo se mostró dispuesto a revisar y adecuar las categorías “caso por caso”.

El nuevo régimen tributario para la tasa de residuos fue reglamentada en febrero y se comenzó a aplicar el mes pasado, con aumentos que en algunos casos superan el 2.000%. Algunos contribuyentes pagaban 625 pesos mensuales y pasaron a recibir facturas por 5.000 y hasta por 10.000 pesos.

El gravamen que recae sobre todas las habilitaciones comerciales en relación con el volumen de basura que vuelcan al sistema público de recolección y hasta el año pasado consistía en un monto fijo. Ahora fue reemplazado por montos ponderados según un escalonamiento por categorías que provocó numerosas quejas.

El bloque del Frente de Todos en el Concejo impulsó una comunicación para suspender la resolución hasta que sea ajustada, con parámetros más “progresivos”, pero en la sesión del último jueves el proyecto no consiguió los votos necesarios por el bloque de Juntos Somos Río Negro y fue pasado a comisión.

El presidente del bloque oficialista, Carlos Sánchez, admitió que casi un 70% de los reclamos fueron atendidos y “se les dio la razón” a los contribuyentes que protestaron por lo abultado de la tasa. Dijo que según los números que le pasaron desde la secretaría de Hacienda, “a 71 de los que reclamaron se les respondió que sí y a 13 que no, mientras que hay un tercer grupo que todavía está bajo análisis”.

El desacuerdo estuvo concentrado en la palabra “suspender”. Los autores del proyecto no quisieron eliminarlo porque entienden que si la resolución tiene falencias hay que dejarla sin efecto “para que los contribuyentes no sigan pagando” con ese régimen. Pero el oficialismo sólo estaba dispuesto a aportar sus votos si en lugar de “suspender” exhortaban al Ejecutivo a “revisar” la resolución.

La concejal Roxana Ferreyra (FdT) reconoció que ese desacuerdo trabó todo. A propuesta del concejal Gerardo Del Río (PUL) el proyecto fue remitido a la comisión de Gobierno y Legales y podría volver a ser tratado en la próxima sesión.

“No ha sido justo como se trató el tema -dijo Ferreyra-. Lo que corresponde es que nadie más pague hasta que se corrija. No puede ser que el contribuyente esté obligado a reclamar para que le reconozcan algo que está mal. El Estado debe dar una respuesta clara y acorde y no la estamos dando”.

Evalúan caso por caso

Durante el debate Sánchez brindó otros detalles. Dijo que la imposición de la tasa es revisada cuando comprobadamente el volumen de basura que genera un comercio es menor que el estimado para su categoría. Señaló por ejemplo que presentaron reclamos por lo abultado de los montos cuatro cervecerías de la calle Elflein “y a las cuatro les fue denegado”.

Mientras que ocho comercios del rubro “venta de verduras y hortalizas” realizaron el mismo trámite y “a siete se les dio la razón”. Según el concejal, el Ejecutivo lo encontró justificado porque la mercadería que manejan no tiene embalajes importantes y por eso la basura que producen es menor. “No ocurre lo mismo por ejemplo con los minimercados: de 14 reclamos se les aceptó la reducción solo a 6”, dijo Sánchez.

Otro ejemplo que puso fue el de dos comercios de reparación de cristales y parabrisas. “Uno solamente arregla y se le admitió el reclamo, el otro hace recambios entonces genera mucho más residuo, por eso le fue rechazado”, apuntó Sánchez.

Consultado ayer por este diario, dijo que “de más de cien solicitudes de revisión a la gran mayoría se les dio la razón”. Esa alta tasa de errores admitidos y comprobados -reconoció el concejal- podría llevar a una modificación de la resolución, “pero no sería en lo inmediato”.

Señaló que son más de 5.000 las habilitaciones comerciales en la ciudad y que su bloque no está de acuerdo en suspender la operatoria de la nueva tasa de residuos, ya que “un universo importante de actividades están bien encuadradas”.

El concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) dijo durante el debate que el camino era desactivar de inmediato la resolución “ante la evidencia de que ha habido errores” y preguntó “cómo funciona el tribunal que dictamina a quién se le da la razón y a quién no ¿lo decide Quintana?”, en alusión al secretario de Hacienda.

Sánchez dijo que los elementos para evaluar las solicitudes los aporta la secretaría de Servicios en función de la basura que encuentra en los tachos de cada local. Admitió que no es un método muy riguroso y que, llegado el caso, las dudas se despejarían solo “con un control de punto fijo”.


El gobierno municipal recibió más de un centenar de reclamos por el aumento aplicado en la tasa que pagan los emisores comerciales de residuos sólidos y en una gran mayoría aceptó errores en la liquidación, pero hasta ahora se negó a anular la resolución que le dio origen. Solo se mostró dispuesto a revisar y adecuar las categorías “caso por caso”.

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