Los costos de sumar concejales impulsan el debate del referéndum en Bariloche
Comenzó el análisis de un proyecto del oficialismo para una consulta popular. El resultado que arroje el Censo 2021 es determinante. Cruces por los contratos políticos de Gennuso.
Los concejales de Bariloche analizan convocar a un referéndum por la cantidad de ediles. Gentileza
El proyecto del oficialismo por un referéndum para que la ciudadanía de Bariloche opine si está de acuerdo o no con ampliar la cantidad de concejales, según los datos de población del censo 2021, fue sometido a debate por primera vez con el foco puesto en los costos de la consulta popular y del eventual incremento de parlamentarios.
La iniciativa que presentó el bloque Juntos Somos Río Negro en mayo comenzó su ruta legislativa con un intenso debate en la comisión de Economía donde se centró el análisis en los números y costos, con cruces y el reproche de la oposición respecto de los gastos de contratos políticos del Ejecutivo.
El proyecto del oficialismo tendría el apoyo del bloque unipersonal de Podemos, del concejal Pablo Chamatrópulos, que presentó otra iniciativa en la misma línea posteriormente.
La Carta Orgánica Municipal establece que se debe contar con un concejal cada 10.000 habitantes, con un mínimo de 11 ediles, que es la conformación actual. Pero se estima que los resultados del Censo 2021 arrojarían una población mayor a los 110.000 de una década atrás y con esa cifra automáticamente se debería modificar la representación en el Deliberante.
Las estimaciones extraoficiales hablan que al menos 15 concejales deberían integrar el cuerpo a partir de la próxima elección en 2023.
El concejal Gerardo Ávila, de Juntos, indicó que el referéndum propone la consulta popular para “poner en pausa” la modificación de la cantidad de concejales hasta que se dirima finalmente el cálculo de la conformación con la revisión integral de la Carta Orgánica Municipal prevista para 2027.
Uno de los ejes que plantea Juntos Somos Río Negro son los costos que implicaría esta modificación y por eso el proyecto inició su debate por la cuestión económica.
Por un lado el oficialismo simuló cálculos para el llamado a referéndum y planteó que esa consulta, que se realizaría junto a las elecciones municipales de 2023, tendría un costo adicional de 3,5 millones de pesos.
En comisión se pidió que también se realicen simulaciones de costos para las arcas municipales de incorporarse 4 concejales más con sus respectivos asesores mediante la distribución de puntos, como es el sistema de contratación de este cuerpo.
La presidente del Concejo, Natalia Almonacid, indicó además que se debe considerar que aumentar la cantidad de concejales implicaría mudar el organismo a otro edificio debido a que la estructura edilicia actual no tiene capacidad.
Los concejales opositores plantearon sus dudas respecto de la importancia del gasto en el Deliberante y apuntaron a los costos que implica la sumatoria de contrataciones políticas del Poder Ejecutivo. Roxana Ferreyra, del Frente de Todos, ejemplificó que la Jefatura de Gabinete y la Intendencia tienen 48 personas en la planta política.
En la misma línea, Gerardo Del Río (PUL) planteó: “si vamos a revisar la cuestión económica y poner un freno a la ampliación de concejales, sería bueno agregar un artículo que también ponga freno y parate a la cantidad de contratados políticos que tiene el Ejecutivo, así veríamos que se actúa en consecuencia de cuidar el gasto público y no por una conveniencia política se avanza en el Concejo Municipal”.
Esa comparación molestó a los oficialistas que enfatizaron en la defensa de la división de poderes y plantearon discutir los contratos del Ejecutivo con la iniciativa de ampliación del presupuesto municipal que también está en análisis actualmente.
“El fondo del proyecto no es el gasto”, insistió Carlos Sánchez (Juntos) y remarcó que “lo que estamos poniendo en discusión es algo que la propia ciudadanía pone en discusión que tiene que ver con la representatividad”.
Del Río habló también de “oportunismo político” del oficialismo. La respuesta de Ávila fue inmediata: “Oportunista hubiese sido haberlo planteado en la gestión pasada que sí teníamos los votos”, dijo al referirse a la mayoría especial que se requiere para aprobar el referéndum y remarcó que la iniciativa solo pone una “pausa ordenada” hasta la revisión de la Carta Orgánica de 2027.
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