“Necesidad de abatir el narcotráfico”

Hasta tiempos recientes, la Argentina era un lugar de paso y eventualmente de producción de estupefacientes que tenían por destinos países extranjeros de consumo relevante, pero hoy ello cambió. La droga no sólo transita por el país rumbo a otros Estados sino que se produce intensivamente y la mitad de lo elaborado se consume dentro del territorio nacional, lo que significa un aumento dramático de la adicción a la cocaína, la marihuana, el paco, las drogas sintéticas, a tal punto que se ha duplicado en los últimos diez años y, en razón de ello y su penetración institucional, corremos el riesgo de convertirnos en un narco-Estado. Así se ha indicado: “Luego de una década de errores, omisiones y complicidades, el poder narco se ha convertido en la amenaza a la gobernabilidad más significativa que enfrenta el país. Su impacto en la juventud, en la sociedad en su conjunto y en las instituciones genera una trama de intereses en la que se juega si la Argentina se convierte o no en un narco-Estado, capaz de modificar para siempre nuestra forma de vida, poner en riesgo los valores de nuestra sociedad y naturalizar la violencia y el sometimiento” (ver sobre el punto “Ante el riesgo de ser un narco-Estado”, por Eugenio Burzaco, en “La Nación” on-line del 21/10/04). Aquí es oportuno señalar que el término narco-Estado (de narco: droga, y Estado: conjunto de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales. El narco-Estado se deriva del término “Estado profundo” (en turco: derin devlet), como las relaciones entre fuerzas de seguridad, mafia y grupos nacionalistas, y por Peter Dale Scott, como la “simbiosis entre los gobiernos (y en particular sus agencias de inteligencia) y las asociaciones criminales”. A partir de ese acontecimiento, los cárteles de la droga, mediante millonarios aportes económicos, financian las candidaturas de políticos a cargos públicos electivos a cambio de garantizarles impunidad, protección y amparo del poder estatal en sus operaciones. Asimismo, dicho poder se ha extendido a los estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas condiciones de vida de sus componentes para infiltrarlos y corromperlos para que sirvan a sus intereses. Un país o territorio, para alcanzar ese estatus, debe caracterizarse por un escaso poder de las autoridades, graves deficiencias legales, un Estado demasiado débil y funcionarios permeables a la corrupción (ver sobre el punto Wikipedia: narco-Estado). En suma, el crecimiento que ha adquirido en Argentina la producción y consumo de drogas obliga a implementar una rigurosa y efectiva política de lucha contra tamaño flagelo, con seriedad, convicción y capacidad, en tanto está en juego la existencia misma de la Nación, evitando –ahora que estamos a tiempo– que, como ha sucedido en otros países, el poder institucional caiga en manos de los narcotraficantes, introduciéndose y decidiendo desde los distintos departamentos del Estado. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 Zapala

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947 Zapala