No a la reforma de la Constitución nacional

Ante el anuncio del gobierno de modificar la Constitución nacional, quiero expresar mi postura contraria a cualquier manipulación que pueda hacerse sobre la carta magna por parte de la gestión actual. Muchos sectores de la oposición ven con alarma esta pretensión que tiene como fin perpetuar en el poder al gobierno nacional y al partido político erigido en el poder desde el 2003 con Néstor Kirchner y que continúa hasta nuestros días a través de la presidenta Cristina Fernández. Creo que el gobierno central está desatendiendo situaciones medulares que generan mucho descontento en una gran parte de la sociedad argentina. No puede soslayarse el hecho de que existan falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos nacionales y varias denuncias de corrupción de funcionarios e integrantes del gobierno. Tampoco pueden dejarse de lado el verticalismo y el centralismo que han caracterizado a este gobierno y que se han consolidado en el tiempo, reduciendo a las fuerzas sociales y políticas del escenario nacional a simples espectadores de las decisiones centrales. Tampoco debe desconocerse la gravísima inequidad existente entre Nación y provincias toda vez que los recursos se concentran en la órbita nacional, quitando autonomía a las provincias. Esto agudiza las crisis en las mismas y provoca el servilismo de varios gobernadores que, lejos de enfrentar la situación, se subordinan a este mecanismo que podríamos decir que, por lo menos, es extorsivo. La reducción de la masa de impuestos coparticipables (menos del 34% que determina la ley), el incumplimiento de la ley de coparticipación federal de impuestos y la distribución discrecional de los recursos provinciales provocan graves deficiencias en servicios de educación y salud, entre otros, tanto en las provincias como en los municipios. Y sobre esto –y a pesar de las demandas judiciales en este sentido– el gobierno sigue en su tendencia, generando una gran deuda con las provincias. Hay que mencionar también la difícil situación que enfrentan algunos sectores como los de los trabajadores, jubilados y pensionados y los beneficiarios de los programas sociales, quienes ven deteriorados sus ingresos como resultado del índice inflacionario, que supera el 20% anual mientras el gobierno desmiente con cifras irrisorias lo que cada ciudadano sufre en carne propia. Ante este escenario inflacionario, las economías regionales ven cada vez más complicada su situación; sobre todo los productores pequeños y medianos encuentran cada vez más dificultades para enfrentar sus actividades. Por otra parte, la falta de diálogo político, una mayoría parlamentaria en el Congreso nacional que reduce la participación de las otras fuerzas políticas que representan al pueblo y la inexistencia de un debate productivo y constructivo constituyen una realidad que de ninguna manera debe perpetuarse. Por último, las políticas del gobierno nacional en recursos naturales, o bien llamados bienes comunes, están enfocadas en un supuesto desarrollo económico que sólo beneficia a las grandes empresas inversoras (mineras, sojeras, transgénicos, petróleo, gas), mientras los pasivos ambientales y otras externalidades de este modelo hacen desaparecer a las economías regionales y deterioran la vida y la cultura de los pueblos a lo largo del país. Las movilizaciones sociales son la respuesta a estas políticas. El pueblo está requiriendo un debate profundo y acciones sobre estos temas, y no precisamente una modificación de la Constitución nacional para prolongar este gobierno que, ante todo, debe hacerse cargo de todo aquello que el pueblo le reclama. (*) Legisladora. Bloque Progresista CC-ARI. Río Negro

MAGDALENA ODARDA (*)