No bombardeen Buenos Aires
Puede que no se haya propuesto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “fundir” a la Capital Federal, ya que no sería de su interés que la ciudad más importante del país cayera en bancarrota, pero no cabe duda alguna de que tanto a ella como a sus partidarios les encantaría hundir al intendente Mauricio Macri, por tratarse no sólo de un rival político sino también del dirigente más conspicuo de “la derecha”, calificativo que en nuestro país suele aplicarse actualmente a todos aquellos, los trotskistas aparte, que no comulgan con la clase de progresismo favorecida por peronistas, radicales y los miembros de las muchas agrupaciones que se afirman centroizquierdistas. Así y todo, golpear a Macri sin provocar estragos irremediables en el distrito que administra no está resultando tan sencillo como parecen suponer la presidenta y sus colaboradores. En los meses últimos, la relación del Poder Ejecutivo nacional con el gobierno de la ciudad más avanzada del país, cuando no de toda América del Sur con la eventual excepción de São Paulo, se ha visto caracterizada por una serie de conflictos agrios atribuibles a la voluntad de los kirchneristas de privarla de recursos financieros y, en el caso de la Policía Federal, humanos. El más reciente tiene que ver con la basura; el gobierno nominalmente kirchnerista de la provincia de Buenos Aires no quiere seguir recibiendo residuos reciclables procedentes de la Capital por motivos que con toda seguridad se inspiran más en el deseo de Cristina de acorralar a Macri que en las eventuales preocupaciones ecológicas del gobernador Daniel Scioli. La ciudad supuestamente “autónoma” dista de ser la única jurisdicción que ha aprendido que ostentar un perfil opositor puede resultarle muy costoso en términos económicos. Tal y como sucede con los medios de prensa y otras empresas, el gobierno de Cristina discrimina de manera sistemática entre las leales a lo que llama su “proyecto” y las que se niegan a hacerlo. Para justificar este procedimiento nada republicano, los oficialistas insisten en que por ser ellos los únicos representantes auténticos del sentir popular, tienen pleno derecho a aprovechar el control del dinero aportado por los contribuyentes para premiar a algunos y castigar debidamente a otros. Se trata de una forma de operar que es típica de regímenes totalitarios aunque, por suerte, hasta ahora cuando menos los kirchneristas se han limitado a hacer uso de presiones económicas y emotivas con el propósito de convencer a sus adversarios de que les convendría deponer su actitud. Para sobrevivir a la campaña de hostigamiento de los kirchneristas, Macri apuesta a que los porteños imputen todas las deficiencias de su gestión a la hostilidad no oculta del gobierno nacional, empresa que le ha sido facilitada por la aversión tradicional de los porteños a las variantes más prepotentes del peronismo. Aunque “victimizarse” así puede parecer un tanto indigno, hasta ahora ha funcionado muy bien, ya que Macri sigue integrando la lista breve de políticos que han conservado el respeto de una proporción significante de la ciudadanía, una lista que, huelga decirlo, está encabezada por la presidenta y, detrás de ella, por Scioli. Por lo demás, al verse elegido por el gobierno de Cristina como su enemigo principal, Macri sabe que sería beneficiado si a raíz de la desaceleración de la economía, combinada con la inflación que propende a aumentar y el impacto probable de la crisis energética que, por cierto, no está por superarse, la popularidad de la presidenta reanudara la caída que se registraba antes de la expropiación atropellada de YPF. Como los kirchneristas entienden mejor que nadie, a menudo en política es mejor contar con “enemigos” a primera vista imponentes de lo que es rodearse de “amigos” o, peor aún, dependientes. Así, pues, por desagradable que le resulte a Macri ser el blanco preferido de los dardos oficialistas, como el disparado hace poco por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que lo trató como “un incumplidor serial de la ley”, le sería mucho más preocupante que el gobierno de Cristina lo tomara por un aliado algo excéntrico, aun cuando la benevolencia interesada así supuesta se viera acompañada por fondos que le permitirían invertir más dinero en obras públicas.
Puede que no se haya propuesto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “fundir” a la Capital Federal, ya que no sería de su interés que la ciudad más importante del país cayera en bancarrota, pero no cabe duda alguna de que tanto a ella como a sus partidarios les encantaría hundir al intendente Mauricio Macri, por tratarse no sólo de un rival político sino también del dirigente más conspicuo de “la derecha”, calificativo que en nuestro país suele aplicarse actualmente a todos aquellos, los trotskistas aparte, que no comulgan con la clase de progresismo favorecida por peronistas, radicales y los miembros de las muchas agrupaciones que se afirman centroizquierdistas. Así y todo, golpear a Macri sin provocar estragos irremediables en el distrito que administra no está resultando tan sencillo como parecen suponer la presidenta y sus colaboradores. En los meses últimos, la relación del Poder Ejecutivo nacional con el gobierno de la ciudad más avanzada del país, cuando no de toda América del Sur con la eventual excepción de São Paulo, se ha visto caracterizada por una serie de conflictos agrios atribuibles a la voluntad de los kirchneristas de privarla de recursos financieros y, en el caso de la Policía Federal, humanos. El más reciente tiene que ver con la basura; el gobierno nominalmente kirchnerista de la provincia de Buenos Aires no quiere seguir recibiendo residuos reciclables procedentes de la Capital por motivos que con toda seguridad se inspiran más en el deseo de Cristina de acorralar a Macri que en las eventuales preocupaciones ecológicas del gobernador Daniel Scioli. La ciudad supuestamente “autónoma” dista de ser la única jurisdicción que ha aprendido que ostentar un perfil opositor puede resultarle muy costoso en términos económicos. Tal y como sucede con los medios de prensa y otras empresas, el gobierno de Cristina discrimina de manera sistemática entre las leales a lo que llama su “proyecto” y las que se niegan a hacerlo. Para justificar este procedimiento nada republicano, los oficialistas insisten en que por ser ellos los únicos representantes auténticos del sentir popular, tienen pleno derecho a aprovechar el control del dinero aportado por los contribuyentes para premiar a algunos y castigar debidamente a otros. Se trata de una forma de operar que es típica de regímenes totalitarios aunque, por suerte, hasta ahora cuando menos los kirchneristas se han limitado a hacer uso de presiones económicas y emotivas con el propósito de convencer a sus adversarios de que les convendría deponer su actitud. Para sobrevivir a la campaña de hostigamiento de los kirchneristas, Macri apuesta a que los porteños imputen todas las deficiencias de su gestión a la hostilidad no oculta del gobierno nacional, empresa que le ha sido facilitada por la aversión tradicional de los porteños a las variantes más prepotentes del peronismo. Aunque “victimizarse” así puede parecer un tanto indigno, hasta ahora ha funcionado muy bien, ya que Macri sigue integrando la lista breve de políticos que han conservado el respeto de una proporción significante de la ciudadanía, una lista que, huelga decirlo, está encabezada por la presidenta y, detrás de ella, por Scioli. Por lo demás, al verse elegido por el gobierno de Cristina como su enemigo principal, Macri sabe que sería beneficiado si a raíz de la desaceleración de la economía, combinada con la inflación que propende a aumentar y el impacto probable de la crisis energética que, por cierto, no está por superarse, la popularidad de la presidenta reanudara la caída que se registraba antes de la expropiación atropellada de YPF. Como los kirchneristas entienden mejor que nadie, a menudo en política es mejor contar con “enemigos” a primera vista imponentes de lo que es rodearse de “amigos” o, peor aún, dependientes. Así, pues, por desagradable que le resulte a Macri ser el blanco preferido de los dardos oficialistas, como el disparado hace poco por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que lo trató como “un incumplidor serial de la ley”, le sería mucho más preocupante que el gobierno de Cristina lo tomara por un aliado algo excéntrico, aun cuando la benevolencia interesada así supuesta se viera acompañada por fondos que le permitirían invertir más dinero en obras públicas.
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